Por Mara Oliveira. En el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo no da tregua a los trabajadores y trabajadoras organizadas que se niegan a ser cómplices de las políticas de precarización laboral y de privatización y achicamiento del estado porteño
A través de recortes presupuestarios y el desmantelamiento de programas sociales. Los funcionarios de diversos organismos pretenden disciplinar, callar y desorganizar a los trabajadores a través de despidos, traslados y amenazas que atropellan los derechos laborales.
En los primeros días de enero, los trabajadores del programa Buenos Aires Presente, luego de lograr la reincorporación de cuatro despedidos con la condición de un traslado de organismo, sufren otra persecución vinculada a su organización en la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital. La cartera de Carolina Stanley, el Ministerio de Desarrollo Social, nuevamente pretende reubicar a 10 afiliados y delegados de la Junta Interna de dicho programa, pretendiendo desarticular la organización y el programa que asiste personas en situación de calle.
En la Dirección General de Empleo fue despedido de su puesto de trabajo Rolando García por negarse a repartir folletería proselitista de Mauricio Macri. Los funcionarios no expresaron ningún argumento, y aclararon que no se trataba de un despido, sino de una “no renovación” de su contrato.
La Junta Interna de ATE de la Dirección General de Museos, conformada en el mes de diciembre, también está sufriendo persecución gremial y ya hay dos trabajadores despedidos. Dicha Junta Interna se conformó también por las constantes amenazas que recibían los trabajadores de la Dirección ante sus reclamos por estabilidad laboral.
Así mismo, más de 90 docentes de educación física que daban clases en plazas y parques del GCBA, fueron dados de baja en sus contratos laborales sin fundamentos de la cartera de Deportes. Los docentes despedidos desarrollaban sus tareas en espacios públicos porteños como parte de los programas “Plazas Activas” y “Buenos Aires Corre”.
Estos despidos arbitrarios vinculados a una persecución gremial y el vaciamiento de políticas públicas con la disminución de trabajadores son posibles por la precarización y flexibilidad laboral que otorgan los “Contratos de locación de servicios” y diversas figuras contractuales avaladas por el Gobierno de la Ciudad que imposibilitan la estabilidad de la fuente de trabajo y permite que los funcionarios puedan atropellar los derechos laborales de manera arbitraria.
Se estima que la próxima semana, ATE seccional Capital, convoque a una medida de fuerza para denunciar esta práctica política del Gobierno de la Ciudad de criminalizar a los trabajadores y trabajadoras que se organizan para mejorar sus condiciones salariales y tener estabilidad laboral, sin distinción de lo sucedido en cada organismo.