Por Redacción Marcha
El país caribeño suspendió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por motivos de seguridad. Movilizaciones en las calles contra el fraude y pedidos de renuncia al presidente Martelly han marcado verdaderos días de rebelión en la capital del país.
Haití parece vivir momentos de rebelión. Tal como en 1804, el pueblo haitiano se levanta para liberarse del (neo) colonialismo provocado por la constante injerencia externa y una clase política atisbada en el poder. Para el domingo pasado se esperaba la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el oficialista Jovenel Moise y el opositor Jude Celestin. Pero este último se restó de participar en los comicios hace más de una semana debido a las diversas acusaciones de corrupción y arreglo de elecciones.
La multitud en las calles recibió la noticia de la suspensión de los comicios como un triunfo, pero no definitivo. La gestión del presidente Michell Martelly concentra las críticas de los manifestantes que han visto cómo el líder secundado por Estados Unidos quería mantener a toda costa los comicios, pese a las fuertes acusaciones de fraude que han marcado las elecciones.
En agosto pasado se realizaron las elecciones legislativas y en octubre la primera vuelta de las presidenciales. Ante las denuncias de fraudes, se instauró una comisión evaluadora independiente que determinó una serie de irregularidades en el proceso y recomendó someter a la justicia a los funcionarios electorales y los políticos beneficiados. Sin embargo, el gobierno decidió seguir adelante con el cronograma electoral y desató la crisis en el país.
La oposición al actual mandatario denuncia un “golpe de Estado Electoral” del propio Martelly, que por impedimento constitucional no puede aspirar al sillón presidencial. Las críticas son lideradas por un grupo llamado “G-8”, que componen los 8 candidatos presidenciales opositores de las últimas elecciones. El actual mandatario debería dejar su cargo el 7 de febrero y la propuesta de la oposición es que un nuevo gobierno de transición liderado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia convoque a nuevas elecciones.
Pese a la suspensión de las elecciones, las movilizaciones no se han detenido: los manifestantes ahora piden la renuncia de Martelly, junto a criticar la invasión de tropas militares en el territorio haitiano después del terremoto de 2010.
No al sometimiento de la comunidad internacional
La intervención en Haití tiene larga data. Desde la primera entrada de Estados Unidos en 1915, a las intervenciones militares de 1994, de 2004 con la mal llamada Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) y en 2010 con la excusa del terremoto, sismo que arrasó con la isla y abrió el apetito de las multinacionales que instalaron industrias mineras para explotar los yacimientos de oro y plata.
El 61% de la población haitiana vive en la pobreza. Según dice un informe de Unicef, “en Haití, sobrevivir el tiempo suficiente para cumplir un año es un importante logro para muchos niños y niñas. De hecho, uno de cada 14 recién nacidos nunca logra llegar a esa edad. Sin embargo, cumplir un año no garantiza la supervivencia. En ningún otro país de América Latina y el Caribe −y solamente en unos cuantos países del mundo en desarrollo fuera de África subsahariana− tiene un niño o niña más probabilidades de morir entre el primer y el cuarto año de vida que en Haití”.
Haití vive una paradoja: El primer país de Nuestra América en alzarse por la libertad y dignidad de su pueblo hoy sufre las consecuencias de la intervención amparada por la ONU y varios países latinoamericanos. La Minustah -renovada en octubre pasado- cuenta con efectivos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, Indonesia, Jordania, México, Nepal, Paraguay, Perú, Sri Lanka y Uruguay.
A cinco años del terremoto, las tropas militares sustentan la represión y ocupación del territorio haitiano. Pero la movilización haitiana continúa, pese al aumento de presencia en las calles y la respuesta de la policía con gases y balas de goma. Sin embargo, la escalada de violencia ha aumentado con coches incendiados, locales de partidos políticos destruidos y cánticos de “Martelly se tiene que ir. Nosotros somos el gobierno”.