Por María Paula García. En los últimos días se conocieron dos casos de abuso y explotación sexual de menores que involucran a integrantes de fuerzas policiales.
Las hermanitas de la villa
El primer caso implica directamente a al menos ocho suboficiales de la Policía Montada de la Policía Federal, los cuales fueron separados de sus cargos y están siendo investigados por reducción a la esclavitud sexual, violación, corrupción de menores y otros delitos gravísimos a dos hermanas menores de edad.
En principio los desplazados son el sargento Sebastián Borfitz, el cabo primero Héctor Diego Palavecino, los cabos Fermín Olmedo, Héctor Taborda Sotelo y los agentes Héctor Daniel Martínez, Mauricio Sebastian Acevedo, Gustavo Raimundo Salinas y Miguel Ángel Campero. Pero se cree que los involucrados serían aproximadamente 20.
Si bien la separación del cargo se efectuó el pasado 14 de marzo, la noticia trascendió hace apenas unas horas y no fue publicada en ningún medio de alcance nacional, con la excepción de Página 12. La investigación había comenzado en el 2011 a raíz de una denuncia efectuada ante el Ministerio de Seguridad por un agente de policía que tomó conocimiento del tema cuando un compañero le ofreció tener relaciones sexuales con una joven menor.
Las revelaciones del caso son escalofriantes e indignantes: las menores son dos hermanas que llegaban en tren desde una villa del sur bonaerense para ser abusadas por los policías, quienes aprovechándose de su situación de indigencia y vulnerabilidad les daban comida o unos pocos pesos a cambio de relaciones sexuales. Según la investigación esto viene sucediendo desde el 2008 o 2009. En un primer momento los abusos se perpetraban en una pensión, en estaciones de tren y hasta en el mismo cuartel de la Montada; más adelante se las empezaron a ofrecer a diferentes integrantes uniformados.
Lo que se sabe en principio es una pequeña parte: la menor de las hermanas tuvo dos hijos, uno a los 12 o 13 años y otro a los 15. Si bien en su declaración afirmó no saber cuál de los policías es el padre de los niños, parece que también participó de los abusos un guarda de tren, que sería el único imputado que no es parte de la fuerza policial. Es por ello que la jueza a cargo ordenó la realización de exámenes de ADN.
La niña Qom
El segundo caso implica también a policías, pero esta vez de la Policía Bonaerense. A través de la denuncia de los propios familiares, pudo conocerse y sólo a través de un diario de Salta, El Tribuno, la muerte de una niña de 14 años de la comunidad Qom en Buenos Aires luego de ser violada y golpeada.
La niña había desaparecido en barrio La Paloma, Partido de Tigre, y cuando su madre acudió a efectuar la denuncia a la Comisaría 6 del Talar no sólo no se la tomaron, sino que además fue golpeada por policías que le exigieron que se callara la boca.
A los pocos días la niña apareció muerta en la casa de un hombre que es conocido en el barrio por vender drogas y reclutar chicas en su domicilio para prostituirlas y obligarlas a vender. Su mismo abuelo, Eugenio Fernández, relató que al ver los golpes que tenía en todo el cuerpo no le cerró la versión policial que afirmaba que la niña se había suicidado a pesar de que no se le había practicado una autopsia.
Fue allí que los familiares decidieron realizar la denuncia en la Fiscalía de El Talar, a cargo de Diego Pico Molina, pero allí tampoco les dieron respuestas ni se interesaron en el caso.
Este hecho también sucedió en febrero y salió a la luz hace unas pocas horas, aunque tampoco a través de medios de alcance nacional. Es estos momentos está interviniendo la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la directora del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas que está acompañando y asesorando a la familia de la niña cuya identidad no trascendió.
Dos casos, distintas víctimas, muchos denominadores comunes: el abuso sexual de menores directa o indirectamente perpetrado por fuerzas de seguridad y el accionar de una Justicia que no actúa como debería actuar, con celeridad, determinación y apoyo a las víctimas.
Mientras tanto, una reciente investigación conjunta entre la Unidad Fiscal de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) señala que desde que se aprobó la ley contra la trata de personas la reducción del delito fue leve y que el 27% de las víctimas son niñas pobres y menores de edad.