“Vamos por el poder”

En el marco de la Semana de la Indignación, convocada por el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc), se lleva a cabo hoy en Colombia el paro cívico nacional que buscará demostrar el descontento de diferentes sectores sociales ante las políticas del gobierno conservador de Juan Manuel Santos. La consigna es Vamos por la paz con justicia social, y el objetivo es iniciar un proceso permanente de movilización y lucha para generar una agenda alternativa que conduzca a estos sectores a un mayor protagonismo en la política colombiana.

“Vamos a salir a las calles, bloquear las carreteras, parar las fábricas para decirle al estado colombiano que no estamos de acuerdo con cómo se está manejando. Queremos ser parte de los diálogos de paz. Nos interesa tratar de mirar formas constituyentes, espacios amplios y abiertos para que la población civil pueda dar la discusión de cómo quiere la paz, qué quiere como país”, explicó en diálogo con Marcha, Sebastián Gómez, referente del Capítulo Argentino de la Marcha Patriótica.

“En Colombia hay mucha gente que está aguantando hambre. En el campo la gente está siendo asesinada. Hay regiones donde no hay otro remedio que los cultivos ilícitos para sobrevivir. La gente no tiene educación y salud. Pero está también viendo que en el continente se están dando otros procesos que pueden llegar a transformar la situación de América Latina y demuestran que es válido para Colombia también”, explicó Gómez, que indicó que durante el día de hoy “los estudiantes tendrán sus asambleas en sus universidades, los campesinos harán sus bloqueos, los indígenas sus mingas, los trabajadores sus huelgas. Es decir, desde las movilizaciones que hace cada una de las 2000 organizaciones de la Marcha Patriótica es como se construye el paro cívico”.

Pero una de las peculiaridades con respecto a las reivindicaciones de la jornada tiene que ver con la exigencia de participar en la negociaciones de paz entre el estado y la insurgencia que empezarán la semana que viene en Oslo, Noruega. “Para nosotros es fundamental la resolución política del conflicto. Es un proceso que lleva ya más de sesenta años y los últimos diez fueron de desgaste, donde la oligarquía colombiana pretendió resolver el problema por la vía armada, prometió hacerlo en seis meses, exigía a los terratenientes, productores y sectores industriales hacer un aporte a esa guerra y el mismo estado a través del Plan Colombia invirtió en esa guerra. Hoy llegó un momento en el que se desgasta totalmente ese proceso. La población civil colombiana quiere que se la tenga en cuenta en ese proceso de paz, y que no se sienten solo los dos actores actualmente armados”. Gómez explicó como los procesos de reivindicación popular en este sentido han sido históricamente cuestionados por el estado colombiano. “Los trabajadores de la caña en huelga eran guerrilleros, hay paro de camioneros y eran guerrilleros, hay paro estudiantil y eran guerrilleros, los indígenas del Cauca que movilizaron eran guerrilleros. La gente se cansa de ser estigmatizada. Están pidiendo reivindicaciones básicas. Trabajo digno, salud, educación”.

La propuesta que desfilará hoy por las calles de Bogotá, y por las de decenas de otras ciudades en Colombia y en el mundo, tiene que ver con un análisis del conflicto colombiano en tres dimensiones, la política, la social y la armada. “El estado colombiano sólo lo enmarca en lo armado. Nosotros entendemos el conflicto armado como un resultado de los otros dos, el político y el social. Hemos visto como cada vez que surgía alguna propuesta por parte de la sociedad civil ha sido exterminada. Cada vez que ha presentado una propuesta para la resolución del conflicto ha sido perseguida y estigmatizada como subversiva. Y también vemos como las problemáticas sociales hacen que el conflicto armado en Colombia sea respuesta a la inequidad, la desigualdad, la persecución. De la imposibilidad de participación en la política. Entonces nuestra postura es la de dialogar. Buscar en qué pueden las partes ceder. Pero no creemos que la solución sea solamente el desarme, sino que el Estado tiene que cambiar. Si nos están matando por educación digna, si nos están matando por salud, vamos por el poder. No nos quedamos con reivindicaciones gremiales. Vamos por el poder.”, profundizó Gómez.

De esta manera, los movimientos sociales colombianos se van perfilando como un nuevo actor de peso en la política nacional. Tal como había explicado el intelectual Renán Vega Cantor en una reciente entrevista, el desgaste de la política de guerra del estado colombiano también se da por la irrupción de estos movimientos. Luego del lanzamiento de Marcha Patriótica a principio de este año, un movimiento que cuenta con más de 100.000 militantes de 2000 organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y de trabajadores, la gran apuesta es ahora para consolidar este actor social en un panorama político dominado por la corrupción y los intereses empresariales. Si embargo, Diego Trumeque, también militante de este espacio precisó que “no es una prioridad en este momento el tema electoral. Creemos que el acumulado de varias décadas de lucha social y de reivindicaciones de distintos sectores que conforman Marcha Patriótica da para darle la prioridad a la creación de poder popular en los distintos ámbitos en los que se desenvuelve. Si en algún momento se gestan garantías de participación tal vez se podrá contemplar la posibilidad de entrar en la lucha electoral. Pero más allá de eso, la solución política al conflicto social armado se tiene que dar en las calles, en la movilización, en el cambio de las relaciones de producción, y no tanto en entrar en el juego burgués de la participación electoral. Es posible gestar un cambio para una cultura política diferente. Es importante darle la voz a la gente excluida, al pueblo que ha venido edificando alternativas en lo local, y se junta en Marcha Patriótica para gestar un nuevo poder”.