Por Lucrecia Fernández. El martes 23 se realizó una audiencia en Morón para impulsar la investigación por la desaparición de Luciano Arruga hace cinco años. Funcionarios nacionales y provinciales asistieron para escuchar y dar respuesta a los familiares del joven.
En una acción sin precedentes, la Justicia determinó que tanto el Estado nacional como el Gobierno de la provincia de Buenos Aires debían poner a disposición todos los medios posibles para profundizar la investigación sobre la desaparición de Luciano Arruga. Esto se debió a la orden que le impartió la Cámara Federal de Casación Penal cuando hizo lugar a una acción de habeas corpus, presentada por la madre y la hermana de Arruga, y acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el pasado 12 de julio.
El joven de 16 años, fue secuestrado, torturado y desaparecido el 31 de enero de 2009 en Lomas de Zamora. Arruga fue presuntamente capturado de manera ilegal por policías de la “maldita” bonaerense, de la localidad de Lomas del Mirador, luego de sufrir reiteradas presiones para que delinquiera para la fuerza.
La audiencia se realizó en el juzgado Federal Nº 1 de Morón, a cargo del juez Juan Pablo Salas. El mismo juez que rechazó junto a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el último planteo de Hábeas Corpus que presentó la familia junto a los abogados de la causa.
En la audiencia pública estuvieron presentes la ministra de Seguridad de la Nación, Cecilia Rodríguez, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; en representación de la provincia de Buenos Aires asistieron el subsecretario de Promoción y Derechos Humanos, Nicolás
Carvalho, y el director del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense, Alejandro Inchaurregui. También asistió el fiscal de la Procuraduría contra la violencia institucional (PROCUVIN), Sebastián Basso, y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
La familia de Luciano Arruga estuvo acompañada por APDH La Matanza y el CELS. En diálogo con el programa radial Enredando las mañanas, el integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Matias Bregante, mencionó que el caso marca la agenda la ausencia de “el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados y del secretario de Derechos Humanos de la provincia, Guido Carlotto”.
Respecto de la audiencia señaló que en términos generales la instancia fue un paso significativo al trazar “qué trabajo se hizo desde cada cartera en relación a la causa y cómo poner a circular toda esa información en común, así como sacar la burocracia de por medio para acelerar el movimiento de la información de las diferentes carteras”.
Para Bregante la decisión de la Justicia en determinar esta instancia, a cinco años de la desaparición del joven y tras arduos años de angustia y lucha de sus familiares, implica que “se está abriendo un camino que se ganó con la familia que se organizó y un montón de organizaciones que acompañaron la causa de Luciano”. El integrante de Familiares y Amigos sintetiza que es una medida que llegó tarde y probablemente pueda aportar pocos elementos a la causa: “Esto tendría que haber sucedido en el minuto cero. Entendemos que esto puede ser un precedente para que en este tipo de causas la justicia y la política trabajen de otra manera. A futuro va a allanar el camino para otras familias” concluyó.
En el marco de la audiencia, representantes del CELS emitieron un comunicado donde señalan que la madre de Luciano, Mónica Alegre, se refirió muy conmovida ante los presentes y lamentó los años sin su hijo. Alegre indicó que “este hábeas corpus es importante. En estos cinco años tuvimos que remar en dulce de leche y ustedes funcionarios y políticos, se encargaron de hacerlo más espeso. Todos los días iba a preguntar si había novedades de Luciano. Con mi humildad iba y les preguntaba por mi hijo. Me decían que espere”. Cabe recordar que durante cuatro años la causa estuvo en manos de la fiscal bonaerense Celia Cejas y el juez de Garantías provincial 5, Gustavo Banco, como “averiguación de paradero”. Recién en febrero de 2013, Juan Pablo Salas, tomó la causa e ingresó en una instancia federal de desaparición.
Para Bregante si bien “particularmente celebramos lo que sucedió ayer”, en referencia al martes pasado, “lamentamos que responsables directos y que podrían colaborar y dar un fuerte impulso a la causa, no hayan estado. Eso es doble o triplemente grave”, sentenció.
Los años sin Luciano fueron duros para sus amigos y su familia que lo buscaron incansablemente. Mientras, el entramado de los poderes políticos se hizo más evidente: luego de que el pedido de Habeas Corpus fuera rechazado dos veces y que recién se lograra su aprobación con la lucha, la semana pasada tres jóvenes que conocían a Luciano Arruga, y que eran testigos del caso, fueron detenidos ilegalmente y amenazados por policías del destacamento de Lomas del Mirador. Aún con esta medida tardía, la justicia pone en el ojo de la tormenta el accionar de la Policía bonaerense y saca a la luz un manto de complicidades e impunidad que permitieron la desaparición de Luciano.