Unas horas después de aprobada la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado de la Nación, fue publicada la Resolución 499/2024 del Ministerio de Seguridad. No es casual porque el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) incluido en la Ley Bases -aprobada finalmente por la Cámara de Diputados en la madrugada del 28 de junio- requiere de “estrategias de seguridad” que garanticen su implementación. Son las dos caras de la misma moneda.
Por la Unión de Asambleas de Comunidades | Foto: Alumbrar – Minga
El RIGI beneficia a grandes inversiones a las que considera “de interés nacional, conducentes a la prosperidad del país y promotoras del desarrollo económico, de la competitividad, del aumento de las exportaciones y de la creación de empleo”. Según la redacción de la ley, se trata de crear un “régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI”.
Los proyectos protegidos por el RIGI, que se aplicará a inversiones de al menos 200 millones de dólares por 30 años, se enmarcan en los distintos ejes del extractivismo al que vienen siendo sometidos nuestros territorios: agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología. Y las formas de “protección” se basan en beneficios tributarios -como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% (en lugar de la tasa general del 35%), aduaneros -exención de derechos de importación y de exportación- y cambiarios -excepción de la obligación de liquidar y negociar en el mercado de cambios y libre disponibilidad de divisas-.
Además de estas formas de incentivar y proteger las grandes inversiones extractivas, hay otras que también preservan esos intereses. El Plan de Seguridad Productiva es esa otra cara de la misma moneda. Este plan incluye la creación de la Unidad de Seguridad Productiva bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, cuyo objetivo es garantizar una seguridad especial para esos “proyectos de gran contribución al crecimiento del país” -tal como los incentivados a través del RIGI-, ya sea “por el volumen de su producción, la magnitud de su aporte, la sensibilidad del material derivado o el alto valor de sus productos”. Es el Ministerio de Seguridad o el Poder Ejecutivo los que definirán qué empresas recibirán la atención de esta unidad en función de criterios tan difusos – “evaluación de riesgos o la situación particular de la entidad en un determinado momento, o la repercusión de los hechos de inseguridad en el quehacer racional y en la opinión pública”- que es muy amplio su rango de acción.
La Unidad de Seguridad Productiva es un medio de resguardar inversiones, las que se supone que van a llegar a través de los favores otorgados por el RIGI a los grandes capitales. La propia Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no dejó dudas al respecto: “Se tomó la decisión (…) de implementar esta política (…) sobre todo, tras la aprobación de la Ley Bases que abrirá un nuevo contexto de inversiones”.
Se trata de blindar las actividades extractivas, a las que no sólo se incentiva y beneficia, sino que también se protegen a través de una entidad dependiente de un ministerio, que no sufre ningún recorte presupuestario porque está claro que es imprescindible para frenar las resistencias territoriales que vienen enfrentando los extractivismos desde hace décadas. Un ministerio que dejó claro desde la asunción de este gobierno que hostigará, reprimirá,encarcelará y con la justicia como cómplice, juzgará a quienes nos opongamos a él.