Por Noelia Figueroa. La prohibición de la justicia porteña a una joven víctima de violación, recientemente liberada de una red de trata, de realizar un aborto no punible por pedido de la organización católica “Pro Vida”, desató un escándalo y reavivó el debate por el veto de Mauricio Macri al protocolo votado en la legislatura para el tratamiento de estos casos.
Hace unos días, en un almuerzo de la Sociedad Rural al que asistió, y ante el selecto público que tenía enfrente y diversos medios de comunicación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, anunció que nuevamente haría uso de su poder de veto para rechazar el protocolo que se había aprobado por una ajustada mayoría en la Legislatura porteña. El veto número 107 de Macri llegó esta vez para dar marcha atrás al Protocolo de Abortos No Punibles, que reglamentaba la aplicación en el territorio de la ciudad del artículo 86 del Código Penal. A partir del Fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le otorgó a principios de año una interpretación inclusiva a este artículo, al sostener que no serían penalizados los abortos realizados sobre embarazos en cualquier caso en que fueran producto de una violación o abuso, o cuya continuidad pusiera en riesgo la salud de la mujer, los diferentes territorios del país comenzaron a elaborar sus reglamentaciones correspondientes. La ley aprobada por la Legislatura Porteña hacía lo propio para la ciudad, facilitando el acceso a las usuarias.
A la vez que anunciaba ese retroceso para el acceso al derecho de las mujeres a la salud pública, Macri también declaraba públicamente que este martes 9 se llevaría adelante el primer Aborto No Punible (ANP) en la ciudad, específicamente el Hospital Ramos Mejía. Aclaró que se trataba del caso de una mujer de 32 años que cumplía con todos los requisitos para acceder a un aborto legal. Estos dos anuncios juntos provocaron confusión en quienes lo recibieron. Macri, además de hacer gala de su autoritarismo sin precedentes (recordemos que tiene en su haber más de la mitad de la cantidad de vetos que existieron en la historia de la Ciudad), también violaba la confidencialidad de un caso médico.
Ni lentos ni perezosos, los sectores más conservadores de la sociedad porteña no hicieron esperar su reacción. En seguida comenzaron a divulgar el caso por redes sociales y a convocar una manifestación “en defensa de la vida” para el día martes frente al hospital. En simultáneo, la organización ultracatólica y conservadora “Pro-vida”, que actúa en varios lugares del país y cuyo objetivo es “defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, interpuso un recurso de amparo ante la Jueza Myriam Rustan de Estrada, quien dio lugar a la medida cautelar, fallando para que se interrumpa la intervención que ya había sido aprobada previamente.
El mismo martes, cuando se dan a conocer todos estos hechos, muchas organizaciones de mujeres salen a denunciar la ilegalidad de la maniobra de estos sectores y se convocaron frente al Hospital en cuestión, exigiendo que se realice la interrupción del embarazo. Cabe resaltar también que estas organizaciones de lucha por los derechos de las mujeres estaban recién regresando del XXVII Encuentro de Mujeres en Posadas, Misiones. En dicho encuentro, la multitudinaria marcha del día domingo 7 fue encabezada por una bandera que exigía el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todos los casos en que una mujer decida interrumpir su embarazo.
El caso de la mujer que iba a acceder al ANP cumple con los requisitos previstos por el Art. 86 ya que el embarazo es producto de una relación no consentida. Además de ello, y para sumar gravedad al asunto, la violación se produce durante un período en que la mujer estuvo en cautiverio, como victima de su secuestro por parte de una red de tratantes de personas. Con todas las características que hacen de este caso en particular una brutal violación a los derechos humanos, no obstante, hay características que son comunes a muchos otros casos a lo largo del país, en que este tipo de agrupamientos religiosos intervienen sobre el desarrollo de los casos médicos de diferentes mujeres, siempre con la complicidad de funcionarios y magistrados.
Que Macri haya querido jactarse del “primer aborto no punible a realizarse en al ciudad”, en el marco en que estaba vetando el protocolo de avanzada que había aprobado la mayoría parlamentaria en legislatura, dando a conocer datos confidenciales sobre una intervención médica, fue inaceptable para la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Las integrantes de esta coordinadora plantearon que responsabilizan “al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por haber difundido indebidamente información acerca de una práctica que debía mantenerse en estricta reserva para resguardar la confidencialidad, la intimidad y el derecho de la mujer y los profesionales intervinientes”.
A la vez, la intervención de organizaciones católicas ante este tipo de casos, no es novedad. Gracias a la actuación de muchos de los jefes de servicios médicos, médicos ginecólogos, jueces, enfermeras, funcionarios que toman conocimiento de las situaciones en que una mujer recurre a su legítimo derecho de interrumpir un embarazo no deseado, estas organizaciones se convocan para frenar el desarrollo de la intervención. El modus operandi varía pero en rasgos generales es similar en muchos casos: presentación de recursos judiciales que frenan o entorpecen la intervención, campañas de divulgación acerca del caso para someter a la mujer a presión social, ataques y amenazas a la familia de la mujer o a la propia víctima. Todas estas acciones se sostienen en argumentos plenamente religiosos e ideológicos, que estas organizaciones enarbolan: el derecho a la vida del niño por nacer, la imploración a la mujer gestante para que no “culpabilice a la criatura”, etc.
Con este complejo panorama, la única victima sigue siendo la mujer: secuestrada, violada, con un embarazo producto de ese abuso, y sin poder acceder a su derecho a interrumpir el embarazo. A esto se suma la publicidad que tomó el caso y el asedio permanente de militantes antiderechos y medios de comunicación, en el momento en que iba a someterse a la intervención. Sin embargo, los actores de este drama no saldrán indemnes: Macri fue denunciado por un grupo de legisladores y legisladoras que sostienen que cometió “incumplimiento de sus deberes de funcionario” al publicitar el caso. La jueza Rustan de Estrada será denunciada por la legisladora Diana Conti, quien exigirá juicio político a la magistrada ya que su intervención “se aparta del derecho aplicable al caso, por tratarse de un aborto no punible”. La mujer víctima del fallo ya presentó apelación contra la resolución de la Jueza. Durante el día martes, la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal, anunció que el macrismo apelaría el fallo, pero hasta el momento, no han actuado en consecuencia.
No obstante, no son el Jefe de Gobierno y la Jueza los únicos responsables de que una situación de estas características sea posible. Mientras las interrupciones voluntarias de embarazo puedan ser judicializables, y las mujeres sean criminalizadas, estos casos se seguirán replicando. En tal sentido, las organizaciones que repudiaron el freno a este ANP, también demandan al Gobierno Nacional que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso para que habilite el debate parlamentario sobre la Ley de Interrupción voluntaria del Embarazo, presentada por cuarta vez por la Campaña, y que no ha avanzado en todos estos meses desde la última presentación.
El día de hoy se realizará una concentración en la puerta de la jefatura de gobierno, convocada por la Campaña, a la que se espera una masiva concurrencia de parte de las organizaciones de mujeres y feministas.