Por Fernando Vicente Prieto, desde Caracas. El ministro de relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres y el presidente de Venezuela, informaron que el gobierno bolivariano tiene evidencias de que existe un plan para atentar contra la vida de Nicolás Maduro, en el que están involucrados políticos de la derecha latinoamericana, paramilitares colombianos y agentes de la CIA.
El ministro de Interior y Justicia dijo que la inteligencia de Venezuela tiene elementos para afirmar que el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y el ex golpista de Honduras, Roberto Micheletti, han sostenido reuniones para tramar un atentado en las que participaron Eduardo Macayo Álvarez, un cubano ex agente de inteligencia del Cuerpo de Marines, hombre del terrorista Luis Posada Carriles; un integrante del comando F4 de Miami llamado “Julio” y un empresario cubano-norteamericano identificado como “Many”, que es el encargado de conseguir el financiamiento.
De acuerdo a la evaluación del gobierno venezolano, luego de una primera fase donde intentaron la desestabilización, la derecha debió replantearse el objetivo. A partir de la consolidación de la figura de Nicolás Maduro como presidente, los últimos días de abril se decidió que la insurrección era inviable y debían jugarse a un plan de alto riesgo. Así se habría decidido llevar a cabo el magnicidio.
Según reveló Rodríguez Torres, originalmente estaba previsto asesinar al presidente Maduro utilizando un francotirador durante la jornada nacional del 24 de julio, día del nacimiento del Libertador Simón Bolívar, aprovechando el grado de exposición. Pero luego se lo aplazó para agosto, durante el gobierno de calle, mediante el cual el presidente visita los Estados y entabla contacto cara a cara con la comunidad, lo que ofrecería mejores posibilidades para una acción de ese tipo.
El ministro mencionó en detalle reuniones realizadas en las ciudades de Panamá, Miami, Bogotá y Medellín, en las que participaron mediante enlaces -o personalmente- Uribe, Micheletti, Luis Posada Carriles -a través de Macaya-, “Julio” y “Many”.
Rodríguez Torres informó que los ideólogos del plan “pretendían traer a Venezuela 800 hombres colombianos, de los desmovilizados de los grupos paramilitares”, para actuar en Zulia y en Caracas, después de realizado el atentado.”La idea era que un francotirador actuaría sobre el presidente y después esos grupos armados atacarían”, con el objetivo de “generar un gran caos en el país”. De esta manera se instalaría una matriz de opinión internacional favorable a una intervención extranjera en Venezuela.
En la tarde del jueves el presidente Nicolás Maduro dijo que no va a salir de la calle. “Yo voy a seguir en la calle con el pueblo. Y pido apoyo al pueblo para cuidarnos mutuamente. Pero no me van a neutralizar con planes, contraplanes. No. Tenemos que estar en la calle con el pueblo haciendo revolución”, explicó. Además, anunció que se sumaría a una marcha convocada para el próximo sábado, contra la corrupción de la derecha.
Combatir en la calle contra la corrupción
“Me sumo a la gran marcha nacional contra los corruptos”, expresó en la reunión con sus ministros. La movilización se convoca en un momento en que el gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado a entablar una ofensiva contra la corrupción, con detenciones en varias empresas y organismos públicos, como el SAIME (servicio de migraciones), SENIAT (recaudación), Indepabis (abastecimiento de bienes) y algunos cuerpos de seguridad desde hace muchos años cuestionados, como PoliChacao o la Guardia Nacional. Estas medidas son ampliamente apoyadas por la población, que las reclamaba hace tiempo.
Pero lo que ha recalentado la discusión con la oposición es la posibilidad de enjuiciamiento a Richard Mardo, diputado de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), a quien la Asamblea Nacional decidió quitar la inmunidad parlamentaria, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considerara que había elementos suficientes para enjuiciarlo por los cargos de defraudación tributaria, enriquecimiento ilícito y legitimación de capitales.
Según el TSJ, hay documentos que prueban que Mardo escondió al organismo recaudador haber recibido donaciones por más de tres millones de bolívares, dinero que, en parte, fue presumiblemente depositado por empresarios del narcotráfico. Pese a esto, el propio Henrique Capriles ha encabezado la defensa e intenta movilizarse en su respaldo. El chavismo recoge el guante y el jueves convocó a movilizar masivamente a la Asamblea Nacional, en respaldo al enjuiciamiento a todos los corruptos.
“Me sumo a la convocatoria que se está haciendo, vamos a luchar y combatir en la calle”, dijo el presidente desde el Palacio de Miraflores. Otro de los puntos sensibles analizados por el gobierno fue el contrabando en la frontera, también vinculado a paramilitares y grupos armados.
Relación con Colombia
Este viernes, el canciller de Venezuela, Elías Jaua, recibirá a su par de Colombia, María Ángela Holguín. La reunión se da a los pocos días del encuentro entre Maduro y Santos, realizada el lunes 22 de julio en Puerto Ayacucho. También, un día después de que el presidente anuncie la creación de un Estado Mayor Cívico Militar Fronterizo, que va a controlar todas las fronteras venezolanas y estará a cargo de Wilmer Barrientos, ministro de Despacho de la Presidencia y uno de los principales cuadros militares. Hasta hace pocos meses, Barrientos estuvo a cargo del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas (CEO-FANB).
Según informó Maduro, el encuentro entre ambos ministros de Relaciones Exteriores tendrá como objetivo “coordinar múltiples temas que nos hemos planteado”, en el camino de “trabajar para una coexistencia pacífica entre dos modelos: el socialista bolivariano y el modelo de Colombia. Por una coexistencia pacífica, respetuosa entre dos sistemas y modelos”. Algo que la extrema derecha está empeñada en que no sea posible, y trabaja para lograrlo.