Por Itai Hagman. El lanzamiento del plan Primera CASA BA permitió visibilizar una de las problemáticas más acuciantes de la ciudadanía porteña: la dificultad para acceder a la vivienda.
Año y medio atrás, la toma del Parque Indoamericano había exhibido las necesidades en materia de vivienda de los barrios más postergados de la zona sur de la Ciudad. Sólo en el primer mes, más de 70 mil personas se inscribieron en el programa oficial que tan sólo se proponía otorgar 3.500 créditos hipotecarios. Lo que quería ser presentado como una iniciativa de gobierno, terminó destapando la olla y visibilizando un problema estructural frente al cual el Estado no tiene respuesta.
Las dos caras de la construcción en la Ciudad
Una cuenta simple permite comprender la esencia de la crisis habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2001, según el Censo Nacional, el déficit habitacional era de 86.185 viviendas. Diez años después, con una población prácticamente igual, la escasez de viviendas ascendió a 108.225. Pero en ese mismo lapso en la Ciudad se construyeron casi 15 millones de metros cuadrados, lo que equivaldrían a más de 250.000 viviendas de 60 m2 cada una. ¿Cómo es posible que habiéndose construido esa cantidad, el déficit habitacional haya empeorado?
La especulación inmobiliaria es la lógica que domina la construcción en Buenos Aires. El motor principal de la “inversión en ladrillo” del último período no fue la ampliación del mercado inmobiliario, sino la conservación del valor del dinero o directamente la especulación con el aumento del precio de los inmuebles. El resultado de este proceso es que existen en Buenos Aires aproximadamente 150.000 viviendas denominadas ociosas. Estas son propiedades que se encuentran por fuera del mercado y que explican por qué la oferta de venta y alquiler es cada vez menor, a pesar de la construcción de viviendas.
Esta situación explica que en el mismo período (2001-2011) los precios de los inmuebles se hayan duplicado en dólares y cada año que pasa el sueño de la casa propia se aleja un poco más. La proporción de familias que alquilan también creció considerablemente, pasando del 22,1% al 30,5%, en un contexto de aumento sistemático del precio de los alquileres por encima de los ingresos. A su vez, en los últimos diez años creció la cantidad de habitantes en villas, asentamientos, hoteles o en situación de hacinamiento, contabilizando unas 500 mil personas en total que no tienen acceso a una vivienda digna.
Un Estado ausente y la teoría de la invasión
El trasfondo de este fenómeno es un mercado absolutamente desregulado, en el que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires no participa ni controla. Durante la gestión PRO esta situación se ha profundizado con la fragmentación de los organismos públicos que atienden la problemática, la caída en inversión pública y la sub-ejecución del presupuesto, otra constante del gobierno macrista que se repite también en otras áreas, como salud y educación.
La proporción del presupuesto destinado a vivienda por parte del Gobierno de la Ciudad disminuyó considerablemente durante la gestión PRO. En 2008 representaba el 3,5% del presupuesto total y para 2010 ya había descendido al 2%. En el caso del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo creado en el año 2003 y que debería ocuparse de la construcción de viviendas para los sectores de menores recursos, el contraste con las fantasías de campañas de Macri es total. Mauricio prometió en su campaña electoral la construcción de 10 mil viviendas por año pero en su primer año de gestión el IVC construyó sólo 274 y en el segundo 9, tendencia que no se revierte en la actualidad.
Existe por lo tanto una connivencia total con el proceso de especulación inmobiliaria a través del cual algunos sectores hacen negocios millonarios. El Estado de la ciudad limita la inversión pública y alienta los procesos de mercado. A su vez, la ausencia estatal en materia de vivienda genera procesos de movilización social como la toma del Parque Indoamericano. La respuesta del macrismo consiste en explicar que la Ciudad de Buenos Aires sufre la invasión del interior del país y de países limítrofes, que serían las causas del déficit habitacional y no la inacción por parte del gobierno. Pero -además de xenófoba- se trata de una argumentación que contradice absolutamente la realidad. El crecimiento de la población de la ciudad es sensiblemente menor al de la construcción de viviendas: el problema es que no están en manos de quienes las necesitan, sino de los especuladores.
La vivienda como derecho y servicio público
El artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce el derecho a la vivienda digna, estipulando la incorporación de inmuebles ociosos como unas de las condiciones necesarias para el cumplimiento de este derecho constitucional. En el año 2004 la Legislatura porteña aprobó una Ley de Emergencia habitacional, que fue prorrogada en 2007 y en 2010. Pero esta última sufrió el veto del Jefe de Gobierno, que a pocos meses de la toma del Indoamericano consideró que Buenos Aires había superado esa situación de emergencia.
Desde esta perspectiva se puede apreciar como el Plan Primera Casa BA constituye una medida aislada y sumamente limitada. El problema del acceso a la vivienda en la ciudad no se resuelve con un programa específico, sino que requiere de una orientación general de un gobierno que se atreva a afectar los intereses que alimentan la burbuja especulativa, a favor del conjunto de la población de la Ciudad.
Un cambio en la política de vivienda en la ciudad debe partir de abandonar el paradigma vigente, que descansa en el mercado como mecanismo de regulación. Este proceso genera cada vez más necesidades e injusticias y progresivamente expulsa a más sectores por razones económicas. Considerar, en cambio, la cuestión habitacional como un servicio público, tal como la educación o la salud, implica la regulación por parte del Estado en función de los intereses de las mayorías. El gobierno del PRO, sin quererlo, ha puesto el tema en agenda. Ahora será cuestión de la ciudadanía porteña organizar la fuerza para exigir que el Estado se haga cargo de garantizar el derecho a vivir en la Ciudad y a hacerlo en forma digna.