Por Paulo López*. Rubén Villalba, campesino acusado por la masacre de Curuguaty, inició este miércoles su tercera huelga de hambre en reclamo de la prisión domiciliaria, la nulidad del proceso contra los campesinos y la recuperación de las tierras de Marina Cue para la reforma agraria.
Villalba se encuentra recluido en la cárcel de Tacumbú hace más de dos años a pesar de que en abril pasado obtuvo la prisión domiciliaria, junto con otros cuatro labriegos, luego de mantener una huelga de hambre de casi 60 días.
Sin embargo, al llegar a la localidad de Curuguaty, a más de 200 km de Asunción, fue derivado nuevamente al centro de reclusión por orden de un juzgado que sacó del cajón un caso extinto por supuesta invasión de inmueble, coacción y privación de libertad. El hecho se remonta al 2008 cuando en la localidad de Pindó, en el departamento de Canindeyú, un grupo de campesinos se opuso a la fumigación de un sojal que contaminaba los cursos de agua, los animales y los cultivos comunitarios.
En una carta en la que da a conocer su decisión de recurrir nuevamente a la medida de fuerza, denuncia el accionar del Poder Judicial en la defensa de las riquezas malhabidas de la mafia y los terratenientes ligados al poder político y económico.
“En todo el país se siente la injusticia de este gobierno de mafiosos y terroristas. En los hospitales donde faltan medicamentos, camas, insumos, en las escuelas sin aulas, ni sillas, ni techo, en el campo donde los sojeros fumigan veneno sobre la gente mientras sus capangas, policías y militares balean a los pobres, en los bañados donde quieren sacar a la gente de sus casas para hacer negocios. En todo el país, la injusticia es Ley”, dice un extracto de la misiva.
Villalba recuerda también que el pasado 18 de setiembre sus abogados presentaron un hábeas corpus reparador en el que solicitan que la prisión domiciliaria se haga efectiva, pero sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta alguna de la Corte Suprema de Justicia. El abogado Gustavo Noguera explicó que la actual prisión preventiva que soporta Villalba es inconstitucional y contraria a la ley, puesto que la Carta Magna es clara al señalar que aquella (la prisión preventiva) no puede superar la pena mínima de los delitos imputados, que en este caso es de seis meses.
En el pronunciamiento también se exige la nulidad del proceso actual hasta que se defina la titularidad de las tierras en litigio, ya que de acuerdo a todos los documentos disponibles el inmueble pertenece al Estado paraguayo y debía ser destinado a los fines de la reforma agraria.
La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012 en dicha localidad del departamento de Canindeyú cuando en un desalojo murieron once campesinos y seis policías. El procedimiento fue realizado a favor de la empresa de un político colorado (el partido del presidente Horacio Cartes), que se apropió ilegalmente del inmueble estatal para el cultivo de soja. El episodio fue utilizado para perpetrar el golpe contra el entonces presidente Fernando Lugo en un juicio parlamentario exprés de 48 horas.
* Periodista paraguayo