El presidente boliviano, Evo Morales, en el acto donde promulgó la ley para la constitución de empresas sociales
Este lunes el gobierno del presidente Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 1754 para la constitución de empresas sociales en el país. Los trabajadores podrán, amparados por la ley, tomar el control y fundar empresas sobre aquellas que sean llamadas a quiebra o liquidación.
El gobierno boliviano aprobó este lunes, en el marco del 62 aniversario de la Confederación de Fabriles de Bolivia, un decreto para viabilizar el paso de empresas en quiebra a manos de los trabajadores. Además aprobó dos resoluciones más: una para sancionar a aquellas exportadoras que vulneran los derechos laborales y otra que restringe el uso de cámaras de vigilancia en los lugares de trabajo.
“Ahora ya no hay que estar sometido a las amenazas de cierre cuando los dueños no quieren respetar los decretos. Si la empresa entra en quiebra o cierra el empresario, entonces los fabriles serán dueños. Serán nuevas empresas sociales y comunitarias”, resaltó Evo Morales en el acto llevado a cabo en el Palacio del Quemado, sede de gobierno.
La nueva norma está amparada en el artículo 54 de la Constitución Política del Estado que da paso a crear empresas sociales sobre la base de las quebradas. Parte del artículo 54 de la Constitución prevé que los trabajadores en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social “podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales”.
En este sentido la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, manifestó que el decreto “simplemente hace realidad el derecho constitucional de que los trabajadores puedan fundar una empresa social” en caso de que el dueño de alguna compañía “no pueda sacarla adelante”. La ministra explicó que esto ya sucedió con la empresa Millma, Hiltrabol y Maquitesa “quienes fueron refundadas por el sindicato de trabajadores y salieron adelante”.
“Esto es un avance político, ideológico y programático en la agenda obrera y en el proceso de cambio que da cumplimiento a la Constitución, al ordenar que los sindicatos de trabajadores podrán hacerse cargo de alguna empresa en caso de quiebra en beneficio del sector”, concluyó la titular de Desarrollo Productivo.
Por su parte el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, detalló que a ese decreto acompaña una resolución biministerial contra las empresas que no respetan la ley respecto a los derechos laborales. Así, los empresarios exportadores que infrinjan las leyes labores, como el derecho a formar un sindicato, perderán los beneficios del Estado en sus labores de exportación. “La resolución está referida a esas empresas que infringen leyes sociales y que tendrán prohibido exportar con las facilidades que les otorga el Gobierno”, argumentó el ministro.
En la vereda de enfrente, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), Jaime Ponce, sostuvo que la constitución de empresas sociales y la prohibición de exportar a las empresas que eviten o prohíban la conformación de sindicatos “son malas señales que el Gobierno está dando y que inundan de incertidumbre el clima de las inversiones en Bolivia”. El empresario dijo que “antes que hacerse cargo de empresas quebradas y anunciar restricciones”, el Gobierno debería ver la forma de potenciar a la empresa privada a través de una ley que garantice y no espante las inversiones.
Además del decreto que establece la creación de empresas sociales y la resolución biministerial que restringe las facilidades de exportación para quienes violen leyes laborales, el gobierno aprobó una medida que restringe el uso de cámaras de vigilancia en las instalaciones de trabajo.
“Es una forma de amedrentar a los trabajadores”, sostuvo el ministro de Trabajo. “De manera indiscriminada no se pueden instalar cámara de vigilancia. Estamos prohibiendo la instalación de estas cámaras en lugares donde afecte a la dignidad de las personas”, concluyó Santalla.