Por Victoria Sfriso y Sandra Aguilar en Desde el Fuego*. Su pareja asesinó a golpes a su hija y la acusada es ella. El caso de Yanina González evidencia cómo una Fiscalía reproduce valores machistas y vulnera el acceso a la Justicia de las mujeres.
Yanina González es una mujer joven que creció en un contexto de violencia y abandono en un barrio popular. Hija de un padre agresivo y una madre ausente, su historia de vida está marcada por la violencia y el maltrato por parte de su padre y sus parejas, primero Ricardo Ortiz, padre de Ludmila (a quien llamaban Lulú), y después Alejandro Fernández, femicida de la niña. El 17 de agosto de 2013, día de la muerte de Ludmila, fue el inicio de un nuevo episodio de violencia para Yanina, esta vez de violencia institucional.
Luego de negarse a tener relaciones sexuales con su pareja, Alejandro Fernández, lo descubrió golpeando a su hija. Aunque se apresuró a buscar atención médica, la niña llegó sin vida. En la Comisaría de Derqui ella, embarazada de seis meses, fue quien quedó detenida, pese los antecedentes de maltrato con los que él cargaba. Así comenzó a tejerse un nuevo entramado de violencia en el que Yanina se ve atrapada sin poder entender por qué. Una violencia institucional que basa su accionar en la impunidad de los femicidas y la criminalización de las víctimas, a la vez que elude su obligación de investigar los hechos.
Como ya señaló Marcha, el acto delictivo acaecido, el asesinato a golpes de su hija de 2 años presuntamente en manos de su pareja Alejandro Fernández, podría haber sido investigado como femicidio vinculado, según lo indica el inciso 12 del artículo 80 del Código Penal. “Lo insólito es que hay una Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Pilar que acusa a Yanina de abandono de persona, a mi entender esa figura no encaja. La Fiscalía dice que ella no realizó todos los cuidados que debía efectuar para asistir a la nena. La criatura no se muere porque la madre no la llevó al médico sino que se muere por un golpe en la cabeza. La autopsia que se encuentra glosada al expediente dice que la niña muere por un hematoma inmenso en la cabeza, de 8 por 6 centímetros. Esta es la causa de la muerte”, señaló Gabriela Conder, abogada de la joven.
La fiscal Carolina Carballido Calatayud acusa a la mujer de un delito de omisión pero no investiga el delito de acción, es decir, quién agredió a Ludmila y provocó su muerte. Cuando Carballido Calatayud, cuyo currículum está manchado por causas con irregularidades, acusa a Yanina y elude la investigación del femicidio, opta por proceder de manera funcional al femicida e inclumplir con su deber de llevar a cabo el proceso de Investigación Penal Preparatoria (IPP) de manera adecuada.
“Es inadmisible en una Fiscalía de Género, ella salva las papas teniendo un culpable”, denunció Conder. En el momento de la muerte de Lulú, las únicas personas presentes eran Yanina González y Alejandro Fernández, de manera que resulta alarmante que la fiscal acepte el testimonio de Alejandro Fernández en la acusación de Yanina pero no el testimonio de Yanina cuando señala a Fernández como el agresor. ¿Por qué Carolina Carballido Calatayud considera el testimonio de él más legítimo que el de ella? Conder señala que la funcionaria “no le cree a Yanina” y aclara que “nunca pidió antecedentes de Fernández, este tipo tuvo problemas y denuncias de otras parejas”.
Carolina Carballido Calatayud no aceptó pruebas alternativas que permitieran explicitar el autor del femicidio, ni puso a disposición de Yanina las herramientas necesarias para que ella pudiera superar las dificultades derivadas de su estado de shock, agravado por el retraso madurativo y su situación de embarazo, de manera que no garantizó que Yanina pudiera elaborar el relato de lo ocurrido en su primera declaración. “No le pasaron cosas menores en su vida. Recién pudo vencer el miedo con una de sus amigas del grupo Gallo Rojo, Cecilia Raspeño, que la visita siempre en la penitenciaría. Estaba amenazada, sufría violencia y fue testigo de cómo masacraron a su beba. Tenía miedo. Pero la Justicia no escucha esto, no lo quiere ver”, explicó la abogada. La joven dio a luz en la cárcel a Tiziana y actualmente permanece privada de su libertad en régimen de prisión domiciliaria, tras la negación de la morigeración de la pena por parte de la fiscal y de la Cámara de Apelaciones. El juicio tendrá lugar el 23, 24 y 25 de febrero en los tribunales de San Isidro y estará a cargo de los jueces Lino Mirabelli y Esteban Andrejin y de la jueza Clarisa Moris, Tribunal Oral en lo Criminal 2.
No hay Justicia para mujeres en situación de violencia
El accionar de Carballido Calatayud implica una violación sistemática de los derechos de las mujeres y una vulneración del acceso a la Justicia en un caso de violencia de género. La fiscal, paradójicamente especializada en la materia, acusa a Yanina de no ser buena madre, con lo que reproduce la máxima “una madre siempre debe defender a los hijos”, pero no investigó la autoría del femicidio. Tampoco tuvo en cuenta que Yanina vivía una realidad de violencia sistemática, tortura cotidiana y continua durante meses y estaba en un estado de mayor vulnerabilidad por su embarazo. Entonces, si este es el abordaje de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, ¿qué podemos esperar del resto de fiscalías? ¿Qué pueden esperar las mujeres en situación de violencia de género de la Justicia en general?
Es promisorio, pero no suficiente, contar con Fiscalías Especializadas en Violencia de Género. Sobre todo cuando los principales responsables acusatorios en los procesos judiciales son las y los fiscales y estos continúan reproduciendo valores y prejuicios de una sociedad machista. El caso de González evidencia cómo la Justicia también reproduce ciertos valores sociales sobre los que se sostiene la sociedad patriarcal.
Ante la injusticia, organización
En un país en el que durante el último año una mujer fue asesinada por violencia sexista cada 30 horas, es imperativo reclamar el cumplimiento de las leyes contra la violencia hacia las mujeres y pedir políticas públicas efectivas y reales que apunten a la prevención y a la atención de las víctimas. Cabe recordar casos como el de Tomás Santillán, asesinado por la ex pareja de su madre en Lincoln; el de Yamila Marczewski asesinada junto a su prima por su ex pareja Juan Benítez, en Posadas; o el de Nélida Bustos y su hija Evelyn Sarmiento, asesinadas por Miguel Ángel López, ex pareja de Nélida, en Lincoln; y traer al debate que todos estos casos y el de Yanina tienen algo en común: son femicidios y femicidios vinculados cometidos por agresores con antecedentes y denuncias por violencia de género.
Por otro lado, urge mencionar que la Comisión por la Libertad de Yanina está recogiendo firmas y adhesiones para exigir la libertad de Yanina González y justicia para Ludmila. Además, hay una convocatoria para manifestar el apoyo a Yanina González el 23 de febrero próximo en los Tribunales de San Isidro, Ituzaingó 340.
(*) Colectiva diversa y antipatriarcal.