Por Paulo López* desde Asunción
A un año y medio de haber asumido, el presidente Horacio Cartes se enfrenta a una creciente reprobación debido al rechazo de sus políticas privatistas y a la escalada represiva desatada con la militarización.
El pasado 26 de marzo unos 10 mil campesinos tomaron las calles del centro de Asunción en repudio a las políticas del presidente Horacio Cartes, que apenas en el primer tramo de su gobierno ya experimenta niveles de reprobación cercanos al 70%.
Las modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, y las leyes de Alianza Público-Privada (APP) y de Responsabilidad Fiscal, configuraron un triángulo de ascendente represión, privatizaciones y políticas de “austeridad”, al menos en lo que se refiere a la inversión social. Los sojeros, ganaderos y los capitales bancarios siguen gozando de múltiples exenciones fiscales, subsidios y créditos blandos de la banca pública, mientras la producción campesina es presa de los intermediarios y especuladores.
Durante el acto central de la XXII Marcha del Campesinado Pobre, realizado frente al Parlamento, Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC), destacó que la movilización a la capital del país se debe a que la producción del sector no tiene mercado ni precios justos. En contra del modelo propugnado por el gobierno –que se propone seguir conquistando posiciones entre los principales exportadores de soja y carne del mundo–, la organización planteó un modelo de desarrollo interno que haga uso pleno de los excedentes energéticos de las represas binacionales para un proceso de industrialización de la materia prima de la agricultura campesina.
En el acto, también se reafirmó el reclamo de la postergada reforma agraria en un país en que, según datos oficiales del censo agropecuario, el 2,5% de las fincas detenta más del 80% de las tierras cultivables, la mayoría destinadas a la soja transgénica, que causa estragos en la población rural por el uso intensivo de agrotóxicos, fundamentalmente el glifosato.
El mismo día de la Marcha del Campesinado Pobre, las centrales sindicales realizaron una plenaria en la que anunciaron una segunda huelga general para mitad de año, ratificando las reivindicaciones de la primera que fueron la derogación de las leyes de APP, la militarización, además de un reajuste salarial del 25%, la aplicación del control de precios y el cese de la persecución sindical, entre otros puntos.
Oídos sordos
Mientras esto transcurría, Cartes no dio muestra alguna de prestar atención a las demandas. Por el contrario, a escasas cuadras de la multitudinaria concentración mantenía una reunión con empresarios de un grupo de capitales franceses y chinos interesados, al igual que la israelí Mekorot, en explotar los servicios de tratamiento y distribución de agua, un recurso vital pasible de ser concesionado a empresas privadas por plazos de hasta 40 años, de acuerdo a lo que establece la ley de APP.
Cartes está sobrevalorando su poder político y su performance de patrón le están valiendo deserciones claves en sus filas. Entre las consecuencias más inmediatas se encuentra el primer rechazo en el Parlamento de una ley de su paquete económico, la de Seguridad y Garantía para las Inversiones. En líneas generales, el proyecto de normativa implica el congelamiento impositivo por plazos de hasta 20 años en caso de que gobiernos posteriores implementen cambios en la política fiscal, como es empezar a grabar la exportación de granos en estado natural, las transacciones financieras o las remesas de ganancias al exterior, que actualmente tienen una tasa de 0%.
En contrapartida, el gobierno redobla la apuesta a tributos más regresivos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se aplica al consumo y que representa el 57% de las recaudaciones del Ministerio de Hacienda.
En 2014, de un total de 2.153 millones de dólares recaudados, 1.227 millones provinieron del IVA. En tanto, el Impuesto a la Renta Agropecuaria (Iragro) constituyó apenas el 2,6% de los ingresos, unos 55 millones de dólares aportados por sojeros y ganaderos que obtuvieron ganancias de 4.000 millones y 1.500 millones, respectivamente. Esto sin computar las millonarias devoluciones fiscales que recibe el sector como parte de las políticas de incentivo a las exportaciones y cuyos números son ocultados celosamente por Hacienda.
Asimismo, la “guerra contra la pobreza” anunciada en el discurso de asunción de Cartes ni siquiera aparece en las últimas cifras oficiales, que dan cuenta que la pobreza extrema aumentó 0,4%, pasando de 10,1% (677.089 personas) en 2013 a 10,5% (710.000 personas) en 2014. Esto a pesar de que para bajar artificialmente los índices de pobreza se ha reducido el monto mínimo estimado de ingresos utilizado como referencia.
Por último, en el Congreso sonaron las primeras voces que amenazaron con un juicio político ante la decisión del Ejecutivo de ascender a miembros de la cúpula policial sin acuerdo del Legislativo, según manda la Constitución, un hecho que el presidente intentó enmendar alegando que se trató de un “error administrativo”.
Las grandes corporaciones mediáticas que catapultaron a este “empresario exitoso” que traería eficiencia a la función pública también empiezan a apartarse y se corren al bando de la oposición. Por el momento, Cartes mantiene muchas fidelidades compradas, pero resulta previsible que un lapso importante de su mandato lo pasará como un patriarca contemplando su otoño por la ventana.
* Periodista paraguayo