Por César Saravia Foto por Analía Cid
Tal y como ocurrió hace dos años con la aprobación del DNU 70/2017, el gobierno argentino vuelve a sacar la carta de la xenofobia como una de sus principales apuestas para publicitar su política de seguridad de cara a sus votantes, que ya comienzan a dudar de su capacidad para sacar adelante la economía del país.
El día lunes, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en conferencia de prensa, confirmó lo que horas previas había sido anunciado por el periódico Clarín: el gobierno tiene preparada una lista de 1000 extranjeros para ser expulsados en los próximos meses. Un número redondo y hasta poco creíble, pero lo suficientemente llamativo como para ocupar la portada de un medio aliado al gobierno. Con esto, Cambiemos sigue instalando en el imaginario la idea de que habría una relación causal entre migración y delincuencia, pese a que, según datos de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), la población carcelaria de origen extranjero se mantiene constante desde 2002.
Ofreciendo una estadística que sólo considera al Sistema Penitenciario Federal (SPF), Bullrich afirmó que el 20% de la población penitenciaria es extranjera. La Ministra obvió señalar que esto se debe a que es en el SPF donde son alojados los reclusos por narcotráfico, en la que hay una representación mayor de extranjeros en todo el mundo, dada las modalidades de este delito, pero que no se refiere a personas efectivamente asentadas y residentes en Argentina. Las cifras, además, se caen al considerar las prisiones provinciales que representan el 84% de la población carcelaria del país y en la que los extranjeros son apenas el 3,2%.
Cabe destacar que en Argentina la población migrante representa apenas el 4,5% del total del país y, de ese porcentaje, únicamente el 0,24% está en prisión, lo que equivaldría a 4307 extranjeros, según datos de 2015. Una cifra que pone bajo cuestionamiento el nivel de prioridad que el gobierno ha decidido darle al tema.
Con encuestas en mano, Cambiemos inicia un año electoral en el cual un aumento en la dureza de su política de seguridad es una de sus principales banderas. Es en esta lógica que este anuncio se complementa con la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 15 años, propuesta que la oposición señaló no acompañaría, y la compra de pistolas taser, que han sido declaradas como armas de tortura por Naciones Unidas.
Desde las organizaciones la reacción no tardó en llegar. En un comunicado compartido el día martes, el Bloque de Trabajadorxs Migrantes denunció el uso de una campaña de mentiras contra los y las migrantes. Reafirmaron el rol fundamental que juega la migración en la vida social, cultural y económica de la Argentina, resaltando los 1500 millones de dólares anuales que los y las migrantes aportan con su trabajo al país.
En los próximos días veremos si efectivamente estas expulsiones se concretan. A dos años de la aprobación del DNU 70/2017 y a la espera de que la justicia resuelva la apelación del gobierno, Cambiemos refuerza su ofensiva contra la migración. En esta lista, seguramente, no veremos a los Benetton y a los Lewis, mucho menos a Cristine Lagarde, pero si se trata de extranjeros peligrosos para el pueblo, sin duda deberían ocupar los primeros lugares de la lista.