Por Nehuen Allegretti desde Caracas
El Consejo Nacional Electoral anunció el cronograma para los próximos pasos del referendo revocatorio impulsado por la oposición: se prevé que el plebiscito se realice “a mediados del primer trimestre de 2017”. Un análisis sobre la Venezuela actual, la correlación de fuerzas en las calles y los desafíos de una revolución golpeada pero de pie.
El anuncio terminó con la incertidumbre. Finalmente, el ente electoral anunció que la recolección del 20% de las firmas para la activación del revocatorio contra Nicolás Maduro se realizará los días 26, 27 y 28 de octubre. A partir de allí, el organismo cuenta con un mes para la validación de las firmas, por lo cual, si todo marcha correctamente, a principios de diciembre comenzaría el plazo de 90 días para la convocatoria a las urnas.
Ante ese escenario, el revocatorio se realizaría -según el comunicado del CNE- “a mediados del primer trimestre de 2017”. La disputa por la fecha de la consulta es clave porque si se realiza después del 10 enero (cuando Maduro cumpla la mitad de su mandato), en el caso de que se logre revocarlo quien ocupará la presidencia hasta el fin del actual mandato será el vicepresidente. Pero si se hace antes del 10 de enero y Maduro es revocado, se debería convocar a nuevas elecciones.
Desde la Mesa de Unidad Democrática (MUD) aún no realizaron un anuncio oficial respecto al cronograma propuesto por el CNE, incluso suspendieron las sesiones de ayer para discutir hacia lo interno las repercusiones del comunicado del ente electoral y los pasos a seguir. Las principales exigencias de la coalición opositora, conociendo de antemano las fechas, tenían que ver con la cantidad de máquinas captahuellas (19.500 solicitadas y 5.392 dispuestas por el CNE) y con que la cifra del 20% sea a nivel nacional y no se determine por estado.
“No podemos hacernos cómplices de una violación a la Constitución ni hacerle el favor al gobierno”, señaló el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chuo” Torrealba. Y agregó que “viene una protesta masiva, constitucional, pacífica y contundente, en defensa a los derechos de la población y a la Constitución. Lo que está siendo lesionado no es el interés político de una organización sino el pacto de convivencia de los venezolanos”. María Corina Machado, representante de los sectores más radicales de la derecha venezolana, afirmó que “es evidente que las condiciones del CNE están diseñadas para negar el referendo en 2016. Si eso ocurre, la Asamblea Nacional debe destituir a Maduro por su nacionalidad”.
Por su parte, el chavismo apuesta por la carta de la denuncia por fraude ante el impulso del referendo. La primera etapa de recolección del 1% de las firmas estuvo plagada de irregularidades: unas 605.727 no cumplieron con los criterios establecidos por la norma, entre los que se encontraban 10.995 fallecidos. El PSUV elevó una denuncia ante el Tribunal Supremo de Justicia, que aún no se ha pronunciado. “El referéndum nació muerto de fraude, desde el inicio vino infectado de firmas fraudulentas. La MUD no puede culpar a nadie de su ineptitud, por eso este año no hay referéndum, eso no se está inventando, ese es el reglamento del 2007”, señaló el diputado chavista Edwin Rojas. “Si el TSJ se pronuncia y declara la nulidad por fraude no habría Referendo Revocatorio ni otra solicitud por haber incurrido (la MUD) en ilegalidades en el proceso”, agregó.
La MUD en su laberinto
Tras el anuncio del CNE, se acorta el margen de acción de la oposición venezolana para materializar su principal demanda: el referéndum antes del 10 de enero. A pesar de sus denuncias mediáticas contra el organismo, como afirmar que las rectoras “están sometidas a la dictadura”, y de acusar al CNE de dilatar el proceso, hay otros elementos a tener en cuenta. En primer lugar, la falta de consenso sobre cuál debía ser la estrategia para conseguir la salida de Maduro. Si bien los sectores más radicales que abogaban por estrategias violentas quedaron deslegitimados luego de las “guarimbas” de 2014 (que dejaron un saldo de 43 muertos y mermaron el poder de movilización callejera opositor), la discusión giraba entre el revocatorio, una enmienda constitucional o una Asamblea Nacional Constituyente para reducir retroactivamente el mandato del presidente o la renuncia del jefe de Estado.
Con esas especulaciones entre la legalidad de dichos procedimientos y los debates acerca de la táctica más conveniente, se dilataron los tiempos y finalmente en abril la MUD se volcó por la opción del referendo. Si lo hubiesen impulsado inmediatamente después del 10 de enero, los plazos habrían alcanzado para realizarlo en 2016. El antecedente anterior fue el plebiscito por la continuidad o no de Hugo Chávez en 2004: en aquella oportunidad, el procedimiento demandó 262 días.
En las últimas semanas, la oposición se volcó al terreno callejero para presionar al CNE y conseguir un cronograma más acorde a sus intereses. Para el 1º de septiembre, anunciaron una “gran toma de Caracas”, la oportunidad para recomponerse de su alicaída capacidad de convocatoria y generar una marcha nacional después de mucho tiempo. Para ello construyeron un discurso épico, de gesta histórica, en el que la “resistencia ciudadana” marcaría el “principio del fin del régimen”.
Las sobrevaloradas expectativas de sus bases, el esfuerzo personal que implicó movilizarse hasta Caracas desde todo el país y esa demostración de su máxima capacidad de convocatoria, no se tradujeron en saldos concretos. La marcha no tomó Carcas, se recluyó en el este caraqueño (la zona de las clases medias y altas); no consiguió respuestas del poder electoral ni mucho menos consiguió la salida de Maduro.
Lo que sí logró fue aumentar el descontento entre las filas opositoras con su dirigencia, quienes en plena concentración los mandaron a sus casas a “cacerolear”. Lo saliente de la movilizaciones que confluyeron ese día (la opositora y la del chavismo) fue el clima pacífico, luego de que la inteligencia estatal desactivara varios focos de generación de violencia, entre ellos un grupo de 92 paramilitares colombianos ubicados a 500 metros de Miraflores.
El estallido social que anunciaban y buscaban provocar no fue tal. Lo más agudo de la crisis pasó hace unos meses. Se ha estabilizado relativamente el escenario político y social, aunque no han cesado los ataques económicos, financieros, diplomáticos, mediáticos y paramilitares.
Las condiciones generales y de abastecimiento de la población han mejorado, sobre todo de los más humildes a partir de la expansión y fortalecimiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). El gobierno garantizó el stock de ciertos alimentos básicos como harina de trigo y de maíz para el corto plazo; involucró a los pequeños productores en un plan de siembra para la producción de la hallaca navideña.
Ha pasado también la sequía, que arruinó parte de las cosechas y derivó en el racionamiento eléctrico. A pesar de los vaivenes del Mercosur, la inclusión de Venezuela como miembro principal del Consejo Económico y Social de la ONU y la reciente asunción de la presidencia pro-témpore del Movimiento de Países No Alineados significan un respaldo internacional al proceso.
Maduro anunció que a partir del 1° de septiembre empezaba la contraofensiva revolucionaria. Para eso es fundamental rectificar, corregir el rumbo, asumir el “Golpe de Timón” que promovió Chávez, combatir el burocratismo y promover instancias de capacidad decisoria del poder popular. En estos últimos tiempos, el pueblo chavista recuperó la épica callejera, un espacio en el que tradicionalmente se destacó. El 1S demostró la importancia del protagonismo popular para la defensa del proceso. Hoy, para pasar a la ofensiva se vuelve necesario superar lo local, la dispersión y asumir el desafío de la unidad para profundizar la revolución.