Tras el asesinato -seguido de festejo- de dos niñas argentinas en el campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo por parte del Gobierno de Abdo Benítez en la zona de Concepción, reflexionamos junto al investigador Rocco Carbone sobre la historia de un país profundamente desigual donde el principal criminal es el Estado.
Por Camila Parodi
El pasado jueves 3 de septiembre, el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez comunicó vía Twitter la realización de un operativo que calificaría como exitoso tras el asesinato de dos niñas de 11 años de nacionalidad argentina que se encontraban visitando a su familia en uno de los campamentos del Ejército del Pueblo Paraguayo. El hecho sucedió enel distrito de Yby Yaú que se encuentra en la frontera brasileña entre los departamentos de Concepción y Amambay al noroeste del país. Según comunicó el mismo presidente tras la confirmación de su Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el objetivo de este operativo llevaba “más de ocho meses” y se centraba en “contrarrestar las fuerzas del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”.
Tras la masacre, las fuerzas comunicaron de manera conjunta que las niñas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, se encontraban en un “campamento de reclutamiento” para menores de Paraguay y Argentina. Se las presentó como integrantes de la fuerza y se confirmó que las niñas -a quienes se referían inicialmente como de 15 y 18 años- atacaron a la FTC. Los cuerpos de las niñas fueron enterrados inmediatamente y sin autopsia. A su vez, al día siguiente sus familiares demostraron que les colocaron el uniforme del ejército posteriormente a la masacre para validar su teoría, y es en la foto que se demuestra que los uniformes no tenían ninguna ruptura. En esta nota, nos centramos en la violación de los derechos de las niñas como tales y cómo fue el tratamiento de la información por parte de las grandes empresas de comunicación que volvieron a vulnerar sus derechos y revictimizarlas. Las niñas, de nacionalidad argentina y con residencia en Posadas, Misiones, se encontraban en el campamento por una situación excepcional para visitar a su familia y conocer a su padre.
La presencia del EPP nos habla de la inexistencia de un Estado de derecho real
Si bien este suceso se presenta como aislado, el mismo hace parte de un entramado de violencias y desigualdades que el pueblo paraguayo atraviesa hace décadas. En ese marco, Marcha dialogó con Rocco Carbone, profesor de la UNGS e investigador del CONICET con mucho trabajo y cercanía en los procesos sociales y políticos de Paraguay. Para comprender cómo el gobierno de Abdo Benitez llegó a comunicar con tanta liviandad el asesinato de las niñas, es necesario remontarse unos años atrás. Para eso, Carbone nos cuenta que la FTC es una fuerza de tarea conjunta que “funciona como órgano mixto de militares y policías y que la misma fue creada en el país en el año 2013 para perseguir al Ejército del Pueblo Paraguayo” siendo ésta última una organización revolucionaria en la que nos detendremos más adelante. (Cabe destacar que esta fuerza se crea al año siguiente del golpe de estado contra Fernando Lugo que se consumó tras la Masacre de Curuguaty, en las tierras de María Kue, donde murieron 17 personas y de la cual se condenó a 11 campesinos y campesinas por un conflicto de tierras entre el Estado Paraguayo y una empresa, hacé click en el hipervínculo para conocer más). Entonces la FTC creada únicamente para el control del EPP tomó el campamento ubicado en Concepción del grupo revolucionario el pasado 3 de septiembre y allí acribillaron a las dos niñas.
Explica Carbone que las autoridades paraguayas presentaron a las niñas como dos integrantes del EPP y que “el propio presidente de la república Mario Abdo Benítez -recordatorio: el actual presidente de Paraguay es el hijo del secretario privado del dictador Stroessner- calificó al operativo como exitoso”. Esta presentación dice Carbone es problemática, ya que en vez de mostrarse preocupado por los hechos, publicó un Twitter por lo menos repelente: “En ese Twitter comunica que el operativo contra el EPP fue exitoso cuando en realidad fue contra la vida de dos nenas, y eso es lo que había que decir”.
Como se puede ver en ese tweet, el presidente comunica que luego de un enfrentamiento dos integrantes han sido abatidos y no dos niñas. A su vez, menciona que hay un oficial herido y que se trata de la lucha contra el grupo criminal. “Este Twitter hay que pensarlo claramente” sostiene el profesor e investigador, y nos propone un repaso: “Paraguay es el primer país en el cual se llevó a cabo un golpe de estado en el Cono Sur en los últimos años”. Como mencionamos más arriba, el golpe de estado se produce en 2012. “Luego Federico Franco -que había sido vicepresidente de Lugo- gobierna por un año hasta que la hegemonía política fue retomada por el Partido Colorado” explica Carbone. Entonces, “la ´democracia´ en Paraguay se sostiene sobre la base de la violencia qué significa un golpe a un gobierno que había sido reformista y popular”. Sobre esto, sostiene el investigador que antes de dar explicaciones sobre un Ejército Revolucionario, el presidente Benítez “debería preguntarse muy seriamente la razón por la cual en Paraguay existe un ejército revolucionario en pleno Siglo XXI”.
El investigador nos adelanta su hipótesis: “Existe un ejército revolucionario en Paraguay cuando en el resto de la región no hay tales emergentes porque es la violencia estatal sobre el campo popular, urbano, campesino e indígena el verdadero criminal. La presencia del EPP en Paraguay nos habla de la ineficacia y/o inexistencia de un Estado de derecho real. Para Carbone -y subscribimos como Colectivo Editorial- un ejército revolucionario se organiza cuando un Estado se manifiesta a través de la muerte, a través de la violación sistemática de los Derechos Humanos, a través de la negación de la vida de los sectores populares cuando se les niega un cacho de tierra, el derecho a la educación o a la salud”. Y esto tiene una explicación sencilla, casi matemática: “El Estado paraguayo cuida los intereses y los privilegios de las minorías concentradas. Paraguay es el país más desigual del Cono Sur. Para dar algún dato el 90 por ciento del territorio que se puede cultivar está en manos de 12 mil grandes propietarios mientras que, el 10 por ciento restante del territorio cultivable se reparte entre 280.000 pequeños/as y medianos/as productores/as. A su vez, “no hay que olvidarse que Paraguay es un país donde la frontera de la soja avanza de manera brutal” y eso sólo puede querer decir que “hay una profunda represión sobre la tierra”.
Volviendo al EPP para quienes se quedaron con dudas, sostiene Carbone que es “imposible decir que se trata de un grupo criminal, al EPP hay que llamarlo por su verdadero nombre pues se trata de un grupo revolucionario. Es una organización revolucionaria, marxista, leninista y francista”. Esto último se debe a la figura del doctor Francia que “encabezó la fuerza paraguaya por la independencia de la corona española” explica el investigador. Entonces, el EPP “lucha por el derecho a la vida de un sector abandonado, relegado, denigrado y desaparecido del suelo paraguayo y opera en el territorio desde el 2006 tras el asalto a una Comisaría en Hugua Ñandu”. Es en este contexto que “el movimiento campesino se ve obligado a resistir a la violencia del Estado y el despojo de tierras por parte de la frontera agroexportadora”.
Cuenta Carbone que en el guaraní existe una frase que para él es problemática. Se refiere a las y los campesinos sin tierra como se conocen también en otros países a las comunidades arrasadas por el agronegocio en el continente. Detenerse en esa frase y mirarla de forma crítica nos permite entender que el “campesinado no tiene vida” ya que se entiende a las y los campesinos, trabajadores rurales e indígenas como personas que viven de la tierra, de forma que sin ella no sería posible. Esta frase está naturalizada, explica Carbone ya que “concentra un poder mortífero notable, a su vez que pueda aparecer en la lengua nacional sin demasiada problematización es un síntoma de cierta violencia sobre el sector campesino, indígena, urbano pobre”.
Pero la desigualdad no sólo se remonta a la vida en el campo, en la ciudad capital, Asunción “donde las desigualdades deberían estar un poco más matizadas como en toda la capital latinoamericana encontramos sectores sociales que andan con Mercedes Benz al lado de otros sectores en extrema miseria. Paraguay es uno de los países más desiguales de nuestra región, ni el gobierno de Cartes, ni Franco ni Benítez empezaron siquiera a matizar esa desigualdad”. Esta es la explicación más genuina y lógica a la presencia de una organización revolucionaria, sostiene Carbone.
En conclusión, afirma el investigador, “si hay una organización criminal en Paraguay lamentablemente es el propio Estado, el gobierno conducido por el partido colorado. Un Estado que es capaz de acribillar a dos nenas de 11 años, y ese hecho es criminal porque muestra una hebra, un elemento de continuidad con las prácticas más aberrantes de lo que fue la dictadura, de lo que fue el stronismo y ese evento luctuoso presenta todas las características de un ajusticiamiento que debía ser ocultado”.
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