El 20 de noviembre pasado se presentó en la Legislatura provincial el proyecto de ley para impulsar la rezonificación de la meseta chubutense para habilitar la minería extractiva. Se multiplican la organización y las voces de resistencia dentro y fuera del territorio provincial.
Por Vivian Palmbaum / Foto No a la mina
Las y los habitantes de la provincia de Chubut, en cada pueblo y ciudad, se hallan en estado de movilización permanente frente al peligro de vulneración de sus legítimos derechos que representa la instalación de la megaminería.
El gobernador Mariano Arcioni que llegó al ejecutivo provincial con la promesa de sanear la economía, profundiza la crisis al tiempo que impulsa como única salida la entrega de los recursos naturales provinciales para la explotación de minería extractiva en beneficio de las corporaciones mineras.
Las situaciones de angustia se suceden para los trabajadores y trabajadoras que vienen atravesando una difícil realidad por la falta de pago de sus salarios al tiempo que se intenta imponer como única salida a la megaminería extractiva. Una situación que se parece bastante a una extorsión en una de las provincias con mayores recursos pero que sin embargo no se detienen las resistencias a la imposición del modelo productivo extractivista.
Las iniciativas se suceden en cada rincón de la provincia pionera en la lucha contra el extractivismo. Con la consigna #ChubutAguazo ponen en primer plano que el extractivismo pone en riesgo al Rio Chubut, único rio que atraviesa la provincia. “Chubut no es zona de sacrificio”, la contaminación y el agotamiento de los recursos no renovables están en el centro de los planteos ciudadanos.
La rezonificación de la meseta chubutense es el paso necesario para habilitar a la extracción megaminera. La Ley N° 5001 promulgada en 2003 por impulso de las y los habitantes prohibía el extractivismo en la provincia, sin embargo a partir de un fraude legislativo que burló el consenso logrado dejó abierta esta posibilidad. Por eso las asambleas de la provincia nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACCH), impulsan una Segunda Iniciativa Popular que reune más de 30 mil firmas y están en pie resistiendo contra este avance que desoye al pueblo. La iniciativa popular es una herramienta prevista en la constitución provincial que habilita que la sociedad puede presentar proyectos de ley si están avalados por el 3% del padrón.
Voces en resistencia
Desde la UACCH en un comunicado expresan que están “atentando contra la paz social en una escalada que parece no tener límites”. Denuncian la puesta en vigencia de un nuevo protocolo del uso de armas de fuego por parte de los agentes de la Policía del Chubut, el aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad mientras se criminaliza la protesta y aumentan las persecuciones y amedrentamientos contra quienes resisten.
La provincia de Chubut es pionera en haber defendido su derecho, una lucha histórica que cumple 18 años y se remonta al año 2002 donde el pueblo de Esquel salió en defensa de sus derechos y no permitieron avanzar al proyecto megaminero. Las iniciativas populares se multiplican, movilizaciones, banderazos, petitorios, radios abiertas, entre otras, para poner el cuerpo en la calle y darle voz a la oposición decidida a un modelo productivo.
El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), con Adolfo Perez Esquivel a la cabeza, se dirigió a la Legislatura provincial alentando a no desconocer “la negativa de la Población a que se lleve a cabo la actividad minera” y recordó que la Constitución Nacional consagra el derecho al ambiente sano.
Tampoco se garantizó el derecho a la consulta de las comunidades originarias establecidas en la Meseta Centro-Norte de Chubut y emplazadas dentro del área de zonificación, que se expresaron en un comunicando señalando el avasallamiento a la constitución que reconoce tratados internacionales que les protegen.
El CONICET develó una maniobra más para instalar que la minería a gran escala tienen mejores índices de calidad de vida y también tuvieron que salir a desmentir un informe de una Red de Académicos por la Minería Sustentable, que hasta fue presentado por el gobernador Arcioni, y aclararon que “usaron el sello del Conicet para poner todas la cosas truchas que dicen”.
En una nota dirigida a Ricardo Sastre, Presidente de la Honorable Legislatura de la Provincia de Chubut, las autoridades del INTA, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Chubut y el CENPAT-CONICET, también argumentaron que “no están dadas las condiciones para la aprobación del proyecto de zonificación enviado por el Gobernador Mariano Arcioni con la firma de sus ministros”.
Distintos sindicatos nacionales y provinciales, organizaciones sociales locales y nacionales rechazan la minería como salida a la crisis provincial. La lista de movilizaciones y adhesiones a nivel provincial, nacional e internacional es importante, sin embargo el poder corporativo avanza en alianza con el gobierno provincial. Trabajadores marítimos pusieron la voz de alerta porque el extractivismo contaminante es incompatible con la actividad pesquera, que tiene un lugar importante dentro de la economía chubutense.
Apenas hace pocos días el gobernador Arcioni afirmaba que “a mí no me van a callar ni detener 500 ruidosos” y agregaba que “quiero darle la posibilidad a los habitantes de la meseta y la provincia que puedan tener un futuro digno”. El gobernador tampoco dudó en agradecerle al Secretario de Minería de la Nación y hasta al presidente Alberto Fernández que ya se expresó en distintas oportunidades alentando la minería extractiva.
¿Es la minería extractiva una posibilidad de desarrollo? San Juan, Catamarca, La Rioja pueden dar cuenta de esta trampa que deja atado el destino de las y los habitantes a esta única posibilidad que depreda, envenena, es limitada en el tiempo y cuyas ganancias vuelan fuera de nuestras fronteras. Al decir de Maristela Svampa: “una narrativa desarrollista, en consonancia con las grandes empresas trasnacionales, en busca de la legitimación social del modelo y en nombre de una ´responsabilidad social´, que oculta de manera sistemática los graves impactos sociales y ambientales de tales emprendimientos”.