Entrevista a Yesenia Portillo, Directora de Programas del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador(CISPES, por sus siglas en inglés). Yes es salvadoreña, nacida y radicada en Estados Unidos, de familia salvadoreña migrante. Junto a CISPES llevan a cabo una denuncia respecto al financiamiento y apoyo logístico militar y policial que el gobierno de Estados Unidos brinda a los gobiernos centroamericanos que se da en un marco de represión y persecusión en la región.
Por César Saravia
¿Cuál es el trabajo que vienen haciendo con CISPES y alrededor de cuáles demandas?
Ahora las dos campañas que tenemos son: recortar la ayuda militar y de seguridad, el financiamiento que se le da a las fuerzas de seguridad de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, con enfoque en El Salvador, en nuestro caso, y acompañar a los movimientos sociales en su lucha contra la represión, que están viviendo ahora bajo el régimen de Bukele. Estamos también acompañando a los presos políticos que llevan más de un año en la cárcel, sin juicio. La decisión de trabajar en cortar los fondos de seguridad tiene que ver con el apoyo a los movimientos sociales en la lucha contra la represión. Para ello es importante cortar los fondos de seguridad que están recibiendo de los Estados Unidos los gobiernos centroamericanos.
Ustedes son una organización de salvadoreñxs, hijxs de salvadoreñx y también gente afín, solidaria, con El Salvador y Centroamérica. En ese sentido, la migración es un tema que les atraviesa bastante, ¿cómo catalogás la política migratoria de Joe Biden?
Nosotrxs no somos necesariamente una organización de derechos de migrantes. Pero en general las organizaciones están muy decepcionadas con la política migratoria de Biden. Principalmente en torno a los migrantes que están aquí, que ya han llegado, que están en la frontera o que están queriendo entrar. Una de las cosas que pasó al principio fue que se terminaron los acuerdos de “el tercer país seguro“, con Guatemala, Honduras y El Salvador. En esa campaña sí se involucró CISPES en coordinación con organizaciones en Estados Unidos y también de la región, porque es un tema de política exterior y fronteriza. Bajo la Alianza para la Prosperidad, del 2016, se mandó mucho dinero para eso, y bueno, ya estaba pasando con el Plan Frontera Sur. Entonces no necesariamente solo bajo la Alianza para la Prosperidad, pero en ese marco se aumentó.
En torno a las políticas directas que afectan a los migrantes que ya están en la frontera o que han entrado, está el título 42, que no permite a ningún migrante entrar por razones de Covid y también la política de que los migrantes se tienen que quedar en México. Hace poco, la Corte Suprema decidió sacar una orden de que Biden tiene el poder terminar esa política que ha mantenido a muchas personas en la frontera en condiciones muy peligrosas. Esta administración ha hecho un esfuerzo bastante intencional de conectar la política de migración con la política exterior.
¿Cómo se relaciona este apoyo militar que tiene el gobierno estadounidense a los países de Centroamérica con la política migratoria?
Esto es algo que viene desde la Alianza para la Prosperidad. Pero ellos en esta en esta política lo presentan como que si es algo nuevo, pero en realidad no lo es, es una extensión, una continuidad a las políticas de migración y de exterior que siempre han tenido y nosotres como organizaciones antiimperialistas y anticapitalistas, siempre hemos tenido ese análisis, que la razón por la que más migrantes vienen para acá es por la política neoliberal que se impone en los países de donde venimos. Y esa política neoliberal se impone a través de la represión policial y militar. Ellos vienen y dicen: “Sí, las dos cosas están conectadas y tenemos que poner soluciones a la inseguridad que viven las personas allá, a la pobreza, y la manera que para solucionarlo, nosotros como Estados Unidos, es apoyar a los policías y militares, a que ellos hagan más seguro los países. Vamos a impulsar, incentivar a las transnacionales, a las corporaciones, que invierten en esos países también, para que se solucione el problema de la pobreza”.
Según ellos el dinero que mandan para policías y militares es para hacer los países más seguros en la guerra contra las drogas, en la guerra contra el tráfico humano y la trata, pero al final sabemos que todo eso se usa para reprimir a los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, defensorxs de agua, defensorxs de tierras, que están luchando y organizando en contra de estos proyectos explotadores, que están causando división, conflicto y violencia en en las comunidades de donde ellos vienen.
En relación a los recortes de fondos militares, ¿qué acciones viene desarrollando CISPES? Y, ¿cuál ha sido la respuesta, tanto de la institucionalidad, congresistas, como otros movimientos dentro de Estados Unidos?
Pues varias cosas. Uno es a través de contrarrestar la narrativa que se está dando, trabajando con otras organizaciones de solidaridad con Centroamérica, en específico este plan se enfoca en Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, colaborar con esas organizaciones que comparten nuestro análisis, que también tienen relaciones estrechas con comunidades en estos países y que se nutren de ahí, de cuáles son los impactos de la política estadounidense. La idea es colaborar y proveer una narrativa alternativa a lo que se da en los medios, que también apoyan las políticas del Departamento de Estado y del presidente Biden.
Este es el tercer año que venimos con esta campaña. El primer año nos enfocamos en señalar los fondos de seguridad y el segundo año nos enfocamos también en los fondos económicos, que promueven la privatización, en sectores esenciales como la salud, agua, educación y electricidad. Lo que le estábamos pidiendo al Congreso, que es al final quien asigna los fondos para este plan, es que pongan en la legislación de asignación el no permitir algunos fondos de desarrollo que promueve el sector privado. Por ejemplo: que no se permitan fondos de desarrollo a proyectos de infraestructura que van a llevar al desalojo o que las comunidades se oponen. El año pasado también hicimos estas mismas demandas en torno al financiamiento de las fuerzas militares y de seguridad en los países, porque van juntas las cosas, desde nuestra perspectiva.
De esa manera, la idea es luchar contra las partes más problemáticas del planteamiento que tiene el Ejecutivo. Decirle al Congreso: “esto no está bien y de esta manera pueden ustedes responder”. Este año nos estamos enfocando en la campaña de cortar los fondos militares y de seguridad, pero siempre en relación a la presencia del sector privado en estos sectores esenciales. Algo difícil, porque es muy aceptado, la gran mayoría acepta y no cuestiona el papel del sector privado, como una cosa que va a traer eficiencia.
En el último tiempo hemos visto algunos cruces de gobiernos centroamericanos, particularmente de Giammattei y de Bukele, que ha sido por ahí más mediático, ¿ustedes qué lectura hacen de esta tensión que se ha generado de parte de estos gobiernos con la administración Biden?
Nuestra lectura, desde los movimientos sociales, las organizaciones, los activistas con quienes nosotros tenemos relación y que acompañamos, es que Bukele es una persona que no tiene una política muy diferente a la política de los Estados Unidos. Entonces, aunque tal vez haya algunas contradicciones entre ellos, como élites, en realidad la clase de programas que quieren impulsar son iguales, la diferencia es más bien quién se va a lucrar esos programas o de esa política. Bukele también promueve la privatización del agua, también promueve el desarrollo que va a causar gran daño al Medio Ambiente, también promueve la militarización como una respuesta a la violencia que causa la pobreza y la desigualdad. Entonces, no es diferente a la política de los Estados Unidos.