Por Ana Schimelman*
El martes pasado el gobierno de Tierra del Fuego, encabezado por Rosana Bertone (FPV), reprimió y desalojó el acampe de las y los trabajadores luego de 90 días de protesta.
Luego de 90 días de acampe, el pasado martes la policía fueguina desalojó la concentración de estatales frente a la Casa de Gobierno para luego desarmar y quemar las carpas instaladas. En diálogo con el programa radial La Revancha (FM La Tribu) Alejandro Gómez, Secretario de Organización del SUTEF (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego) comentó sobre la represión y cómo siguen sus reclamos.
-¿Cómo fue el desalojo y la represión? ¿Cómo está la situación tras el incendio del acampe?
-Además de la policía de la provincia, en la represión participó una banda de civil. No sabemos si era policía vestida de civil o una patota contratada por el Gobierno. A horas de la madrugada, como se acostumbra en Tierra del Fuego la represión, la policía se presentó por dos perímetros del acampe, en uno de ellos cantando el himno nacional llamativamente al mejor estilo fascista. Esto generó mucha bronca en las y los compañeros, pero no reaccionaron violentamente, sino que pidieron una orden de desalojo a la cual la policía no dio respuesta y empezó a reprimir a los compañeros violentamente hasta sacarlos de las carpas y generar un perímetro donde no quede ninguno de los manifestantes. En ese momento dejan ingresar a la patota vestida de civil que se encarga de desarmar e incendiar las carpas.
-¿Estaba abierto el diálogo con el Gobierno antes del desalojo o hace bastante que ya no había reuniones?
-Nosotros siempre buscamos el diálogo por todos los medios. Buscamos incluso la participación de la Universidad de Tierra del Fuego, buscamos a un juez laboral que obre como mediador y también a un obispo de la pastoral social de la Patagonia. Desde el Gobierno lo único que hubo fue silencio de radio.
-¿En qué estado está la aplicación del plan de ajuste impulsado por el Gobierno?
-No se detuvo en ningún momento, sigue implementándose ahora a razón de fuerza y palos. Este plan contempla un tarifazo por un recargo del 300% de las tarifas de luz, gas y agua. También genera impuestos inmobiliarios y crea una agencia recaudadora que tiene la potestad de iniciar un juicio por mercadería que considera no adquirida debidamente, pudiendo imputarla. Aunque el acusado demuestre que no es así, los gastos del juicio corren por su cuenta. Otra cosa que tiene el plan es la quita del 82% móvil para los jubilados y cambia la edad jubilatoria.
-¿Cómo se mantiene la huelga después de más de 90 días de conflicto? ¿Qué legitimidad tiene en la población de Tierra del Fuego?
-La legitimidad es muy amplia. Hemos llegado a juntar 22.000 firmas en un petitorio para que la Legislatura sesione y trate la derogación del paquete de leyes que implicaba el ajuste. Es el famoso llamado de la voluntad popular. Sin embargo, la Justicia la tiene durmiendo en un cajón hace más de un mes. El desalojo fue el martes, y al mediodía se hizo una movilización impresionante con una participación muy amplia de muchos sectores, gente que repudió el accionar violento del Gobierno. Ayer hubo una caravana multitudinaria donde se estuvo tocando bocina en la puerta de Casa de Gobierno. La legitimidad del reclamo es genuina y el espíritu de lucha sigue intacto
-El proceso que se está dando en Tierra del Fuego no está aislado: van creciendo los conflictos en distintas provincias y en distintos sectores, no solamente el estatal. ¿Por qué no se logra dar el paso de una medida de fuerza en conjunto que aglutine a todos sectores en conflicto?
-Es un trabajo que no se puede generar de un día para el otro, pero la idea de unirnos está. En Tierra del Fuego decimos que esto es un laboratorio de un Gobierno que está intentando aplicar un ajuste, pero también un laboratorio para la lucha de la clase obrera: ahí estamos todos unidos, somos 23 gremios que hacen una unión para frenar este ajuste. Y la realidad es que están ajustando en todo el país. Unificarnos es un trabajo que está pendiente y se está llevando adelante, hablamos de por lo menos llegar al nivel de toda la Patagonia, que es la más perjudicada con el tema de la suba del gas. Entendemos que el Gobierno Nacional es responsable de todo esto. Nos hemos hecho presentes con organismos de derechos humanos pidiendo una audiencia al Ministerio del Interior pero todavía no hemos recibido respuestas. Denunciamos que el Gobierno Nacional, o está de acuerdo con la violencia que está aplicando el Gobierno de Rosana Bertone, o es el que la manda a aplicarla, más cuando a lo largo y ancho del país están pasando cosas parecidas.
Audio Completo: http://www.larevanchaprograma.com.ar/ushuaia-una-banda-de-civiles-vino-a-reprimir-cantando-el-himno/
*para La Revancha