Por Tamara Perelmuter. El pasado viernes 28 de octubre el gobierno argentino nos sorprendió con la aprobación por resolución oficial de una variedad de soja transgénica de la empresa Pioneer, variedad 93M70, la unidad de semillas de DuPont.
Pero eso no es todo. Un par de meses antes autorizó la utilización local de soja Liberty Link, de la empresa alemana Bayer. Y con estas dos nuevas incorporaciones, ya son 22 los eventos transgénicos liberados en el país, de los cuales 4 son de soja, 3 de algodón y el resto de maíz[1].
Es interesante recordar que los transgénicos se enmarcan en un modelo de producción instaurado en la mayoría de las regiones agrarias latinoamericanas a partir de los 90 que buscó aumentar los índices de rentabilidad del campo. Este objetivo fue posible con el uso de un paquete tecnológico provisto de semillas transgénicas, inmunizadas a ciertos agroquímicos, maquinarias especializadas y el desarrollo de la siembra directa. Dadas las características del modelo, las empresas transnacionales y sus laboratorios biotecnológicos se asumieron desde el comienzo como imprescindibles para la provisión de estos insumos.
Desde 1996, momento en que se legalizó la producción y la comercialización de la soja RR (Roundup Ready – resistente al glifosato), la expansión ha sido vertiginosa. La ausencia de patentamiento de la semilla producida por la transnacional Monsanto permitió que quedara bajo dominio público. Un difuso marco normativo que controla la producción, ventajas comerciales para importar tecnología y bajos precios para el glifosato propiciaron un terreno fértil para que se disparara el boom sojero.
En los últimos años la soja transgénica alcanzó record de exportación y superficie cultivada convirtiéndola no solo en el principal cultivo del país, sino en absolutamente dominante. Desde la década del 80, momento de ingreso al país de la soja convencional, el cultivo de la oleaginosa pasó de 40.000 a 7 millones de hectáreas en 1997 y casi 19 millones de hectáreas en la zafra 2010/11, alcanzando mas del 50% de la superficie total cultivada en el país.
El actual panorama agrario está signado por el corrimiento de la frontera agrícola hacia zonas que históricamente no lo eran, la desarticulación de agroindustrias que anteriormente funcionaban a partir de una integración desigual del campesinado y el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas generando un complejo proceso de arrinconamiento. Esto se evidencia en desalojos mediante violencia directa; contaminación con agrotóxicos de ríos, biodiversidad, animales; socavamiento de las prácticas trashumantes debido a la privatización de tierras utilizadas tradicionalmente como zonas de pastoreo; destrucción de miles de hectáreas diarias de bosques y desaparición de especies silvestres.
La aprobación de nuevas variedades de soja transgénica sumado a las definiciones brindadas por el PEA (Programa Estratégico Agroalimentario) de elevar la actual producción a 157 millones y extender la superficie sembrada hasta 42 millones de hectáreas en 2020, no hacen más que confirmar la consolidación de un modelo de producción sustentado en grandes empresas trasnacionales como Monsanto y DuPont, lo que desequilibra la pulseada entre los agronegocios y la soberanía alimentaria.