A 50 años del Apagón en Ledesma. Jujuy, la memoria emerge de las tizas. Las y los estudiantes secundarios de ese entonces hoy testimonian para que no gane el olvido en la larga noche de la dictadura. “Tenía 16 años. Durante los apagones del terror, entraron a mi casa tres noches seguidas”.
Por Silvana Castro* | Foto: Colectiva Fotografía a Pedal
Hoy estamos acá reunidos porque, a 50 años de los acontecimientos, los que sobrevivimos creemos que la memoria no es una pieza de museo, sino un acto de justicia urgente. Especialmente hoy, en un presente hostil, marcado por discursos negacionistas que pretenden borrar la historia, relativizar el terrorismo de Estado y sembrar la duda sobre el dolor de las víctimas. Frente a ese intento sistemático de vaciar el pasado, nuestras palabras son trincheras de verdad. Cada palabra que busca justificar los crímenes de la dictadura nos vuelve a poner en peligro.
Yo fui testigo de los apagones. Vivía en el pueblo de Ledesma, en Jujuy, con mis hermanos y mi papá, que era empleado de la fábrica. Los apagones de julio de 1976 fueron el comienzo de una cacería feroz. Hoy lo sabemos con total certeza y con pruebas judiciales contundentes: la empresa Ledesma no solo se benefició económicamente durante el gobierno militar, sino que fue cómplice activa. Aportó sus camiones y camionetas para trasladar a los secuestrados, la nafta para la logística del horror, sus propios edificios y, lo más perverso, proporcionó las listas negras con los nombres de los trabajadores, delegados y gremialistas para que fueran detenidos y desaparecidos.
En medio de ese infierno, yo era una estudiante secundaria de la Escuela Normal de Libertador General San Martín. Tenía 16 años y cursaba tercer año. Mi hermana Gabriela tenía 18. Las dos militábamos en el Partido Socialista de los Trabajadores. Teníamos, en realidad, muy poca conciencia de la dimensión real de lo que estaba sucediendo. Éramos adolescentes que creíamos en un mundo más justo.
Durante los apagones del terror, entraron a mi casa tres noches; ni siquiera habíamos terminado de ordenar el caos cuando volvían a entrar. Los apagones se sucedían cuando llegaba la noche. Irrumpían en los domicilios que estaban determinados, tenían una lista; personas en general de civil, armados, muchos venían pateando la puerta, gritando y buscando generar terror. Tiempo después, volvieron a allanar mi casa y me detuvieron. Me llevaron a 50 kilómetros de Ledesma, a la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde funcionó como centro clandestino de detención la Comisaría Número 9. Allí se torturó, se violó, se picaneó. En ese lugar estuvo secuestrado Víctor Jesús Segura, quien sigue desaparecido. Mi hermana Gabriela logró escapar a Buenos Aires con su pareja, Eduardo Oviedo Morales, de 21 años. Luego, creyendo que era seguro, cometieron el error de volver al pueblo. Una mañana, Eduardo salió a trabajar y nunca llegó. Se hicieron las denuncias y nunca reconocieron que lo habian secuestrado, al tiempo se pudo constatar que lo tuvieron detenido en el comando radioeléctrico de San Salvador. Continúa desaparecido.
En mi Escuela Normal se vivió la fragmentación de toda la sociedad: una parte de la comunidad educativa fue víctima de la dictadura, otra parte ignoraba por completo lo que estaba pasando, y otra parte sabía lo que ocurría y guardó silencio. Para complementar este panorama sobre el disciplinamiento en la escuela, es fundamental entender que la persecución física fue acompañada por un desmantelamiento pedagógico sistemático. La dictadura impuso una reforma curricular diseñada para suprimir el pensamiento crítico y garantizar el control ideológico. Se eliminaron materias clave como “Estudio de la Realidad Social Argentina” y se las reemplazó por asignaturas como “Formación Moral y Cívica”, enfocadas en inculcar valores de obediencia, jerarquía y un patriotismo nacionalista y católico. Al mismo tiempo, se censuraron contenidos científicos y literarios enteros —prohibiendo autores, teorías sociológicas e incluso conceptos matemáticos, tildados de “subversivos”— y se introdujo un estricto régimen de conducta que regulaba desde la vestimenta y el largo del pelo hasta la prohibición absoluta de asambleas o debates. La influencia de esta reforma en la educación fue devastadora: transformó a la escuela secundaria, que históricamente había sido un espacio de socialización, cuestionamiento y crecimiento intelectual, en un aparato burocrático y represivo basado en el miedo y el silenciamiento, dejando una huella de autoritarismo y vaciamiento cultural que tomó décadas desarmar. La gente de mi promo recuerdan por ejemplo las clases del cura Aurelio Martienez.
Mi historia, la de mi hermana, la de Eduardo y la de los chicos y chicas de Ledesma que fueron estudiantes de la escuela Normal, no fue un hecho aislado. Fue parte de un plan sistemático que se ensañó contra la juventud. Cuando recordamos el horror que sufrieron los estudiantes secundarios, la historia oficial o las grandes narrativas suelen mirar a las grandes capitales. Todos conocemos la trágica Noche de los Lápices en La Plata. Pero hoy quiero hablar de los otros lápices. Los lápices de nuestros pueblos, los que escribían en las escuelas normales, técnicas y nacionales de nuestras provincias.
Las estadísticas oficiales de la CONADEP revelan una verdad contundente e indiscutible que los negacionistas pretenden camuflar: el 21% del total de las personas detenidas-desaparecidas en nuestro país eran estudiantes. De ese universo, cerca de 250 eran adolescentes, chicos y chicas que tenían entre 13 y 18 años cuando el Estado terrorista los arrancó de sus aulas o de sus casas. Si abrimos el mapa, los registros históricos demuestran que más de la mitad de esos secuestros de estudiantes secundarios ocurrieron en el lugares pequeños y alejados de la capital, lejos de los grandes focos urbanos de Buenos Aires o La Plata.
Para la dictadura militar, y para las empresas civiles que la financiaron y la apuntalaron, un estudiante secundario organizado era un enemigo peligroso. ¿Por qué? Porque los centros de estudiantes eran el primer espacio de libertad, el lugar donde aprendíamos a discutir, a organizarnos, a exigir el derechos, a pedir mejoras edilicias, a pensar el país. La dictadura entendió que para disciplinar a una sociedad, había que cortar de raíz esa rebeldía.
En las provincias la persecución tuvo características todavía más crueles por el peso del control social. En los pueblos chicos,como en Ledesma, todos nos conocíamos. El silencio de los que sabían y callaron se sentía en la vereda de enfrente. En los pueblos, muchas veces, las estructuras feudales o las grandes empresas —como el ingenio Ledesma en Jujuy, controlaban la vida del pueblo de día y señalaban las casas de los estudiantes de noche.
Ahí radica el peso de ese 21% de tizas y guardapolvos ausentes. Miles de chicos y chicas fueron secuestrados en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, en el sur y en nuestro norte. El aparato represivo no distinguió geografías, pero en el interior, la desprotección era absoluta. Los centros clandestinos funcionaban en las comisarías del pueblo, a la vuelta de nuestras plazas, en los regimientos locales. Los secuestraban con sus guardapolvos puestos, frente a sus compañeros, dejando bancos vacíos que los rectores y profesores intentaban llenar con burocracia y olvido.
Hoy, a medio siglo de la barbarie, el dolor sigue abierto porque la reparación no llega. Muchos de los juicios a los responsables, tanto militares como a los civiles y empresarios que señalaron a nuestros compañeros y compañeras y obreros, siguen sin resolverse. Están trabados en un laberinto de impunidad, de apelaciones eternas y dilaciones biológicas que perpetúan la injusticia. Los responsables se mueren viejos en sus camas, sin condena firme, mientras nosotros seguimos buscando los cuerpos de nuestros compañeros. Exigir que esos juicios concluyan ya no es un reclamo técnico de los abogados; es una necesidad ética y moral de toda la sociedad argentina. No hay democracia sana sobre los cimientos de la impunidad.
Los estudiantes detenidos-desaparecidos no eran héroes de bronce; eran chicos comunes. Se enamoraban, rendían materias, se rateaban, organizaban peñas, armaban carrozas para la fiesta de los estudiantes y militaban con la inocencia y la fuerza que solo se tiene a los 16 años. No podemos permitir que el negacionismo actual los convierta en cifras, ni que justifique su desaparición bajo la teoría de los dos demonios. No hubo dos demonios: hubo un Estado terrorista y empresas cómplices masacrando a sus propios hijos.
Por eso sigo hablando. Por eso los que sobrevivimos no nos callamos. Recordar a los estudiantes secundarios de todo el país, y especialmente a los de nuestros pueblos, es volver a levantar esas tizas. Es decirles a las nuevas generaciones que la participación política no es un delito, que organizarse vale la pena y que la memoria es el único escudo que tenemos para que el horror no vuelva a repetirse.
A 50 años de los apagones, a 50 años de la impunidad, nosotros seguimos buscando donde están y seguimos exigiendo Juicio y Castigo a los culpables.
*militante de DDHH. Víctima de la represión del Apagón de Ledesma. Estudiante de la Escuela Normal.