Por Rodrigo Salgado. El veto de Macri a la Ley que amparaba a empresas recuperadas. Cuál es la polémica y sus implicancias.
Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, vetó la ley que prorrogaba el plazo para que la Ciudad formalizara el funcionamiento de las fábricas recuperadas, ante el retraso en los procesos de expropiación.
Luego de transcurrida una década desde el surgimiento de las primeras experiencias de fábricas recuperadas, muchos aspectos que refieren a la institucionalización del proceso no parecen acompañar los grados de “convencionalización” del mismo.
La vía institucional que se ha encontrado en la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en la resolución de la propiedad o tenencia de estas empresas ha sido mediante leyes que expropian a favor del Estado los bienes, que son cedidos luego –no gratuitamente- a las cooperativas. La sanción de estas leyes de expropiación por la legislatura porteña ha sido la expresión institucional de un carácter adaptativo de apoyo legislativo al proceso, institucionalización que atenuaba parcial y precariamente la distancia entre legalidad y legitimidad del proceso.
Ahora bien, dar cumplimiento con las expropiaciones, es una tarea de atribución específica del ejecutivo porteño, según lo estipula ley 238, y el ejecutivo porteño no ha dado muchos pasos en ese sentido. Ahora bien, la ley en cuestión –y sus modificatorias-, estipula plazos dentro de los cuáles las expropiaciones deben efectivizarse. El incumplimiento de los plazos por el ejecutivo abre la posibilidad de que se vuelva a la situación anterior a la sanción de la ley de expropiación, es decir, a que los antiguos dueños reclamen por los bienes no expropiados, o a que los síndicos de las quiebras -en el caso de que la haya- avancen con la liquidación de la empresa y el remate de los bienes en cuestión.
El reciente veto de Mauricio Macri a la ley 4.008 que prorrogaba los plazos para dar cumplimiento a las leyes de expropiaciones de las unidades productivas constituye un observable, no ya de un carácter adaptativo de apoyo al proceso, sino de una falta de voluntad política del ejecutivo de resolver la situación de la propiedad de estas empresas. Así, si hasta el momento, el carácter competitivo del mercado no ha podido impedir la continuidad productiva de estas empresas en manos de los trabajadores –como muchos pronosticaron-, esta continuidad puede ser impedida ahora por la falta de voluntad política de quien parece configurarse como la personificación político-institucional de los mercados.
Este veto abre ahora una nueva situación conflictiva. Los trabajadores han luchado para mantener sus fuentes de trabajo y los ingresos para sus grupos familiares, incluso han resistido situaciones represión policial. Nada indica que ante esta nueva coyuntura, no lucharán por lo que consideran justo. Más aún si se tiene en cuenta que durante estos años los trabajadores han puesto en valor dichos bienes, han mantenido y refaccionado las instalaciones de los inmuebles, han mantenido y reparado máquinas. Que las unidades productivas “son” un fruto de su trabajo, constituye ahora para los trabajadores un observable directo.
El retroceso del carácter parcial de la institucionalización del proceso, parece conducir entonces, a que la acción directa vuelva a emerger como en los inicios de las recuperaciones. La posibilidad de que aquello no ocurra dependerá de la medida en que el ejecutivo revea su decisión, las implicancias y los efectos de la misma, y se legisle nuevamente, para reasegurar los plazos necesarios para dar cumplimiento a las expropiaciones.
Pero aún cuando el veto de Macri a la ley se revea y se legisle nuevamente, se abre un nuevo contexto. Este veto a puso en alerta a los trabajadores sobre la precariedad de la situación jurídica respecto de la propiedad de los bienes y la necesidad de dar solución definitiva a dicha precariedad. Quizás este elemento implique una mayor presión sobre la efectivización de las expropiaciones, y las imprescindibles asignaciones presupuestarias correspondientes. Porque sin pago de las expropiaciones por parte del ejecutivo, no hay expropiación efectiva. Y quizás uno encuentre en este último punto, las explicaciones fundamentales, no sólo del veto de Macri a última ley sobre las expropiaciones sino también de la inacción del ejecutivodurante todos estos años.
Uno de los fenómenos emblemáticos de la acción colectiva de inicio de la Argentina del Siglo XXI refiere al denominado proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores, conjunto heterogéneo de procesos en los cuales empresas en crisis son controladas y puestas a producir por sus trabajadores.
Si bien la emergencia del fenómeno está estrechamente vinculada a un contexto de crisis, la toma y recuperación siguió extendiéndose a nuevas empresas, aún ante la reversión de dicho contexto “crisógeno”, aunque con una menor intensidad.
Esta capacidad de ampliación a nuevas unidades productivas se debe -entre otros factores- a la creciente difusión y conocimiento sobre las experiencias y su alta valoración social en tanto han constituido una alternativa al desempleo resultante del cierre empresarial. En este sentido, el crecimiento del número de las experiencias de recuperación de empresas evidencia cierta “convencionalización” del proceso, cierta instalación cultural del mismo. Es decir, la “recuperación de empresas” se ha afianzado como un nuevo esquema de acciones que nuevas fracciones de trabajadores disponen para enfrentar el abandono y el cierre productivo de empresas.
El fenómeno ha mostrado eficacia en preservar las fuentes laborales de los trabajadores, evitando procesos de pauperización social y conformando como resultante empresas más equitativas y democráticas que las fallidas. Pero no sólo eso, estas empresas también han generado nuevos puestos de trabajo, mostrando a la vez una considerable viabilidad productiva, grados de mortandad bajos, así como una riqueza social en sus articulaciones no-mercantiles con la comunidad.
*Sociólogo. Magister en Investigación en Ciencias Sociales. Integrante del Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas (IIGG-UBA)