En un gesto de conciliación, la guerrilla colombiana liberó unilateralmente los últimos diez uniformados que se encontraban en su poder. Tras la señal dada por las FARC, ahora le toca al gobierno de Colombia demostrar si quiere transitar un camino hacia la paz.
Hace poco más de un mes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron que liberarían a los diez últimos policías y militares que mantenían retenidos. El lunes 2 de abril el operativo coordinado por la exsenadora Piedad Córdoba que inicialmente esta planificado en dos etapas, concluyó exitosamente.
La misión humanitaria estuvo integrada por Colombianos y Colombianas por la Paz, organización liderada por Córdoba, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el gobierno brasilero. Esta triada lleva varios años trabajando en conjunto durante las liberaciones unilaterales de la guerrilla colombiana.
El operativo comenzó en horas de la mañana, con un retraso por condiciones climáticas, con la partida de uno de los helicópteros brindados por el gobierno de Brasil, un Cougar 532UE, desde el aeropuerto de Villavicencio hacia un punto en la profundidad de la selva colombiana.
Casi 6 horas después Maria Cristina Rivera, vocera del CICR, confirmó que los uniformados ya se encontraban con la delegación humanitaria en buen estado de salud, luego de ser entregados en una zona rural en el límite de los departamentos del Meta y Guaviare.
A diferencia de las últimas liberaciones los retenidos no fueron recibidos por la prensa y los familiares en el aeropuerto de Villavicencio, sino que fueron trasladados hacia Bogotá donde se encontraron con sus allegados. De allí fueron llevados hacia el Hospital Militar y la Clínica de la Policía Nacional para realizar exámenes médicos. Luego de que sean dados de alta podrán realizar declaraciones a la prensa.
Los liberados son 4 militares y 6 policías, todos ellos retenidos por la insurgencia colombiana entre 1998 y 1999 en ataques guerrilleros a puestos policiales y bases militares. Esta práctica de las FARC ha sido declinada por la organización que anunció el 26 de febrero pasado que no recurrirá más a este método como forma de financiación.
Este gesto de paz por parte de las FARC se da en medio de una escalada de ataques del ejército colombiano a la guerrilla. Solo en las últimas dos semanas el gobierno colombiano anunció al menos 69 guerrilleros muertos durante operativos militares.
“El presidente Juan Manuel Santos siempre dijo que negociaría con las FARC si entregaba a todos los rehenes y dejaba de secuestrar. Estas dos condiciones se están cumpliendo. Ahora Santos tiene posibilidades de usar su famosa llave para abrir la puerta de la paz, avanzando en un diálogo para la solución pacífica”, afirmó el periodista colombiano Jorge Enrique Botero en entrevista para el periódico mexicano La Jornada.
Botero ha investigado a fondo el conflicto armado colombiano que lleva más de 50 años, miles de muertos, de desaparecidos y desplazados. Se ha adentrado en la selva colombiana y entrevistado personalmente a los dirigentes guerrilleros.
Para Botero el cambio de estrategia política -al anunciar el fin de las retenciones- no responde a un debilitamiento de la insurgencia, sino que es “producto de un cambio generacional, cambio de mentalidad de un grupo armado que sigue con gran capacidad de fuego y acción”.
La expectativa ahora está puesta en los próximos movimientos del gobierno de Santos. Desde la última liberación unilateral el 16 de febrero pasado, el grupo Mujeres del Mundo por la Paz, que nuclea a distintas personalidades de la política americana, venía insistiendo con la necesidad de liberar a los 10 últimos retenidos como paso para avanzar hacia una mesa de diálogo entre gobierno y guerrilla.
Las negociaciones tuvieron su fruto del lado de la guerrilla, no así del lado del gobierno colombiano que no vio con buenos ojos la intervención de mujeres de otros países. Así fue como negó que para esta última liberación participara la premio nobel de la paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, miembro del grupo de mujeres por la paz.
Asimismo el gobierno colombiano negó a Piedad Córdoba y otros miembros de Colombianos y Colombianas por la Paz, a realizar visitas a las cárceles donde se encuentran miles de guerrilleros presos. Organizaciones de Derechos Humanos vienen denunciando las pésimas condiciones de encierro y la sistemática violación de los derechos más fundamentales para los presos políticos.