Tras una sesión de más de 12 horas, con 202 votos afirmativos, 37 negativos y 12 abstenciones, el oficialismo obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en el intento de aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda contraída por Mauricio Macri.
Por Agustín Bontempo e Iván Barrera. Foto: Télam
Desde su asunción el 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández y su gobierno tuvieron en claro que su principal desafío sería poder cumplir con sus promesas de campaña teniendo al Fondo Monetario Internacional y su cronograma de pagos insostenible sobre las espaldas. Mucho se dijo al respecto: se acusó oportunamente al gobierno cambiemita de tamaña irresponsabilidad y hasta se amenazó con una investigación de la deuda que terminaría con los responsables políticos en manos de la justicia, con una denuncia internacional hacia el FMI por incumplir con su propio acuerdo y con la soberanía económica impoluta al no tener que cumplir con un acuerdo fraudulento desde sus bases hasta su ejecución. Como tantas otras promesas, nada de eso sucedió. De hecho, fue todo lo contrario: pandemia de por medio se cumplió con cada uno de los pagos acordados en tiempo y forma y se llevaron adelante discusiones, en general atravesadas por mucho hermetismo, que tenían un fundamento oficial de dudosa credibilidad: el FMI no es el mismo de antes. Así como anunciaron en Grecia y Portugal que el FMI no era el mismo que en el 2001 en Argentina y así como Macri anunció que el FMI de Grecia y Portugal no era el mismo que en Argentina 2018, Alberto nos muestra un FMI que es distinto al de Macri, un FMI abierto al crecimiento y el desarrollo del país.
Spoiler alert: es el mismo FMI de siempre
Cuando sucedieron las PASO y el gobierno sufrió una derrota electoral en todo el país, decíamos que el oficialismo había comenzado a mostrar su debilidad política con retrocesos, como la expropiación de Vicentín, pero que había una alternativa, no solamente para remontar el resultado en las generales, sino para cumplir con las exigencias por las cuales habían sido votados: mejorar las condiciones de la ciudadanía y para eso “El camino debe ser claro: pasar de lo imaginario, lo retórico, de los amagues discursivos para alcanzar las soluciones concretas en términos económicos y sociales, con la firmeza que eso implica, incluso cuando la exigencia viene de actores con el poder de la talla del FMI”.
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La media sanción obtenida en la madrugada del viernes da cuenta de dos elementos fundamentales para comprender, además, la situación interna de la coalición del Frente de Todos. Por un lado, el sector que responde al albertismo despeja mantos de dudas sobre su orientación política general. No se iba a expropiar Vicentín ni se iba a confrontar al FMI. Un camino que, no por antipático, deja de ser coherente. Por otro lado, el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner con la clara expresión en su hijo y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, que en estos escenarios mostraron posiciones contrarias llegando en esta instancia a aportar la mayoría de los votos negativos en contra del acuerdo, con la misma Cristina publicando un video el día después recordando las penurias del fondo y la posición del ex presidente Néstor Kirchner.
Con esto último no decimos que el kirchnerismo duro y puro está en contra de pagar la deuda, pero evidentemente muestran una grieta sobre las negociaciones, donde busca despegarse de la decisión política. Tanto Máximo cuando renunció a su banca, como los argumentos de su bloque para votar en contra, hablan claramente del reconocimiento de la deuda, pero también de las condiciones en que fue tomada, las pautas para ser pagada y la búsqueda de responsabilidades para que la carga de la crisis que estos pagos desataría no recaiga exclusivamente en el pueblo trabajador.
Mención especial se debe hacer para aquellas organizaciones que mantuvieron una posición contraria a los intereses del FMI, tanto en las calles (incluso soportando la represión de la Policía de la Ciudad) como en el Congreso. Mérito que no alcanza a sectores libertarios que su negativa al acuerdo fue porque el ajuste les quedaba corto.
¿Que implica el acuerdo y qué escenarios se abren?
El hermetismo con el que el gobierno nacional de la mano de su ministro de Economía, Martín Guzmán, llevó adelante las negociaciones, hizo que se utilizaran litros de tinta para comprender de qué tipo de acuerdo se habla. No vamos a reponer todos los debates en cuestión, pero es importante destacar cuál es la deuda, qué implica el acuerdo y hacia dónde nos dirigimos.
Mauricio Macri, en apenas 3 minutos en el año 2018, anunció el retorno del FMI al país, tomando una deuda de 57 mil millones de dólares de los cuales 45 mil millones llegaron a desembolsarse, siendo la más grande en la historia de la entidad financiera. El FMI, antes que un organismo financiero es un organismo político. Detrás de sus acuerdos no solo se impone un esquema de pagos, sino una serie de políticas que determinan la posición de un país respecto de la economía mundial. La deuda contraída por Macri, insostenible desde su origen, sirvió para subvencionar una fuga de capitales escandalosa, financiar una campaña electoral que terminó en una derrota apabullante y someter a la economía del país a un ajuste brutal con aumento de tarifas de todos los servicios, alimentos, despidos, crecimiento de la pobreza y el ingrediente incendiario por excelencia: inflación. Coctel explosivo que se solucionaría con recortes de derechos por medio de reformas laborales, educativas, previsionales y ajustazos presupuestarios.
A su momento, el Frente de Todos denunció discursivamente este escenario sin radicalizar posturas concretas de ningún tipo. Luego de pagar miles de millones de dólares en estos dos años, el gobierno llega a un acuerdo que supone:
- Iniciar un esquema de pagos que va de 2026 hasta 2034
- El mismo se efectivizará por medio de un Programa de Facilidades Extendidas, que supone nuevos desembolsos para cumplir con los pagos
- Revisiones trimestrales durante 30 meses
- Compromiso por cumplir metas fiscales e inflacionarias y de reducción de subsidios, entre otros
Estos títulos suponen varias cosas. En primer lugar, a partir de la firma de este acuerdo finaliza el gobierno de Alberto Fernandez y se inicia el cogobierno FMI- Fernandez. Mientras la Argentina vaya cumpliendo con sus demandas, es posible que el Fondo sea flexible para que, si en alguna revisión los números no son los deseados, el acuerdo no se caiga. El objetivo es de largo aliento y supone una injerencia integral en nuestra economía.
Por otro lado, que el pago se inicie en 4 años supone dos problemas en el marco del acuerdo. En lo inmediato, porque el gobierno pretende crecer y fortalecer las arcas del Estado para el momento en que se deba pagar la deuda, sin embargo, uno de los compromisos asumidos es que cualquier crecimiento mayor al estipulado en el acuerdo se usará para cumplir con las metas fiscales impuestas por el FMI, es decir, el potencial ajuste que sucederá, no podrá contenerse por la vía del crecimiento y tampoco implicará mejoras sustanciales en los bolsillos de las y los trabajadores. Además, en una economía tan inestable, es factible que el próximo gobierno también deba rediscutir las formas de pago, más allá de que Argentina cumpla con todas las demandas.
Pero, al menos con este acuerdo, matamos al fantasma del default, ¿no? Pues no, mi ciela. Todo lo contrario: como se explicó antes, cada tres meses el gobierno recibirá la adorable visita de una misión del fondo para revisar la ejecución del acuerdo. Si entienden que este se incumplió –o dicho de otro modo: Si el FMI ve que la Argentina no va hacia el esquema político económico de su preferencia- puede suspender el desembolso de pagos y condenar nuevamente a la economía argentina al default, esta vez con un acuerdo firmado por el actual gobierno, legalizando todo lo ocurrido durante el macrismo, sin posibilidad de maniobra.
Este limitado punteo no tiene la intención de ser exhaustivo con la letra del Memorándum, sino poner sobre la mesa lo que muchos sabemos: el FMI es el mismo de siempre. Con recetas anticuadas que en todo el mundo ha generado crisis sociales, económicas y políticas (ya experimentadas por Argentina), vuelve a la carga con los mismos ingredientes para cocinar el mismo plato.
En esta oportunidad, hablar de una deuda que se tomó de manera irregular, contra el propio estatuto del Fondo, que además sirvió para fugar capitales y enriquecer a unos pocos sobre el hambre de las mayorías, solo puede ser leído como una estafa sustentada en una deuda ilegal e ilegítima. Una estafa que fue legitimada por primera vez en su historia por el Congreso de la Nación.
Hace unos meses, el economista Olmos Gaona nos decía que decirle que no al fondo era posible, necesario y que además, sería un mensaje político contundente para la entidad. Aunque esta mañana hubo un paso institucional hacia adelante, la negativa de diversos sectores tanto en el congreso y como en la siempre necesaria resistencia callejera, mostraron, nuevamente, que otro camino es posible y que demanda la más amplia unidad, más allá de sus matices.
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Puestas así las cosas, queda la pregunta inicial por responder: ¿Las estafas se pagan? Por supuesto que no.