Por Carla Perelló. Los vecinos del barrio Malvinas, en Jujuy, son víctimas del laberinto judicial. Mientras tanto siguen a la espera de no sufrir más casos de cáncer por una planta eléctrica de Ejesa S.A. lindera a las viviendas. El caso se suma a las iniciativas contra emprendimientos de este tipo a nivel nacional.
El derrotero de la causa por la repotenciación de la planta de electricidad Ejesa S.A., en el barrio Malvinas, en la capital de Jujuy, comenzó el 28 de noviembre del año pasado, luego de que se declarara incompetente el juez a cargo de la Sala 2 del Tribunal en lo Contencioso, Tributario y Administrativo de Jujuy, Benjamín Villafañe.
La denuncia de los pobladores sostiene que la radiación electromagnética de la planta generó diversos casos de cáncer. Desde entonces ningún juzgado tomó las riendas del asunto: de la Justicia provincial pasó a la federal, y ahora la competencia deberá determinarla la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El caso es una madeja de hilos a desenredar. Pero no es el único. Vecinos de diversas partes del país en situaciones similares crearon una agrupación y presentaron un proyecto de ley en el Congreso Nacional para que haya una regulación en materia de sanidad y cuidado del ambiente.
A más de siete meses de la represión que se desató cuando los pobladores se manifestaron en contra de la ampliación de potencia de la planta, no hay novedades sobre la realización de un posible estudio epidemiológico por la cantidad de casos de cáncer en el barrio. Tampoco hubo, hasta ahora, un llamado a audiencia pública para saber la opinión de los habitantes. Más aún, desde el gobierno provincial, cuando la semana pasada anunciaron los lineamientos del Plan Energético, admitieron que la planta ya estaba repotenciada. Es que la medida cautelar ordenada por Villafañe en noviembre del año pasado llegó tarde: las obras ya habían comenzado y no había forma de volver atrás, ya que eso hubiera significado dejar sin electricidad a gran parte de la población de los alrededores de la capital jujeña.
La cadena de responsabilidades y competencias comenzó en 2010, cuando la empresa local Ejesa le solicitó la ampliación de potencia a la transportadora nacional de electricidad Transnoa S.A. De acuerdo a la legislación vigente, las normativas difieren según si el organismo en cuestión es nacional o provincial. En Jujuy no es necesario llamar a una audiencia pública a la hora de realizar este tipo de obras. Mientras que sí lo era según la normativa que regía en ese momento en el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE).
En ese sentido, el juez federal Mariano Cardozo resolvió en el fallo rechazar la incompetencia declarada por el Tribunal Contencioso Administrativo jujeño, al considerar que “no resulta afectado el interés federal”, porque la demanda realizada por los habitantes de Malvinas apuntaba a que sean tomados “los recaudos necesarios para la preservación de la salud y salubridad del medio ambiente”. Medidas que, según el juez, debería haber tomado la provincia. “Es una obra de jurisdicción nacional propiedad de la transportista Transnoa, pero el transformador lo colocó la provincia”, asumió ante Marcha Ricardo Souilhe, coordinador de Servicios Energéticos Ministerio de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Jujuy.
Además, Cardozo toma las palabras del Procurador Fiscal Federal quien señala: “para determinar la competencia federal en materia ambiental se debe tener presente el territorio afectado, atento que debe tratarse de un recurso que abarque a más de una jurisdicción estatal provincial”.
Por parte de los vecinos, la abogada Silvana Morel reclama que “el poder de policía tiene que hacerse a nivel local”. Sin embargo, considera que son “solidariamente responsables el Estado nacional y el ENRE”. Denis Turnes, también abogado de los vecinos, indicó que lo que sucede con el ENRE es que la normativa que rige “es muy vieja respecto de temas ambientales y no aborda el principio precautorio”, por el que deben preverse perjuicios al ambiente y a la salud, como establece la ley nacional de ambiente 25.675.
Más allá de eso, existe una cuestión de fondo que también se debe resolver: en 1992 cuando se instaló la planta de electricidad se les comunicó a los vecinos que allí funcionarían oficinas administrativas. Ante un pedido de informes Turnes contó que el Enre había verificado la existencia de “irregularidades”.
Ante esta situación y con el Plan Energético vigente -que prevé obras hasta 2020- Souilhe señaló que “se deben revisar los procedimientos” respecto de realizar o no audiencia pública.
Una cuestión de salud
¿Qué sucede con las mediciones y la generación de campos electromagnéticos y sus posibles implicaciones sobre las personas y sobre el medio ambiente? A nivel internacional la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, según su sigla en inglés) los considera “posiblemente cancerígenos” si emiten una radiación igual o superior a 0,3 microteslas, que es la unidad de medición de campo magnético. A nivel nacional “los valores límite de campo magnético en la Argentina son de 25 microteslas, como máximo para que provoque cáncer”, señaló Souilhe. Para Morel, eso “sólo son parámetros ambientales vetustos”.
Según la denuncia de los pobladores de Malvinas los casos de cáncer alrededor de la planta son al menos diez y hay varios chicos con leucemia.
Silvia Ferreyra, asesora de la diputada nacional por Libres del Sur Victoria Donda, participó de la elaboración del proyecto para prevenir este tipo de afecciones por campos electromagnéticos, a partir de la inquietud de vecinos de la localidad bonaerense de Berazategui que se acercaron a ella. El proyecto tomó estado parlamentario en noviembre del año pasado con las firmas de once legisladores de la Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, Unidad Popular y el Gen, entre otros. Donda, Claudio Lozano y Víctor de Gennaro, son algunos de ellos. Y espera el visto bueno de las comisiones de Energía, Acción Social y Salud Pública, Recursos Naturales y Obras Públicas.
Hay una estación testigo que los tres barrios toman como referencia: la estación Sobral, de Ezpeleta. “Hay 170 vecinos fallecidos que vivían alrededor de esta planta antes de que realizaran la repotenciación”, indicó Ferreyra. ¿Qué pasa con el ENRE?, consultó Marcha: “Hay un montón de resoluciones que cambian cada dos años, según los directivos de turno”, explicó.
La iniciativa, plantea un presupuesto mínimo para dos lineamientos generales: uno ambiental y otro sanitario. El primer punto prohíbe la instalación de plantas de baja frecuencia en zona urbana. En caso contrario, debe haber un espacio de 200 metros entre las viviendas y la planta. En segundo lugar, el proyecto también prevé la conformación de un comité interdisciplinario y un consejo consultivo que realicen estudios epidemiológicos en las poblaciones que puedan ser afectadas.