Por Sebastián Orrego desde Montevideo
Desde que comenzó, el pasado 17 de agosto, la huelga docente ha ido escalando y generando intensos debates en la sociedad uruguaya. La lucha se da en un contexto conflictivo en el que los sindicatos docentes y estudiantiles vienen reclamando que se destine el 6% del PBI para la educación pública, compromiso enunciado por el presidente Tabaré Vázquez en la campaña electoral y que hoy parece muy lejano de lo que pretende el Ministerio de Economía que comanda el ex-vicepresidente Danilo Astori.
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria realizó un paro de actividades por 24 horas tanto el lunes como el jueves pasado; mientras que durante el martes y miércoles se ocuparon varios liceos.
Por su parte, la asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo paró sus actividades durante toda la semana. Funcionarios no docentes tomaron el mismo lunes 17 las oficinas del Consejo Directivo Central de la Agencia Nacional de Educación Pública (organismo que representa al Poder Ejecutivo) y por la tarde fueron desalojados por la policía. En tanto, en varios liceos de la Universidad del Trabajo del Uruguay y en las universidades de Ingeniería, Odontología, Humanidades, Medicina y Comunicación también se realizaron ocupaciones por funcionarios y estudiantes a lo largo de toda la semana.
El viernes se convocó a una segunda instancia de negociación (la primera había sido el martes con resultados desfavorables) en la que la Agencia Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo y el de Economía presentaron una propuesta a la Coordinación de Sindicatos de la Enseñanza. La propuesta gubernamental establecía un acuerdo por dos años (2016 y 2017) con un incremento del 3,5% anual por encima de la inflación y la promesa de llegar a 2020 con un salario mínimo equivalente a $ 25 mil. Los sindicatos docentes exigen que el compromiso sea quinquenal, y así poder llegar a 2020 con un salario mínimo de $ 30 mil, un incremento anual mayor, y además que se puedan solucionar las inequidades salariales que existen entre los distintos contratos de los trabajadores.
La propuesta del gobierno también incluía una cláusula de “paz salarial ” en donde los sindicatos se comprometerían a no realizar medidas de lucha por condiciones de trabajo durante esos dos año, lo que fue rotundamente cuestionado por los sindicatos.
Así la semana concluyó con un fracaso en las negociaciones y con varias decisiones a tomar en gran cantidad de asambleas docentes a lo largo del país en las que se evaluaría la posibilidad de una huelga nacional.
La esencia de María Julia
Esta semana se intensificó el conflicto cuando la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, anunció que el gobierno decretará la “esencialidad” para los servicios educativos de nivel incial, primaria, secundaria y universidad del trabajo a partir de este miércoles, es decir, que los docentes deben deponer el paro y acudir a dar clase “por decreto”. Luego la medida fue avalada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Semanas atrás, la ministra Muñoz ya había arrojado leña al fuego cuando opinó públicamente que si los docentes recurrían a la huelga tendrián que trabajar parte del verano.
En primer lugar, resalta la ignorancia de la funcionaria con respecto a las labores docentes, ya que existen cantidad de tareas que se realizan en el período post-dictado de clases; y en segundo lugar, también sorprende la vehemencia con la que la ministra interpela a los trabajadores que están luchando para que sus reivindicaciones sean oídas. Sus declaraciones no hicieron más que agudizar la conflictividad que, hoy por hoy, no parece encontrar vávulas de escape.
A pesar de que el oficialismo sostiene que la OIT ampara la desición tomada, los sindicatos contestaron rápidamente con más lucha y organización. Denuncian que no hay un marco legal que avale tal decreto para la educación, ya que no se están poniendo en riesgo la vida, la seguridad y la salud de los afectados por la medida. Además, sostienen que constitucionalmente está claro que prima el derecho de huelga como derecho humano fundamental.
Un informe jurídico del sindicato docente de Montevideo destaca que, además, el hecho de que se decrete la esencialidad de un servicio no implica el levantamiento de la huelga ya que según la constitución se podría seguir manteniendo garantizando guardias gremiales organizadas en turnos de emergencia.
Profesores y maestros continúan sus medidas de protesta durante toda esta semana. Este jueves 27 se realizará una gran marcha desde la explanada de la universidad hasta la Torre Ejecutiva donde confluirán docentes, estudiantes, funcionarios y quienes pretenden no torser el brazo en la pulseada desigual planteada por el gobierno.
El destino del conflicto, por ahora, está plagado de incertidumbres, y dependerá de la habilidad y la perseverancia que apliquen las bases sociales del campo educativo para no ceder ante las medidas antipopulares que Tabaré y su equipo están dispuestos a implementar como golpes de gracia.
Hay algo que se consolida como pilar fundacional del nuevo período de Vázquez: aquello de priorizar la educación y transformar un sistema que excluye más de lo que incluye quedó en el pasado de los bonitos discursos electorales y se esfumó rápidamente para dar lugar a las verdaderas intenciones del oficialismo: sin importar la forma ni el contenido, la intención es continuar sosteniendo un sistema educativo marginado presupuestalmente por una economía que prioriza la extranjerización antes que el desarrollo de la soberanía nacional.