La Legislatura de Mendoza modificó una ley de protección del agua para beneficiar la megaminería: habilita la utilización de químicos que estaban prohibidos por su peligrosidad. Un pueblo movilizado y el hermético silencio de los grandes medios de comunicación. Todo bajo los aparentes e irrenunciables beneficios del progreso.
Por Marcelo Musante* / Fotos: David Medina Kaiser desde Mendoza
¿Qué es eso que llama “progreso”? ¿Qué significa esa palabra aparentemente aséptica de “desarrollo”? Dos palabras que muchas veces aparecen como desideologizadas. “No se puede ir contra el desarrollo” se suele escuchar.
La Legislatura de Mendoza aprobó la modificación la ley provincial Nº7722, llamada “Ley de protección del agua”, que habilita la utilización de químicos, como el cianuro y ácido sulfúrico por ejemplo, para beneficiar a grandes empresas y desarrollar la minería a cielo abierto en la provincia.
Tuvo el apoyo de los legisladores y las legisladoras del radicalismo y el justicialismo. No hubo grieta. Mientras organizaciones sociales, ambientalistas y miles de personas marcharon en toda la provincia para reclamar que no se modifique la ley y mantener la protección del agua, el gobierno provincial del radical Rodolfo Suárez valló la Legislatura.
La noticia prácticamente no circuló en medios nacionales, ni siquiera en las redes sociales fue “trending topic”. Algo que no pareciera ser tan difícil, ni siquiera eso. Un síntoma.
Tampoco se vieron imágenes de la marcha en Buenos Aires a la Casa de la provincia de Mendoza. Mientras en el Congreso Nacional se debate la Ley de Emergencia esto no parece ser una “emergencia” para la clase política, ni los grandes medios.
Las y los legisladores mendocinos volvieron con los discursos sobre los beneficios que llegarán para las comunidades donde se desarrollarán los proyectos mineros. Trabajo para los jóvenes, mejoramiento de la economía local, restaurantes, hoteles, etc.
Nada de esto se sostiene en el tiempo. Cuando se termina la explotación no queda nada ni nadie. Sólo ríos, tierra y gente contaminada.
El progreso también fue, es, un eufemismo para asesinar y desalojar a las comunidades indígenas y campesinas y ocupar los territorios. Incluso, la palabra progreso fue utilizada por las dictaduras y el neoliberalismo para avanzar contra las conquistas laborales de la clase trabajadora. Había que erradicar los obstáculos al progreso.
Por qué no preguntarse qué tipo de desarrollo, a qué costo, quiénes serán los beneficiados y quiénes serán los muertos. Por eso Mendoza es urgente.
Y no es una discusión local. Por más que existen jurisprudencias provinciales sería fundamental que Juan Cabandié, por ejemplo, como Ministro nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible siente una posición política y pública.
La Ley Nacional General de Ambiente Nº 25.675 lo avala y también el discurso inaugural del Presidente Alberto Fernández en el que mencionó que la cuestión ambiental sería una prioridad. Cuando realizó la presentación con la composición de los nuevos ministerios llamó mucho la atención que haya especialistas reconocidxs y de mucha trayectoria en cada área menos en el ministerio a cargo de las políticas medioambientales.
Pero esto no es nuevo, se repitió en todos los gobiernos desde María Julia Alsogaray hasta Sergio Bergman. Sería un buen momento para que esas dudas que generó la nula experiencia del nuevo Ministro se disipen, por lo menos, con un posicionamiento.
Es necesario que el nombre del ministerio “Ambiente y Desarrollo Sostenible” se haga territorio para ver qué tipo de desarrollo privilegia y si no va a repetir la actuación de todos los gobiernos anteriores para los que la palabra “desarrollo” significaba “desarrollo empresarial”.
Mendoza es urgente. Ahora y para el futuro. No puede una ley de esta importancia para una provincia y un país modificarse para beneficiar la minería a cielo abierto y sin ningún tipo de consulta popular. Ya lo hemos visto en lugares como Veladero en San Juan con cada derrame y contaminación que produce la Barrick Gold.
Mendoza es urgente, por las y los legisladores que legislaron a espaldas del pueblo con las grandes empresas mineras que escriben sus palabras.
El pueblo de Mendoza ocupó las calles y no lo escucharon. Ponen el cuerpo a riesgo de muertes, represiones y detenciones. Mendoza es urgente y el silencio cómplice.
*Sociólogo. Nota publicada originalmente en AnRed