Hasta el momento estas se formalizaron con el mensaje del Poder Ejecutivo a las empresas públicas para el presupuesto, donde se propone entre otras cosas, recortar las inversiones, reducir personal y gastos de funcionamiento. A esto se suma la reciente pauta del convenio colectivo del sector privado, que tiene orientaciones contradictorias a los intereses de los trabajadores. Estas además de tener un pronóstico de pérdida salarial para la mayoría de los trabajadores, contienen otros elementos que son necesarios analizar y debatir.
Ya en las pautas del 2013 había indicios por donde se quería caminar. En esa ocasión el ejecutivo había planteado como una de las alternativa la desindexación, afortunadamente ninguna rama saldó por esta opción. A fines de ese año el entonces ministro Mario Bergara deslizó en una nota que luego matizó, la necesidad de transitar a pautas salariales donde no esté presente la indexación salarial.
También ese año, previo a la ronda de consejos de salarios y en plena rendición de cuentas, varias cámaras patronales realizaron un documento y un audiovisual con fuerte espíritu libreral, donde entre otras cosas critican el peso del Estado y la mala calidad de los servicios públicos, el alto costo debido a los monopolios Estatales y ponían en tapete la relación entre; costos elevados, aumento de salarios y la falta de flexibilidad en el plano de las relaciones laborales. Argumentando que todo lo anterior atentaba contra la competitividad del país.
Es obvio que no llama la atención lo dicho por los poderosos agrupados, sino la contestación del gobierno. La que consistió en una seria preocupación por mostrar todos los beneficios que se le había otorgado al capital, sonando a una suerte de reproche por el planteo de las cámaras ante tan buena relación establecida.
La pauta del gobierno para el sector privado en esta ronda tiene tres grandes novedades respecto a las anteriores. En primer lugar, en el escenario anterior el salario era ajustado por inflación de manera semestral lo que garantizaba que los trabajadores no perdieran poder adquisitivo y a partir de allí se negociaba el aumento real. En las presentes pautas en cambio, el aumento de salario se negocia de manera nominal, por tanto, no se tiene en cuenta el ajuste por el aumento de los precios. Es decir, que si estos últimos evolucionan por encima del aumento salarial pautado habrá una pérdida que se corrige al final del período, dentro de tres años. ¿Esto que quiere decir? Un trabajador hoy recibe $100 de salario, y puede comprar una canasta de bienes que cuesta $100. Este trabajador recibirá un aumento de salario para el convenio que dura 3 años de 20,5% para todo el período y al final del mismo ganará $120,5. Las estimaciones prevén que la inflación acumulada hará que el valor de la canasta al final del período será de $121. Por tanto, a este trabajador le faltará $0,5 para comprar toda la canasta en ese momento. Lo que será corregido al final del convenio, en el 2018 le aumentarán su salario a $121 para que pueda comprar toda la canasta, pero nunca recuperará lo que perdió por tener un salario por debajo de la canasta durante todo ese tiempo.
En este tipo de convenio, la incertidumbre está dada por lo que le pase a la canasta durante los tres años, el valor de dicha canasta no depende en absoluto de este trabajador, ni de los trabajadores todos.
Otro de los cambios; ahora se proponen 3 pautas distintas de crecimiento salarial para los tres años agrupando de la siguiente manera: una de 27% para los trabajadores que se insertan en sectores con un dinamismo de 4% anual o más, otra de 20,5% de aumento para aquellos trabajadores que se emplean en sectores con “riesgo de empleo” y reciben subvenciones por parte del Estado y otra para los sectores que no están en ninguna de estas condiciones con un aumento de 23%. Esta forma de pautar el aumento salarial por el dinamismo sectorial tiene el inconveniente que los sectores más dinámicos han sido aquellos relacionados con la explotación de los recursos naturales y con baja intensidad de mano de obra, relacionados mayoritariamente con la inserción comercial extra-región, fenómeno que se ha acentuado en la pasada década con nuevos productos como la soja y la fabricación de pulpa de celulosa.
En la coyuntura actual, es posible que sean muy pocos los sectores que logren crecer a esas tasas, y los que si lo consigan serán los menos intensivos en mano de obra. Estos sectores si bien no reciben subsidios, son muy beneficiados por la política económica a través de las exoneraciones fiscales, cosa similar a un subsidio. Por tanto, el crecimiento del sector no estaría aportando sustantivamente al aumento de la masa salarial ni recursos al Estado vía impuestos, cosa que sería deseable para este panorama adverso.
En sentido inverso, los sectores con mayor intensidad de mano de obra y con encadenamientos importantes por los proceso productivos que generan, son mayoritariamente aquellos relacionadas con el comercio con la región y el interno, y por tanto, es de esperar que exista un enlentecimiento de los mismos. Por tanto, la mayoría de los trabajadores estarán bajo la pauta donde la incertidumbre sobre perder salario posiblemente se vuelva certeza. A esto se suma que una pérdida del salario real, significará una reducción en el consumo, fuente principal de recaudación de nuestra estructura tributaria.
A su vez, se contemplan con un aumento adicional a los trabajadores de menores ingresos divididos en dos franjas, los que ganan entre 10 y 12 mil pesos y los que ganan entre 12 y 14 mil pesos nominales por 40 horas de trabajo. Pero estos trabajadores, suelen insertarse en los sectores menos dinámicos e informales de la economía, por lo que dicha compensación resulta insuficiente para para obtener resultados sustantivos en la mejora de estos trabajadores.
Y por último, hay incentivos a que la negociación se pase a nivel de rama o empresas y se logren convenios que contemplen el aumento salarial por productividad. Este tipo de negociación tiene dos grandes problemas para los trabajadores, por un lado, el aumento por productividad es la aceptación teórica y empírica que los salarios no pueden disputar el excedente que se apropian los capitalistas, es decir, solo aumentan si aumenta la “torta”. Y por otro, existe una asimetría de información en desmedro de los trabajadores para determinar si el nivel de la masa salarial es la adecuada, y si las mejoras de la productividad fueron tales. Incluso no está claro teóricamente cuál es la forma adecuada para medir dicho fenómeno, esto no quiere decir que alguna rama en concreto pueda pautar cosas ventajosa para el salario, pero en la generalidad resulta una derrota ideológica para los trabajadores.
Los mensajes gubernamentales no parecen augurar escenarios beneficiosos para los trabajadores y las trabajadoras uruguayas, la tendencia nos muestra que en la medida que la economía no crece como los años anteriores el gobierno reacomoda las pautas de relación entre los que producen la riqueza y los que se la apropian, en beneficio para estos últimos. Dependerá de la capacidad antagonista de los trabajadores organizados para que el lobby empresarial pierda fuerza en la mesa chica de la política económica progresista. El rol que cumplan los sindicatos y los sectores frentistas con incidencia en el movimiento sindical, serán dos de los elementos importantes a tomar en cuenta. Parece terminar el tiempo en el cual salario y ganancias del capital aumenten sin entrar en contradicción. Sobre este esquema se asienta parte de la legitimidad del progresismo criollo post crisis 2002, no afectando estructuralmente la relación entre capital y trabajo, haciendo crecer a los dos. De alguna manera se mantiene el sentido, pero ya no se crece como antes y alguien tiene que perder, dependerá de la lucha organizada para que esta vez no paguen los de siempre.
*Nota publicada en ZUR Pueblo de Voces