Vanesa Orieta escribió una carta a su hermano Luciano Arruga para reclamar por los desaparecidos en democracia. Mientras tanto, el ministro de Seguridad bonaerense retornaba a sus funciones a los ocho policías implicados en el secuestro y desaparición de Luciano. Marcha habló con ella.
Cuando el 31 de enero de 2009 Luciano Arruga fue secuestrado y desaparecido por la policía bonaerense, Vanesa, su hermana, fue construyendo a la par de una lucha incansable por la verdad y la justicia, formas de mantener viva la memoria de Luciano, para que siguiera fluyendo un diálogo que la ausencia rompió en forma abrupta.
Si a la noción de la muerte se le suma la desaparición del cuerpo -lo saben los familiares de los 30 mil de la dictadura–, la justicia se hace letargo, los culpables ocultan pruebas, los rituales de despedida no pueden cumplirse y la certeza de la muerte queda suspendida en la espera.
Entre esas formas que Vanesa fue construyendo, para este 24 de marzo decidió escribirle una carta abierta a Luciano, en la que da cuenta de las irregularidades judiciales durante estos cinco años y donde el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, revocó la suspensión de los ocho policías involucrados en el secuestro y desaparición de Luciano para que así pueden volver a sus funciones.
“Fecter, Sotelo, Monte, Vázquez, Márquez, Díaz, Herrera, Zeliz… Ellos saben la verdad. Ellos son los mismos que nos amenazaban cuando estábamos realmente solos, cuando la Justicia y la política se asociaban para silenciarnos. Ellos son los que adulteraron el libro de guardia del destacamento, los que se mantuvieron estacionados en el monte Dorrego durante varias horas la madrugada del 31 de enero de 2009, donde un perro detectaría tus restos. Ellos son los que manejaban el patrullero que salió de jurisdicción la madrugada que desapareciste”, dice en un tramo de la carta, en referencia a la decisión tomada por el ministro de Seguridad. Y en las altas esferas no hay azares posibles: el tejido entre los poderes políticos y judiciales es preciso. En un contexto de profundización de la criminalización de los pibes, el que da vía libre a los policías es Alejandro Granados, el intendente casi vitalicio de Ezeiza, el que afirmó después de dispararles a los ladrones que entraron en su casa en 1999: “Estaba en una guerra con ellos, y la guerra hay que librarla a matar o morir”. Palabras textuales de un ministro de Seguridad, mientras los linchamientos a pibes son fogoneados por los medios y políticos de turno.
En diálogo exclusivo con Marcha, Vanesa analiza el accionar de Granados: “Por supuesto, es la frutilla del postre de la impunidad. Nosotros ya sabemos quiénes son, cuál es el pensamiento que tienen sobre las políticas de seguridad. Aspiran al disciplinamiento total se los sectores excluidos. Sin respeto por la vida asesinan con sus políticas de discriminación, criminalizan a los barrios humildes y los controlan con sus mafias de seguridad, que, por supuesto, manejan gran parte del delito. Son los ocho policías que desaparecieron a Lu, los que deberían ser juzgados. No hay contradicción entre la política general de control y represión, y eso se ve ejemplificado en las actitudes de sus funcionarios. Nos exponen al cien por ciento su brutalidad”.
Y entonces es el turno de hablar sobre el asesinato del pibe David Moreira en Rosario por parte de una horda de “vecinos indignados”, y sobre los pibes que golpean cotidianamente con furia asesina. Para eso Vanesa también se pone firme: “El prototipo de pibe peligroso ya fue instalado, la discriminación y criminalización de los jóvenes es un hecho, las desapariciones forzadas de morochos son naturalizadas. Lo peor de la derecha va por más… Ahora nos muestran cómo nos asesinan a nuestros pibes”.
La justicia vuelve a estar sobre la mesa. La carta dice también, sobre el día en que Vanesa llegó a la comisaría 8va de Lomas del Mirador, donde Luciano había estado detenido: “Supimos que ellos no iban a devolverte, y que el camino por justicia a partir de ese momento lo construiríamos nosotros, tus familiares y amigos”. Y en ese tránsito algunos logros pudieron conseguir: en marzo de 2013 se trasladó la causa desde la justicia Provincial a la Federal, con el cambio de carátula por “Desaparición forzada de personas”.
Ante la pregunta de qué representa ese cambio, Vanesa es clara: “Todo. Durante cuatro años la justicia Provincial caratuló la causa como ‘Averiguación de paradero’, buscaban a mi hermano como si estuviera perdido, vivo. La Fiscal Celia Cejas de la UFI Nº7 fue más allá y, autorizada por el Juez Gustavo Banco del Juzgado de Garantías Nº5 (Partido de la Matanza), investigó a mi familia. Y así durante cuatro años jugaron al desgaste. Fue muy poco lo que se investigó. El cambio de carátula nos habla a todos de una realidad cruel que no quiere ser visibilizada: el exterminio de jóvenes humildes no debe trascender. Nuestro país sufrió con el Genocidio la desaparición de 30 mil vidas y entonces hablar de desapariciones en democracia impacta, y muchos se ven golpeados, toca intereses, y ahí salta la ficha: Hablar del pobre es bueno en el discurso de aquellos que viven, comen, visten y huelen bien; el tema se complica cuando el pobre los empieza a mirar a la cara y exige para sí su derecho, entonces, te tratan de agitador, subversivo, operador de la derecha y bla, bla, bla. Molesta una carátula donde se lea: ‘Desaparición forzada de personas’, porque eso indica que hay un aparato represivo dispuesto a ejecutar la orden”.
“Hablar de tu causa como ejemplo de una problemática terminaría con nosotros echados, ninguneados, discriminados, maltratados y todos los ‘ados’ que se imaginen. Nos tuvimos que hacer fuertes en la discusión, levantar la mirada, hablar con firmeza y exigir nuestro derecho como víctimas sin sentir que nos estaban haciendo ningún favor, sin sentirnos opositores, sin sentir como pretendían hacernos creer que denunciando esta causa jugábamos para la derecha. Tuvimos que aprender, entre muchas otras cosas, a tener cintura política porque, aunque suene triste, ese es el juego perverso de este sistema mezquino”. La carta de Vanesa le sigue hablando a la presencia de su hermano. Presencia que es cada vez más fuerte, más símbolo, cuanto más cuesta arriba se hace la lucha. Y en ese camino se ve, también, el futuro.
Y es en lo que vendrá que sus familiares y amigos siguen poniendo la mirada: “Lo que viene es muy importante: el Yuri de enjuiciamiento a tres funcionarios judiciales: Al juez Gustavo Banco del juzgado de garantías Nº 5, quien daba el visto bueno a cada instancia de investigación en la causa. A la fiscal Roxana Castelli, de la UFI Nº 7, partido de la Matanza, primera fiscal que intervino en la causa: es quien le dio la investigación a la bonaerense, cuando nosotros los denunciábamos por la desaparición de Luciano. A la fiscal Celia Cejas, de la UFI Nº1, partido de la Matanza, quien investigó a la familia durante un año y medio, pinchando nuestros teléfonos y violando nuestro derecho como víctimas. Fuimos investigados como si hubiéramos torturado y desaparecido nosotros a Lu”.
Y en esas formas que encontró, de las que hablábamos al principio, la lucha por los derechos de los pibes estigmatizados es una de las principales. Porque su hermano fue uno de ellos y porque los que luchan por verdad y justicia no piensan sólo en los suyos sino, y sobre todo, en los que quedan, en los que vendrán. Y por eso, también, su cierre es una arenga imposible de ignorar: “Salgamos a pelear por nuestros derechos y defendamos la vida, sobre todo la de los jóvenes humildes, porque ellos están en peligro”.