Jujuy conmemora medio siglo de la Noche del Apagón, cuando el ingenio azucarero más poderoso del norte argentino puso sus camiones, sus listas negras y sus galpones al servicio del secuestro de más de 400 personas. La empresa que hoy sigue despidiendo trabajadores y presionando a sus sindicatos es la misma que, dicen los organismos de derechos humanos, no colaboró con la dictadura: la organizó.
Por Jenny Durán | Foto: Colectiva Fotografía a Pedal (archivo)
Mucho antes de julio de 1976, Jujuy ya era un territorio ordenado en función del azúcar. Las haciendas que darían origen al ingenio Ledesma se fundaron en 1830, y la de San Pedro en 1844; hacia mediados del siglo XIX el cultivo de caña ya era una actividad de peso central en la región del Valle de San Francisco. Ese despegue no fue un desarrollo espontáneo: coincidió con la derrota de los caudillos provinciales y con el respaldo de las oligarquías azucareras del noroeste al gobierno porteño, liberal y con fuertes lazos comerciales con Gran Bretaña, que reemplazó a España como potencia hegemónica sin cambiar demasiado el reparto de la tierra ni de la mano de obra. La historiografía lo definió como un nuevo pacto colonial, esta vez con capital inglés detrás de las elites locales.
La construcción de ese poder terrateniente tuvo dos víctimas históricas específicas: las comunidades indígenas del Chaco salteño-jujeño y los gauchos criollos desplazados de tierras que pasaron a manos de los ingenios. Los propios ingenios —Ledesma y La Esperanza— organizaban cada diciembre expediciones conocidas como “buscadoras de indios”, enviadas a reclutar por la fuerza o el engaño a trabajadores originarios para la zafra, de los que la industria dependía casi por completo en los meses de cosecha. El salario indígena, además, funcionaba como una trampa contable: se le descontaban al trabajador la comida y un ahorro forzoso de los últimos tres meses de tarea, retenido hasta la liquidación final de zafra, mientras un informe de la época —citado en investigaciones sobre el período— describía al establecimiento como mezquino en los pagos y exigente en las condiciones de trabajo. Ese mismo patrón de apropiación de tierra y fuerza de trabajo, que en otras economías de plantación de América se aplicó tras la abolición de la esclavitud, es el que —señalan los estudios sobre el capitalismo azucarero regional— cimentó la fortuna de los grandes ingenios del noroeste.
Un pueblo con nombre de libertador, gobernado por la empresa
La localidad que hoy lleva el nombre de Libertador General San Martín nació y creció a la sombra del ingenio: sus calles, sus servicios, buena parte de su economía y hasta su identidad quedaron atadas durante décadas a la voluntad de la compañía. El contraste no es menor. El pueblo tiene el nombre del héroe que liberó a medio continente del dominio colonial, pero fue moldeado como un territorio gobernado por un poder privado casi sin contrapesos: la empresa fijaba salarios, empleaba a buena parte del pueblo y, llegado 1976, terminó decidiendo también quién era “sospechoso” y quién no. La violencia que atraviesa del siglo XIX a hoy en los ingenios también refiere al mito del “Familiar”. El relato sobre un ser carnívoro mitad hombre, mitad animal, construído por los propios patrones, fue sin más ni menos que el terror disciplinante de una sociedad cerrada que carecía de derechos laborales y todo tipo de derechos. El poder sin límites del latifundista, que controlaba la vida material y simbólica, cupaba al Familiar cuando un revoltoso desaparecía misteriosamente.
La noche que apagaron el pueblo para secuestrarlo
Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar vivieron una serie de cortes de luz organizados para facilitar razzias masivas. Aquella madrugada del 20 se apagaron las luces de Libertador y Calilegua durante siete días, mientras se secuestraba a unas 400 personas. Según el relato reconstruido por organizaciones de derechos humanos a partir de juicios y testimonios, los directivos de la familia Blaquier entregaron a las fuerzas represivas las listas negras del personal considerado conflictivo y pusieron a disposición los camiones de la empresa para trasladar a los secuestrados. En los operativos participaron, además del Ejército y la policía, Gendarmería y otra empresa de la zona, la minera Aguilar, que también aportó listas de “revoltosos” a detener.
Ese entramado es el que lleva a los organismos jujeños a discutir la idea de una dictadura que simplemente “contó con la colaboración” empresarial. Para las hijas e hijos de las víctimas, la secuencia fue la inversa: la compañía identificó a sus propios trabajadores y militantes sindicales como un obstáculo para su modelo de producción, confeccionó las listas, puso los vehículos y la logística, y las fuerzas armadas ejecutaron un operativo hecho a medida de esos intereses empresarios. La causa judicial abierta en 2012 fue, de hecho, una de las primeras en el país en juzgar directamente la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado, y no una imputación por complicidad genérica.
De las alrededor de 400 personas secuestradas en esos días, entre 34 y 55 continúan desaparecidas según las distintas fuentes documentales y judiciales. Entre ellas hubo estudiantes secundarios: 16 exalumnos de la Escuela Normal de Libertador Gral. San Martín permanecen desaparecidos, un dato que explica por qué ese edificio escolar se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos más fuertes de la memoria local.
Medio siglo de impunidad biológica
La justicia tardó 36 años en procesar a los responsables civiles. Recién en 2012 fueron procesados Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio, y Alberto Lemos, su administrador durante la dictadura, acusados de haber aportado vehículos y nóminas para la privación ilegal de la libertad de decenas de personas. La causa, sin embargo, quedó frenada durante años en la Cámara Federal de Casación Penal, que en 2015 dictó la falta de mérito para ambos acusados. Blaquier murió en 2023 sin haber sido juzgado; organismos de derechos humanos y la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación calificaron su muerte como una impunidad producto de graves demoras judiciales. Ese fenómeno —empresarios que mueren de viejos antes de sentarse ante un tribunal— tiene incluso nombre propio entre los organismos de derechos humanos: “impunidad biológica”. La causa contra Lemos, hoy nonagenario, sigue sin fecha de juicio oral.
El mismo discurso, otro siglo
Cincuenta años después del Apagón, Ledesma sigue siendo el empleador más importante de la región —de su nómina depende, según estimaciones periodísticas, buena parte de las cerca de 7.000 familias vinculadas directa o indirectamente a la planta— y sigue protagonizando conflictos laborales que, para trabajadores y dirigentes gremiales, repiten una lógica de vieja data: la empresa decide, el pueblo absorbe el costo. Solo en 2025 el grupo Ledesma despidió a más de 300 trabajadores en distintas etapas del año, entre ellos un tramo de 235 despidos que llevó al sindicato azucarero SOEAIL a lanzar un plan de lucha por la reincorporación. Delegados denunciaron además persecución sindical y una liquidación de sueldos recortada en pleno conflicto. En la Legislatura provincial, distintos bloques políticos cuestionaron ese doble discurso de una compañía que exporta con normalidad mientras despide sin causa a cientos de empleados.
Para las organizaciones de memoria, esa continuidad no es casual: es la misma matriz de poder —económico, político y territorial— la que en 1976 identificó a los trabajadores organizados como una amenaza a eliminar y la que hoy, con otras herramientas, sigue disciplinando a su fuerza laboral y evitando cualquier condena penal por su rol en el terrorismo de Estado.
Una agenda de memoria que vuelve a un lugar clave
La conmemoración de este año tiene un hecho inédito: después de una década de restricciones para el ingreso, las actividades centrales del 50° aniversario regresan al interior de la Escuela Normal de Libertador Gral. San Martín. Este jueves, a las 9 de la mañana, un homenaje a los 16 ex alumnos desaparecidos tendrá la presencia de sus compañeras y compañeros que también fueron víctimas de la represión, organizaciones sociales sindicales y de derechos humanos.
La agenda conmemorativa incluyó además una vigilia el domingo en el monolito de acceso a Libertador, sobre la Ruta Nacional 34; la restauración y el bordado de pañuelos en la plaza central en el marco de la consigna nacional “Flores en los Pañuelos”; una muestra fotográfica aportada por referentes de San Pedro de Jujuy; y un conversatorio virtual sobre el rol de mujeres, madres e hijas sobrevivientes en la construcción de la memoria. El jueves por la tarde se realizará, además, la 43ª edición de la Marcha del Apagón, que une Calilegua y Libertador Gral. San Martín. La agrupación H.I.J.O.S. suma este año piezas audiovisuales breves que reconstruyen, en la fecha exacta de cada desaparición, la historia de vida de las víctimas jujeñas. El 23 de julio también se marchará en conmemoración del Apagón en Caba, acompañando a las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, de todos los jueves, a las 15 hs.
Las marchas de las Madres de Jujuy, los juicios, los testimonios, las investigaciones de los propios sobrevivientes siguen construyendo la memoria, sobre un proceso que empezó con los secuestros de la Triple A en 1974, se profundizó con el golpe de 1976 y todavía hoy —a medio siglo y con buena parte de sus responsables civiles jamás condenados— sigue esperando justicia.
Fuentes: Huella del Sur- Marcha.org.ar– Cambio agrario e integración. El desarrollo del capitalismo en Jujuy, de Ian Rutledge –