Por Reinaldo Iturriza López*
El sociólogo y escritor venezolano, Reinaldo Iturriza, quien fue ministro del Poder Popular para la Cultura de Venezuela hasta enero de 2016, estructura 16 puntos para entender el pasado, presente y futuro de la Revolución Bolivariana. En ese sentido esboza el objetivo tanto de la Asamblea Constituyente como de las consecuencias del estado de excepción, analizando paso a paso las funciones y limitaciones en las ramas del poder público del Estado venezolano.
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¿Quién tiene la auctoritas para poner en suspensión a la potestas? Dussel responde: “Nosotros querríamos llamar la atención sobre una necesaria atribución diversa de la auctoritas. Se debe pasar de un actor individual que tiene autoridad (como momento del ejercicio institucional del poder, como potestas) a un actor colectivo: la comunidad política o el pueblo mismo”. Cuando la decisión corresponde a un actor individual, hablamos de la declaratoria de un estado de excepción. Cuando es la comunidad política o la potentia quien decide (“nombrando nuevos representantes, dictando nuevas leyes o convocando a una nueva Asamblea constituyente”), se trata de un estado de rebelión (1). Pero ¿qué sucede cuando quienes deciden poner en suspensión a la potestas son poderes fácticos, fuerzas que ejercen un poder que nadie les delegó, que gobiernan sobre nuestras vidas al margen de nuestra voluntad?
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En Venezuela, estos poderes fácticos han impuesto un estado de excepción de hecho. La actual ofensiva inició en 2012. Cuando en agosto de 2015 el presidente Maduro decretó el estado de excepción en los municipios fronterizos (2) y luego en mayo de 2016 el estado de excepción y emergencia económica (3), no hizo más que reconocer una situación de facto, procediendo conforme a sus atribuciones constitucionales (artículos 337, 338 y 339).
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La improbable y nada heroica “resistencia” contra la democracia venezolana es el correlato callejero, muy cercano a la antipolítica, de un oxímoron jurídico y político: la activación de un 350 oligárquico (4). La “resistencia” es hija de la “rebelión” oligárquica.
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Este estado de excepción de hecho es la resultante de la rebelión de las fuerzas económicas que controlan el mercado. Pasqualina Curcio ha identificado sus dos principales estrategias: “inflación inducida a través de la manipulación del tipo de cambio en el mercado paralelo e ilegal” y “desabastecimiento programado mediante la manipulación de los mecanismos de distribución de bienes esenciales para la vida” (5). A esto se le suma el “bloqueo financiero internacional” (6), en el que la Asamblea Nacional ha desempeñado un papel muy activo (7). Además, estas fuerzas han logrado avanzar en la liberalización de la economía de facto, que se expresa fundamentalmente en el abierto desconocimiento de los controles estatales en materia de precios de los alimentos.
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En el campo político, esta rebelión de las fuerzas económicas trae como consecuencia una progresiva desciudadanización (pérdida de derechos o creciente dificultad para su pleno ejercicio y disfrute, en particular de los derechos económicos) y un repliegue popular de la política. En la medida en que el chavismo no es capaz de politizar la rabia legítima de quienes padecen la desciudadanización, se hace más grande la oportunidad del antichavismo para despolitizar el conflicto, promoviendo la movilización a través del miedo: ya no el miedo raigal de las elites frente a la “barbarie” chavista, sino el miedo a perderlo todo de quienes salieron de la pobreza en tiempos de Chávez. Por lo pronto, ha prevalecido la desmovilización y el hartazgo de parte importante de la población.
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Discutir sobre estos asuntos en abstracto es algo que también se decide. En concreto: la potestas expresada en forma de Estado moderno metropolitano con vocación imperial no puede ser equivalente a la potestas expresada en los Estados periféricos, ya sea subordinados o rebelados contra la metrópoli imperial. Cuando Chávez asume el Gobierno en 1999, el venezolano es todavía un Estado subordinado. Entonces, el pueblo movilizado convoca a Constituyente y refunda la República. Pronto, esta refundación asume la forma de una rebelión contra el statu quo global. En 2017 la situación es distinta: la República está en serio riesgo, que aumenta con el repliegue popular de la política. En este contexto, la convocatoria a Constituyente tiene como propósito inmediato la defensa de la República, y significa al mismo tiempo un llamamiento a la movilización popular.
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Este estado de excepción de hecho se da en un contexto de estado de excepción permanente a escala global. En 1940, en pleno auge del fascismo, Walter Benjamin escribía: “La tradición de los oprimidos nos enseña que «el estado de excepción» en que vivimos es la regla”. En 2009 Daniel Bensaïd actualizaba el análisis: “Cuando, poco después del 11 de septiembre de 2001, George W. Bush declaró una guerra total al terrorismo internacional, impuso en el mundo el régimen de excepción permanente. En abierta oposición a los que proclaman la decadencia de la soberanía, afirmaba así una soberanía imperial mundializada, con total desprecio de las instituciones y el derecho internacional vigentes. Esta dilatación espacial y temporal de la excepción contradice su principio de limitación, y logra invertir su relación con la regla expuesta por Benjamin en su octava tesis sobre el concepto de historia. Sin duda sería más exacto decir que la excepción y la regla se mezclan y se confunden inextricablemente. De esta confusión surgen las figuras aún imprecisas de futuros totalitarismos” (8). En adelante, caracterizaba este régimen de excepción permanente: “Ilimitada en el tiempo y el espacio, la cruzada del Bien contra el Mal predicada por George W. Bush ha proporcionado el marco para esta trivialización de la excepción, que generaliza a escala mundial una suerte de ley sobre los sospechosos. Su lógica llega al extremo de considerar al enemigo la encarnación del Mal absoluto y excluirlo de la especie humana (…) La guerra global introduce así subrepticiamente una nueva concepción del derecho. Abre el camino a la rehabilitación de la tortura y a la desterritorialización de prisiones clandestinas sustraídas a toda jurisdicción (…) Establecimientos de zonas «extrajudiciales», control reforzado de zonas declaradas «vulnerables», prevención de riesgos, legislaciones antiterroristas, vigilancia generalizada, controles arbitrarios: desde los atentados de Manhattan, los discursos oficiales sobre la «seguridad global» han cambiado aceleradamente de tono. El derecho a la seguridad ya no se invoca como condición de la libertad, sino en referencia a la amenaza terrorista. La seguridad se vuelve así una categoría autónoma que subordina los derechos civiles a la razón de Estado (…) En las situaciones extremas, se supone que el estado de excepción establece una zona gris de transición en la que, por más que la ley siga vigente, se suspende su aplicación” (9).
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Hija de la “rebelión” oligárquica, la “resistencia” cierra el círculo del estado de excepción que se nos ha impuesto. En mayor o menor medida, todas las características que exponía Bensaïd están presentes: cruzada del Bien contra el Mal, que encarnan con elocuente patetismo los jóvenes “templarios”, con su indumentaria cuasi medieval aderezada con gadgets o implementos de última generación (lentes, guantes, máscaras antigases, cámaras fotográficas); la absoluta deshumanización del adversario, que se expresa de múltiples formas: lenguaje escatológico (“narco corrupta cúpula”), crímenes de odio (linchamientos, ejecuciones), amenazas veladas o expresas a partidarios del chavismo o “sospechosos” de serlo; territorios en los que se suspende la aplicación de la ley, con la anuencia de las autoridades regionales o locales, y en los que se impone el terror, se amedrenta, se agrede violentamente e incluso se asesina a quienes desean hacer su vida normal (transitar libremente, abrir sus comercios, acudir a los establecimientos comerciales, trabajar, estudiar, llevar a sus hijos e hijas a la escuela, entretenerse, ejercitarse, etc.). La “seguridad” impuesta en estos territorios anticipa el tipo de seguridad y, más allá, de sociabilidad que impondrían estas fuerzas a toda la sociedad en caso de hacerse con el control total del Estado.
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Este estado de excepción de hecho es impuesto por fuerzas económicas y políticas, imperiales y cipayas, que incluso llegan a manifestar que están actuando en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando en realidad están haciendo todo lo posible por suspender su aplicación.
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Las fuerzas partidarias de este estado de excepción de hecho estimulan la despolitización del conflicto. Incluso en el caso de linchamientos o ejecuciones, los victimarios no reconocen que están actuando contra negros y pobres, sino contra delincuentes, chavistas o, más recientemente, “infiltrados”. Absolutamente coherente con la deshumanización del chavismo, se le niega su origen de clase popular. El uso y abuso de un lenguaje escatológico, soez, es parte importante de esta operación. La eficacia simbólica de expresiones del tipo “narco cúpula corrupta” no viene dada por lo que devela, sino por lo que oculta: al chavismo en tanto sujeto político popular. Si aquel lenguaje es el punto de referencia, el chavismo ya solo puede aparecer como “cómplice” de una clase política corrompida, y esa misma complicidad lo anula como sujeto político. Cuando el antichavismo más virulento ejerce presión social (valga el eufemismo) y conmina al chavista a renegar de su filiación política, lo que está induciendo realmente es el desclasamiento. La tragedia de los renegados y desclasados consiste en que, al margen de las razones de mayor o menor peso que puedan tener para cuestionar la identidad política, terminan favoreciendo los intereses de clase de quienes imponen este estado de excepción de hecho.
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Escribía Daniel Bensaïd sobre los orígenes del totalitarismo moderno: “mientras que las clases dominantes, ocupadas en la gestión privada de sus asuntos, no habían tenido mucho interés en gobernar directamente (contentándose con negociar con la casta gobernante y la burocracia administrativa), «los hombres de negocios» se convierten ahora en políticos. Luego, con la aparición de «funcionarios» de la violencia en las guerras coloniales, esta violencia se administra y se burocratiza. Finalmente, la multitud anómica, compuesta por los restos de todas las clases, ya no forma ni un pueblo ni una clase, sino que, en relación de ósmosis con el capital, pasa a ser la materia prima de los totalitarismos”. Más adelante, siguiendo a Carl Schmitt, se refería a la “disolución de la política en lo humanitario” y sus peligrosas implicaciones: “Para Schmitt, elevar la humanidad a la condición de instancia suprema del derecho es el complemento lógico del individualismo ético. La política ordinaria instrumentaliza su universalidad abstracta por medio de una «impostura universal». Surge entonces «la posibilidad de una aterradora expansión y de un imperialismo asesino». Eso es lo que consiguen ante nuestros ojos la reivindicación de la injerencia humanitaria (donde el deber – moral – sustituye subrepticiamente al «derecho» jurídico) y la proclamación de una guerra ética presentada como cruzada: «Cuando un Estado combate a su enemigo político en nombre de la humanidad, no es a una guerra de la humanidad» a lo que se asiste, sino a un trastrocamiento del concepto de universal. La invocación a la humanidad como legislador supremo demuestra ser «instrumento ideológico particularmente útil a las expansiones imperialistas». Bajo su forma ética y humanitaria, la guerra se convierte en «un vehículo del imperialismo económico» que «niega al enemigo su condición humana», lo declara «fuera de la ley y de la humanidad» y lleva su propia lógica «a los límites de lo inhumano». No es de extrañar que este enemigo, excluido de la especie, sea regularmente objeto de un discurso de bestialización y de actividades secretas diversas. Por un siniestro juego de espejos, la despolitización del conflicto produce a cambio una despolitización de la «víctima humanitaria». Negada como actor político, se ve reducida a la desnudez pasiva de los cuerpos sufrientes y martirizados” (10).
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Toda la retórica sobre la “crisis humanitaria” en Venezuela es funcional a la avanzada imperialista. Tanto la “bestialización” del pueblo chavista como su reducción a la condición de “víctima humanitaria” es consustancial al metarrelato antichavista (11). Son muy frecuentes las expresiones de falso horror respecto del hecho cierto de que han “reaparecido” las personas que comen de la basura en las calles. Pero este falso horror se disipa cuando la “resistencia” arma a niños y jóvenes en situación de calle para luchar contra el “régimen”.
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Cierta intelectualidad de izquierda ha manifestado que “la situación de violencia en la que está sumida Venezuela tiene orígenes complejos y compartidos”, pero que “esta dinámica arrancó con el desconocimiento por parte del ejecutivo de otras ramas del poder (la Asamblea Legislativa) donde la oposición hoy cuenta con la mayoría, luego del triunfo en las elecciones de diciembre de 2015” (12). Que cada quien asuma la responsabilidad de las palabras que decide, soberanamente, emplear o suscribir. Puesto que “esta dinámica arrancó” con la rebelión de las fuerzas económicas que controlan el mercado, en 2012 (13), y la actual “situación de violencia” tiene su antecedente inmediato en la oleada de violencia antichavista entre febrero y junio de 2014, que dejó un saldo de cuarenta y tres víctimas mortales, y que inició apenas dos meses después de las últimas elecciones municipales, diez meses después de las últimas elecciones presidenciales y trece meses después de las últimas elecciones regionales, contiendas electorales todas en las que resultó vencedor el chavismo (14). Hoy vuelve a resonar lo que planteaba Walter Benjamin en su séptima tesis sobre el concepto de historia: “La empatía con el vencedor resulta siempre ventajosa para los dominadores de cada momento”. Se puede seguir hablando de “polarización”, pero el dilema sigue siendo: o se tiene empatía con el vencedor o se cepilla la historia a contrapelo.
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En Táchira, estado fronterizo con Colombia, un fuerte militar es asediado violentamente, a tal punto que los atacantes exigen a los mandos militares entregar la plaza. El tiempo se acaba y el apoyo no llega: un contingente militar equipado con bombas lacrimógenas. ¿Abrir fuego o entregar la plaza? El militar al mando del fuerte no entregará la plaza. Las circunstancias lo obligan a emplear las armas. Pero se niega. Elabora un plan: ordena a los soldados bajo su mando lanzar piedras a los atacantes, para disuadirlos. No lo logra, pero gana algo de tiempo. Hasta que el apoyo llega. Entonces, dispersan a los atacantes. Piedras en lugar de balas.
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Obligados como estamos a identificar y reconocer los errores y miserias del chavismo, las agudas tensiones que le atraviesan, no podemos permitirnos dejar de volver sobre aquel episodio en Táchira. Incluso en la situación límite que supone un estado de excepción de hecho, es preciso evitar la violencia a toda costa. Evitarla, pero sobre todo derrotarla. Para decirlo con Dussel: solo el poder del pueblo, en tanto que hiperpotentia, puede ser capaz de suspender el estado de excepción (15).
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La Asamblea Nacional Constituyente no tiene como propósito suspender la potestas, sino poner en suspenso el estado de excepción de hecho. Votos en lugar de balas. Tiene que ser una herramienta para la defensa de la República, pero sobre todo para radicalizar la democracia, para repolitizar el conflicto.
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Referencias
(1) Enrique Dussel. Política de la liberación. Volumen II. Arquitectónica. Editorial Trotta. Madrid, España. 2009. Pág. 64.
(2) Maduro decreta el estado de excepción en la frontera con Colombia: Se cierra “hasta nuevo aviso”. 21 de agosto de 2015.
(3) Alba Ciudad. Conozca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica firmado por el Presidente Maduro este 13 de mayo. 14 de mayo de 2016.
http://albaciudad.org/2016/05/decreto-estado-excepcion-estado-emergencia-mayo-2016/
(4) Artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. La activación del 350 constitucional ha sido una demanda de las líneas de fuerzas más conservadoras y violentas del antichavismo desde los primeros años de revolución bolivariana.
(5) Reinaldo Iturriza López. Chavismo y revolución. ¿Qué pasa en Venezuela? 29 de agosto de 2016. https://elotrosaberypoder.wordpress.com/2016/08/29/chavismo-y-revolucion-que-pasa-en-venezuela/
(6) Pasqualina Curcio. El bloqueo financiero internacional. Otra arma de guerra contra el pueblo venezolano. 10 de diciembre de 2016. http://www.15yultimo.com/2016/12/10/el-bloqueo-financiero-internacional-otra-arma-de-guerra-contra-el-pueblo-venezolano/
(7) Víctor Salmerón. Cómo la crisis institucional dificulta el financiamiento en dólares de Venezuela. 27 de abril de 2017. http://prodavinci.com/blogs/la-crisis-institucional-agravara-el-deficit-de-dolares-en-venezuela-por-victor-salmeron/
(8) Daniel Bensaïd. Elogio de la política profana. Península. Barcelona, España. 2009. Págs. 54-55.
(9) Daniel Bensaïd. Ibídem. Págs. 59-60, 65, 74.
(10) Daniel Bensaïd. Ibídem. Págs. 81-82, 84.
(11) Reinaldo Iturriza López. Los desafíos de abril: las tareas del chavismo. 24 de abril de 2017. https://elotrosaberypoder.wordpress.com/2017/04/24/los-desafios-de-abril-las-tareas-del-chavismo/
(12) Impulsan “Llamado internacional urgente a detener la escalada de violencia en Venezuela”. 28 de mayo de 2017.
https://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n309161.html
(13) Reinaldo Iturriza López. Chavismo y revolución. Qué pasa en Venezuela. 29 de agosto de 2016.
Chavismo y revolución. ¿Qué pasa en Venezuela?
(14) Reinaldo Iturriza López. Constituyente. 20 de mayo de 2017.
Constituyente
(15) Enrique Dussel. 20 tesis de política. Fundación Editorial El perro y la rana. Caracas, Venezuela. 2010. Págs. 108-110.
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*Publicado inicialmente en el portal Saber y Poder.