La protección de ríos, bosques y montañas toma la voz en el marco del Día de la No Violencia Contra las Mujeres y Disidencias Sexuales. Con presencia en la COP30 de Brasil, y con fuerte impronta de defensa de la vida, campesinas, indígenas y activistas socioambientales enfrentan a trasnacionales y gobiernos para hacer valer los derechos humanos y de la naturaleza.
Por Mariángeles Guerrero y Camila Parodi*
Desde Belém, Brasil
Foto portada: Lourdes Albornoz / Colectivo Mujeres diaguitas, ancestras del futuro
En este 25 de noviembre, Día de la No Violencia Contra las Mujeres y Disidencias Sexuales, el mundo vuelve a denunciar las violencias patriarcales. Mientras en la COP30 empresas y gobiernos discutieron medidas para enfrentar la crisis climática, las mujeres que defienden sus territorios viven cada día una doble violencia —de género y extractiva— que busca silenciar sus voces, fracturar sus comunidades y disciplinar sus decisiones políticas. María Ivete Bastos, campesina de Santarém (Pará) fue amenazada y sufrió una serie de atentados contra su vida por oponerse al monocultivo de soja. Sin embargo, convoca a no rendirse: “Luchamos por la vida. Y es la vida del río, la vida del bosque, la vida de nuestra gente”.
Cada 25 de noviembre se conmemora y repudia el asesinato de las hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa— en 1960 a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Seis décadas después, la criminalización, amenazas, hostigamiento y desgaste emocional forman parte de un entramado que sigue fuera de las negociaciones oficiales de la diplomacia de la COP30.
Los contextos cambian, los nombres de las empresas varían, los gobiernos se renuevan, pero las formas de control y fragmentación son las mismas. La historia de María Ivete muestra una realidad que viven quienes se enfrentan a grandes proyectos mineros o del agronegocio. Recientemente, casi fue atropellada por un auto en plena calle. Su compañera, Maria do Espírito Santo da Silva, también defensora contra el extractivismo, fue asesinada a balazos junto con su esposo José Cláudio Ribeiro da Silva en 2011.
América Latina y el Caribe es el continente más peligroso para quienes defienden la tierra, el agua y los bosques. Desde la Puna hasta la Amazonía, pasando por los Andes, el Cerrado brasileño y las costas del Pacífico, la escena se repite con una precisión que desgarra: criminalización, causas judiciales inventadas, campañas de difamación, quiebre de vínculos comunitarios, estrés y depresión, aislamiento y amenazas que avanzan al ritmo de los proyectos extractivos.
El último informe de Global Witness, publicado en septiembre de 2025, reporta que al menos 146 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas o desaparecidas en el mundo en 2024. La cifra global acumulada desde 2012 asciende a 2.253 casos. América Latina vuelve a ocupar el epicentro: 117 de las víctimas del último año —el 82 por ciento— vivían en la región. Un tercio de las víctimas eran indígenas. El informe denuncia que en 2024 aumentaron otras formas de ataque como detenciones ilegales, criminalización judicial, acusaciones falsas de terrorismo y persecución por vías administrativas.
La mayoría de quienes resisten en primera línea son indígenas, campesinas y campesinos, personas profundamente arraigadas a sus territorios. Aunque los pueblos originarios representan sólo el seis por ciento de la población mundial, protegen el ochenta por ciento de los bosques del planeta. Allí, en los márgenes donde la acción climática no es una promesa sino una práctica cotidiana, sostienen la vida frente al colapso ambiental.
Elizabeth Mamani, defensora de los humedales andinos
La historia de Elizabeth Mamani muestra, sin eufemismos, lo que significa enfrentar el avance minero en el norte argentino. Defensora de los humedales andinos, integrante de la comunidad de Atacameños del Altiplano y parte de la Red Trasandina de Mujeres y Disidencias Diaguitas Ancestras del Futuro, vive en un territorio donde las autorizaciones extractivas se otorgan sin consulta previa (como establece la ley) y a una velocidad que supera cualquier posibilidad de control comunitario.
“La situación de mi territorio es cada vez más preocupante”, dice. Frenar estos proyectos se volvió prácticamente imposible. Si bien en la actualidad un fallo de la Corte provincial de Catamarca de 2024 frena nuevos proyectos hasta que se realice la evaluación de impacto integral y acumulativo, los doce proyectos que están en proceso de explotación y exploración ya generaron un impacto irreversible. Un ejemplo es la desecación de la Vega Trapiche, por la explotación en la zona del Salar del Hombre Muerto (en Catamarca) y el desplazamiento de las economías rurales.
Su testimonio es claro: la defensa territorial no solo implica confrontar a empresas y gobiernos, sino asumir un desgaste social profundo. “La vida de los defensores es muy complicada”, explica. La sociedad muchas veces se da vuelta, los gobiernos persiguen, las mineras intentan comprar silencios “con migajas”. Y las familias sienten el peso de un conflicto que cae siempre sobre las mismas personas. A eso se suma la criminalización y la sensación constante de estar peleando en desventaja. “No tenemos el apoyo suficiente de la población”, resume.
Elizabeth no habla desde la excepcionalidad, sino desde una experiencia común a muchas comunidades: poner el cuerpo, la voz y el tiempo de vida en un conflicto en el que todo parece jugar en contra. Cuando intenta explicar de dónde sale la fuerza para sostener esa lucha, no lo hace desde una épica militante sino desde la necesidad y el deseo de preservar la vida. Defender el territorio —dice— es pensar en quienes vienen después, en no dejar un ambiente destruido y sin agua para las generaciones futuras. Su impulso está ahí: en evitar que el daño de hoy se convierta en una condena para quienes incluso todavía no nacieron.
Bertha Cáceres Zúñiga, defensora de los ríos
Hablar con Bertha Cáceres Zúñiga es escuchar una memoria viva que continúa enfrentando las mismas violencias que acabaron con la vida de su madre, la líder indígena Berta Cáceres, en 2016. “Bertita”, como la nombran sus colegas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sabe que su país, Honduras, funciona como un enclave extractivista histórico atravesado por una tensión permanente. “Estamos en un momento de mucha tensión política”, dice, marcada por unas elecciones inminentes y un clima de violencia que “se conserva de manera general”.
Ese contexto no puede entenderse sin nombrar lo que ella identifica como el corazón del conflicto: “el tema de tierras, de pueblos indígenas, bienes comunes de la naturaleza, proyectos de privatización, temas de financiamiento, esa es la razón central del problema en nuestro país”.
Bertita subraya que esos problemas se expresan en un punto clave: la disputa territorial. Explica que las agresiones contra las defensoras y defensores están directamente vinculadas a los intereses económicos que operan sobre los ríos, los bosques y los territorios indígenas. “Estas situaciones son reflejo de las tensiones entre intereses políticos y económicos que siguen existiendo en Honduras”, afirma. Y advierte que, aunque en el caso del femicidio político de su madre hubo avances judiciales, el problema de fondo no cambió. “Las estructuras criminales no se han desestructurado, continúan activas y pretenden los territorios”, denuncia.
Su presencia en la COP30 no buscó maquillajes diplomáticos, sino colocar en el centro de la discusión climática lo que ocurre en los territorios. Lo dice sin vueltas: mientras defender un río o una montaña implique enfrentar violencia política, económica y criminal, cualquier debate sobre transición energética o protección ambiental carece de sentido. Plantea: no se puede hablar de futuro climático sin garantizar las condiciones mínimas de seguridad para quienes, todos los días, defienden la vida de sus territorios y comunidades.
María do Bosque, defensora de la tierra
Maria do Bosque vive en Alagoas, nordeste de Brasil, zona de playas paradisíacas y de explotación de caña de azúcar. La historia colonial allí tiene sus orígenes en esa región (más precisamente en Bahía, un poco más al sur), donde la caña de azúcar fue el monocultivo que trajo aparejado el tráfico de esclavos desde África. Las huellas de esa historia permanecen: si bien el país abolió la esclavitud en 1988, esa práctica permanece en las zafras.
María pertenece al Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC), que se movilizó a Belém con sus banderas y gorras violetas para participar de la Cumbre de los Pueblos. Explica con una sonrisa que su nombre responde a su territorio: “Somos muchas María, entonces nos identificamos según de dónde venimos”. Sobre las discusiones oficiales que se producen en la COP, cuestiona: “Vemos que todo es solamente para el lucro”.
En Alagoas hay más gente sin tierra que con tierra. Grandes extensiones están en pocas manos y el 90 por ciento está dedicado al monocultivo de caña, que a su vez se destina a la exportación. La explotación genera degradación del suelo y contaminación de las aguas. María avizora otro monocultivo en ciernes: el de eucaliptus.
Como ex cortadora de caña conoce de cerca esa realidad: “Si un cortador de caña no junta seis toneladas por día, no es considerado bueno. Eso implica un costo para la vida del trabajador, la perspectiva de vida es muy pequeña ya que se trabaja con altas temperaturas, sin sombra siquiera para el momento de comer”.
Asegura que la principal problemática para ellas son las múltiples formas de violencia, muchas veces invisibilizadas por ocurrir lejos de las ciudades. Agrega que la falta de tierras es una forma de violencia: “No es posible tener una vida digna si la mujer del campo no tiene agua, ni tierra ni su territorio libre. Eso es muy fuerte para nosotras”. Explica que su lucha es por una vida donde las mujeres puedan tener la libertad de plantar su alimento, de comer saludablemente, de cuidar de las semillas y de sus comunidades.
El MMC trabaja con una perspectiva campesina y agroecológica, que busca introducir cultivos de verduras o trigo. Sin embargo, esa práctica artesanal que subvierte la lógica corporativa tiene su costo: la Policía y grupos cercanos a los latifundistas destruyen sus instalaciones colectivas y envenenan el agua de sus pozos como forma de amedrentamiento. Pero María no duda: “Apostamos a esa salida para la agricultura, una salida donde haya vida y dignidad”.
Margarita Aramayo, defensora de los cerros
Margarita Aquino Aramayo coordina la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre de Tierra en Oruro, Bolivia. Desde la Cumbre de los Pueblos, afirma: “Somos indígenas que estamos defendiendo a la Madre Tierra y los derechos de las mujeres que están siendo violados por la contaminación minera. Denunciamos la violencia medioambiental contra las mujeres”. Y explica que los grandes emprendimientos son de extracción de estaño, plata, plomo, litio y oro.
Asegura que el extractivismo afecta el derecho a la salud, al trabajo, a la consulta libre, previa e informada, a vivir en un ambiente sano, al agua. “Sin agua no hay vida”, enfatiza, con la bandera de Bolivia entre sus manos. Y agrega: “A nosotros nos expulsaron de nuestro territorio, contaminaron nuestra agua y nuestras tierras”.
“Nuestras autoridades nacionales están poniendo la mira en los pueblos indígenas. Pero estamos preparados para resistir a la minería”, expresa. Alza la voz frente a otras mujeres, en el gimnasio de la Universidad Federal de Pará, donde se lleva a cabo la cumbre. Afirma que la COP no las representa. Los aplausos hacen eco en el sopor del mediodía. Y precisa: “No nos representa porque allí no están las voces de las mujeres indígenas ni de los pueblos indígenas. Allí van los estados y las transnacionales a decidir cómo va a ser nuestro futuro”.
Un clamor cada vez más potente
En la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP), las defensoras no fueron protagonistas. La toma de decisiones continúa secuestrada por Estados y las corporaciones y negociadores, que suelen estar muy lejos de los territorios donde se juega el presente y el futuro del clima.
El contraste entre lo que sucede dentro y fuera de la COP30 en Belém lo dejó claro. Mientras en los pabellones oficiales se repetían discursos cuidadosamente medidos, en las calles, en los ríos y en las aldeas se escucharon las denuncias que la diplomacia evita nombrar. La Marcha Global por el Clima del 15 de noviembre, encabezada por comunidades amazónicas y delegaciones de distintas regiones del mundo puso en el centro la defensa territorial como la acción climática más efectiva.
En la Cumbre de los Pueblos el movimiento indígena brasileño fue categórico: las demarcaciones territoriales son urgentes. En Brasil existen 107 tierras indígenas listas para demarcar pero llevan años de espera. La demarcación implica preservar los territorios indígenas de proyectos extractivistas. El anuncio realizado por el ministro Jefe de la Secretaría General de la Presidencia brasileña, Guilherme Boulos —20 demarcaciones nuevas— fue celebrado, pero las organizaciones dejaron claro que es apenas un inicio frente a la escala del reclamo. Otra exigencia fue el financiamiento directo para las comunidades que protegen la biodiversidad.
Esta COP no dejó grandes expectativas en términos de acuerdos, pero sí mostró que las defensoras y guardianas de la vida ya no están hablando en los márgenes. Partícipes de la Cumbre de los Pueblos y de espacios de incidencia colectiva, organizan estrategias, planifican límites a la impunidad y marcan el tono de una transición que no puede repetir los caminos que condujeron al colapso.
Ivete Bastos dice que no abandonará la lucha por su territorio, pese a los peligros. “Lo que me da coraje es ver tanta injusticia, tanta desigualdad. Por eso cuando pienso en quedarme en mi rincón, en mi lugar, cuidando mi vida privada, me siento muy incómoda. Si mi voz se escucha y capta la atención de alguien, me alegra mucho porque es como si alguien me mirara y dijera: ‘mira, tiene esta edad, el pelo blanco, y sigue viva entre otros, alzando la voz, buscando, denunciando, así que vale la pena’. Eso me anima a vivir y a seguir luchando”.
*Cobertura Colaborativa de Marcha Noticias, LatFem, Kaja Negra, Muy Waso y Agencia Tierra Viva.