El asesinato del mandatario haitiano Jovenel Moïse durante la madrugada del 7 de julio en Puerto Príncipe provocó una conmoción en la sociedad del país caribeño y en el ámbito internacional. En ambas esferas, aún dentro del arco de perspectivas distantes a los lineamientos de Moïse, las declaraciones y posicionamientos frente al hecho fueron condenatorias.
Fernando Romero Wimer
En febrero de este año, analizamos las circunstancias particulares en las que el gobierno de Moïse –acusado de asumir en condiciones fraudulentas y de buscar perpetuarse de forma autoritaria- atravesaba una cuádruple crisis (económica, social, sanitaria y política). La clausura del parlamento en enero de 2020, el encarcelamiento a dirigentes opositores acusados de golpistas en febrero de 2021 y la propuesta de reforma constitucional para abrirle las posibilidades de reelección contaron con apoyo de los altos mandos de las fuerzas armadas.
En el último año, la actuación de bandas armadas ligadas al gobierno arreció. Estos grupos amedrentan la población en barriadas populares y perpetran asesinatos selectivos sobre intelectuales, periodistas, dirigentes políticos opositores y militantes feministas y de organizaciones de derechos humanos. El magnicidio contribuye a un agravamiento de ese escenario crítico.
Los móviles y los actores involucrados en el cruento acontecimiento no están claros por lo que debe analizarse con la mayor prudencia. Sin embargo, la actuación de
un grupo comando que perpetuó la acción y las tensiones políticas internas dentro de las clases dominantes pueden pensarse como factores que abren sospechas sobre la colaboración y/o participación de figuras del entorno presidencial.
El primer ministro Claude Joseph -en el cargo desde abril de este año y con fecha de reemplazo indicada para esta semana- pasó a asumir como presidente provisional y declaró el Estado de sitio con el apoyo de los comandantes de las fuerzas armadas y policiales haitianas. Ariel Henry quien iba asumir como primer ministro por designación de Moïse ha solicitado la salida de Joseph del gobierno. La crisis también abre interrogantes sobre la realización del referendo constitucional y las elecciones presidenciales y legislativas definidas para septiembre
próximo.
Apoyos internacionales y peligros de una nueva intervención militar
Luego de asumir, Joseph ha solicitado apoyo a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ha declarado que cuenta con el respaldo de los Estados Unidos. La situación abre posibilidades de una nueva intervención militar extranjera bajo la justificación de pacificar la sociedad y resguardar la democracia en la nación caribeña.
Iván Duque -actual presidente de Colombia y un claro intérprete de la política de Washington para América Latina y Caribe- aludió a la necesidad de una misión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para atender la situación.
Un mar de amenazas rodea a Haití.
Información en desarrollo
Durante la noche del jueves 8 de julio la Policía Nacional haitiana encontró como responsables del crimen a 26 hombres, de los cuales dos fueron asesinados, 17 detenidos -se presume que dos son haitiano-estadounidenses y quince colombianos- y 8 se encuentran prófugos según informaron autoridades del país caribeño. Ese mismo día, el gobierno de Colombia afirmó que seis de los sospechosos habían sido miembros del Ejército colombiano, ahora retirados.
Según diferentes medios, el director de la Policía Nacional colombiana, general Jorge Luis Vargas Valencia habría confirmado que el mismo presidente Iván Duque le había dado instrucciones al alto mando del Ejército de Colombia y a la policía para que cooperaran con la investigación.