Por Laura Salomé Canteros* / Foto por Nadia Sur
A partir de la resolución de la Comisión Directiva del Sindicato de Prensa de Buenos Aires de confirmar en su puesto a uno de sus integrantes, denunciado por hostigamiento y violencia psicológica se renueva el interrogante, ¿es posible construir y sostener organizaciones sociales y políticas sin apartar a los violentos?
Las mujeres no somos víctimas. Somos sujetas de derechos violentadas en situaciones en las que algunos varones abusan de la posición de poder y privilegios que le otorgan las estructuras históricamente construidas y moldeadas a su beneficio en una sociedad machista y heteropatriarcal. Y es por esto que, como síntoma del incómodo pulso de libertad, abundan las historias de reacciones en forma de denuncias de mujeres que pretendieron ser acalladas para que todo siga como estaba.
Pero a la vez, también se multiplican los ecos de luchas que no son deslegitimadas sino que por el contrario, resurgen enérgicas al son del repudio de las acostumbradas decisiones de las y los más encumbrados. El 21 de julio, la revista digital NaN hizo pública una situación de vulneración de derechos hacia una mujer y la consecuente resolución administrativa dentro de un sindicato de reciente formación y carácter necesariamente combativo.
Es que el 11 de julio la Comisión Directiva (CD) del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) decidió reincorporar a Patricio Klimezuk a sus tareas como secretario gremial, determinación que comunicó ese día a “Yamila”, una trabajadora de prensa y (ex) afiliada a ese espacio que lo denunciara tres meses atrás por hostigamiento y violencia psicológica.
Según la nota publicada, la determinación se tomó luego de que este integrante del sindicato cumpliera una “licencia temporaria” a pesar de haber reconocido “responsabilidades en lo sucedido” ante “distintos integrantes” de la CD.
Cronología de una lucha que se quiso dar “desde adentro”
Casi un año antes de hacer la denuncia ante la Secretaría de Géneros del SiPreBa, lo que motivó el proceso antes mencionado, “Yamila”, había realizado la denuncia contra Klimezuk en el Colectivo de Trabajadorxs de Prensa (CTP), organización que a la que ambxs pertenecían. También había intentado radicar las violencias dentro de la formalidad del poder judicial yendo a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, donde sus integrantes negaron esa posibilidad por “haber pasado mucho tiempo desde los hechos”. Además, “Yamila” recibía asistencia psicológica privada y de parte de profesionales voluntarias en la ONG La Casa del Encuentro.
Su denuncia fue por violencia psicológica, una de las más denunciadas por las mujeres en las relaciones de pareja donde existen asimetrías de poderes, y por hostigamiento, reacción del macho violento cuando no entiende que un “no es un no”, en este caso en su versión terminar con el vínculo. A “Yamila” le afectaba tener contacto con su agresor, y ese fue uno de los motivos principales para hacer el “click” que le permitió darse cuenta que había sido violentada en primera instancia y en segunda hacer la denuncia donde creyó que los cambios eran posibles, en su agrupación de base.
En una de las tantas reuniones, realizada el 25 de mayo de 2015, “Yamila”, junto con algunas mujeres integrantes de la agrupación de prensa decidieron que dos varones hablaran con Klimezuk, quién reconoció los hechos y a quien se le solicitó que no tuviera ningún tipo de contacto con su (ex) compañera, advirtiéndole además sobre el comportamiento hacia otras mujeres. Esto se sostuvo, pero para “Yamila”, el miedo volvió cuando se enteró que Klimezuk era uno de los candidatos a ocupar un cargo directivo en el nuevo sindicato, como efectivamente sucedió.
Para “Yamila”, era continuar “militando” en ese espacio compartiendo actividades con su agresor o irse. Para él, que lo hayan denunciado no pareció haber producido grandes inconvenientes para desenvolverse en su vida política. ¿Y si se hubiera tenido en cuenta la denuncia de “Yamila” al momento de decidir quiénes serían lxs representantes de la agrupación ante el SiPreBA tanto en la Comisión Directiva Provisoria como al momento de elegir los y las candidatas en la lista Pluricolor?
Fue así que, convencida de que la lucha se da “desde adentro”, “Yamila” decidió relatar las violencias que padeció en la recientemente creada Secretaría de Mujeres y Géneros del sindicato, que en su acta de fundación sostiene que no debe haber en espacios de poder personas denunciadas por violencia machista, espacio donde se decidió que, como la historia provenía del CTP, se trate en ese espacio de forma plenaria para luego ser llevada a la CD del sindicato, la que decidió conformar una comisión que compartiría diferentes propuestas de resolución de la problemática denunciada.
Esta comisión fue la encargada de analizar la denuncia y luego de tres meses en los que realizaron encuentros con integrantes de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal, se concluyó que el denunciado ejerció violencia psicológica según lo determina la Ley 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres. Mientras, Klimezuk debía suspender toda participación como representante de la organización, algo que se cumplió parcialmente ya que participó de la comisión que relevó los despedidos en el gremio de prensa y asistió a la movilización del 8 de junio en CABA.
Luego de debates internos en esta comisión y con las especialistas, quienes no se atrevieron a proponer una sanción, decidieron reincorporar a Klimezuk y entregaron a la denunciante una acta (interna) donde se describe lo sucedido sin mencionar al denunciado, poniendo al violento y a la mujer en, ¿igualdad de condiciones?. Además, por haber “acatado la suspensión y reconocer los hechos”, el violento debe asistir a “talleres sobre género”.
Por su parte, en diálogo con Marcha, “Yamila” planteó su disconformidad con la decisión tomada por lxs 15 miembrxs de la CD de reincorporar a quien la violentó, “no porque haya que castigarlo, sino porque sigue privilegiado en su lugar de poder como varón en este sistema patriarcal como secretario gremial del SiPreBa”.
Es válido, sin embargo, rescatar que gracias a esta historia y del proceso de reflexión que generó se realizará en el sindicato la redacción de un protocolo de acción para casos de violencia de género.
En el delito de ser mujeres, ¿incluida la condena?
El poder siempre manda dicen por ahí. La Comisión Directiva de un sindicato resolvió en tres meses lo que no encuentra consenso dentro de los feminismos desde hace décadas, ¿qué hacer con los violentos?
El derecho a una vida libre de violencias es la máxima de la revolución cultural que derrote al heteropatriarcado; hecho que a la postre va a suceder. Y es por eso que las sanciones contra los varones violentos deben surgir de debates colectivos en el seno mismo de la sociedad. Y se debe parecer lo máximo posible a una reparación a la o las mujeres violentadas. Y mucho más cuando éstas aún pueden defenderse.
¿Es posible que las y los integrantes de este y otros espacios no hayan vislumbrado la posibilidad inédita de hacer justicia? O a ver si pensamos que el sistema punitivo y los tribunales burgueses y machistas son los actores políticos que solo pueden impartirla o legitimar nuestras voces. Por eso desde esta sección relatamos historias, no casos, y sí, nos posicionamos del lado de las de abajo, de las oprimidas y de las que de a poquito levantamos la cabeza para decir ¡basta, no nos callamos más!
Porque sin dudas en el camino hacia dejar de pensar que somos las brujas que todo (todo) lo queman a su paso aún falta trecho por andar. Y es por eso que seguiremos (las mujeres, las feministas, las travas, los putos, las tortas) en las casas, en las calles, en los barrios, en las plazas, y también en los sindicatos y organizaciones y movimientos sociales, exigiendo nuestra parte en la lucha, esa que nos liberará y que nos anima día a día a contagiar que sin nosotras cualquier revolución se quedará en la mitad.
*editora de la sección Géneros