Por Federico Polleri y Josiana García, desde Mar del Plata. El veredicto para los 14 represores responsables de 85 hechos ocurridos en el circuito represivo Mar del Plata-Necochea, estableció la prisión perpetua para seis de los militares imputados, penas de entre 12 y 5 años para los policías y para el integrante de la CNU. Dos imputados fueron absueltos y puestos en libertad.
La entrada de efectivos de un grupo especial de la Policía Federal Argentina, previo al ingreso de los imputados, no presagiaba algo bueno. A pesar de eso, nadie perdía la esperanza, lo que pudo verse en el ingreso a la sala, que estuvo desbordada de gente y demoró el inicio de la lectura del veredicto. La cantidad de personas que no pudieron entrar terminó por permitir que se dejen las puertas abiertas para que el hall de la antesala permitiese mantener al tanto de la sentencia a quienes allí se encontraban.
Afuera del tribunal, más 400 militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos, siguieron la lectura en pantalla gigante, aplaudiendo las condenas a prisión perpetua y abucheando las penas que consideraron “blandas”.
Los hechos juzgados en esta megacausa, tuvieron su epicentro en el Centro Clandestino de Detención “La Cueva” (ex radar Base Aérea Mar del Plata), la Comisaría Cuarta de Mar del Plata y la Comisaría Primera y la Subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea.
Para los familiares y abogados querellantes, el ansiado resultado dejó un sabor “agridulce” y anticiparon que, una vez analizados los fundamentos del veredicto, podrían interponer un recurso de Casación.
El veredicto
El presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) leyó durante treinta y cuatro minutos la decisión de los magistrados Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros. Así, los presentes pudieron enterarse de cada una de las condenas resueltas por los Jueces del Tribunal. Las primeras en escucharse fueron las que sentenciaron a prisión perpetua al ex general Alfredo Arrillaga, a los ex coroneles Eduardo Blanco, Jorge Toccalino y Leandro Marquiegui, al ex comodoro Ernesto Agustoni, y al ex vicecomodoro José Beccio. También se pudo conocer la pena de 25 años de prisión para el ex capitán Fortunato Rezett, los 12 años para el ex comisario Ernesto Orosco, los 7 para el ex subcomisario Héctor Bicarelli, los 5 para el ex comisario Héctor Cerruti, para el ex oficial Mario Larrea y para el ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Nicolás Caffarrelo. Por último, el presidente del TOF anunció la absolución del ex subcomisario Aldo Sagasti y del ex inspector Marcelino Blaustein.
Además, los magistrados resolvieron por mayoría revocar las prisiones domiciliarias oportunamente concedidas a Arrillaga, Marquiegui, Blanco, Toccalino, Agustoni, Beccio, Rezett, Orosco y Cerutti. Disponiendo sus traslados a establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal.
Los que quedaron afuera
Tres imputados no fueron alcanzados por esta sentencia. El ex oficial de Policía Adriano Argüello y el ex coronel Aldo Máspero fueron separados del juicio por motivos de salud. Por su parte, el ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina murió durante el juicio. Este último en 2010 fue el primer condenado en Mar del Plata por crímenes de lesa humanidad, con la pena de prisión perpetua. Fue también el primer condenado por el delito de violación sexual, cometido en el marco del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar.
“Hay que tener esperanza”
El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, estuvo presente durante la sentencia, sentado en primera fila, con los ojos clavados en el piso escuchando con atención el veredicto. Es que el funcionario era parte de la causa debido a que sus padres, Tomás Fresneda y María de las Mercedes Argañaraz, fueron secuestrados en julio de 1977, en Mar del Plata, en la llamada “noche de las corbatas”.
Al terminar la sentencia, Fresneda se mostró conforme por la condena a los responsable de la desaparición de sus padres, al tiempo que sostuvo que “como Secretario de Derechos Humanos de la Nación tengo la obligación de decir que he visto penas muy reducidas, penas que no se condicen con la realidad, no se condicen con el sufrimiento de las víctimas”. También aclaró que por esta razón “evaluaremos la posibilidad de interponer un recurso de Casación a través de nuestros abogados que son querellantes en la causa”.
“Sabor agridulce”
Por su parte, el abogado querellante César Sivo, consideró que la sentencia dejó “un sabor agridulce”. “Por un lado, por las bajas penas a aquellos casos que tenían penas divisibles y, por otro, por la satisfacción de que en algunos casos por lo menos se siente que el brazo de la justicia ha llegado”.
También rescató que se hayan dictado las prisiones perpetuas y que a los imputados se les ordene que la cumplan en cárceles comunes. “Esto no deja de ser un avance significativo”, resaltó.
Sivo sostuvo que para los casos en dónde no se logró condena o fueron por debajo de las expectativas de los querellantes, apelarían a una instancia superior. “Sabemos que el camino se hace cada vez más difícil -aclaró-; se trata de intentar que un tribunal de Casación, que no estuvo en el juicio, trate de entender lo que los jueces, que estuvieron, no entendieron”.
Penas bajas para los policías
Para muchos, lo que dejó en claro esta sentencia es que para la Justicia hoy existe un contexto político favorable para el juzgamiento de los militares responsables del terrorismo de Estado, pero que esto cambia cuando se trata de dictar condenas a civiles o a policías involucrados.
Para Sivo el TOF dictó, en estos casos, penas como si se tratase de delitos comunes, y no de delitos de lesa humanidad. “En un delito común vos podes entender una participación primaria en ese orden, pero estamos hablando de privaciones ilegales de la libertad contra perseguidos políticos, en el marco de delitos de lesa humanidad, en un plan sistemático”, argumentó.
Afuera del Tribunal, la bronca
Sobre las vallas que protegían la sede judicial, colgaban carteles con las caras de los desaparecidos. Más de 400 personas que esperan escuchar el veredicto realizaron un acto en la Avenida Luro frente al TOF, cortando ambas manos. La concentración estuvo dividida por algunas de las diferencias políticas que atraviesan el debate nacional actual. Como consecuencia de esto, se instalaron dos radios abiertas en la misma cuadra. Una, organizada por la agrupación H.I.J.O.S, Jóvenes al Frente, el PCR, el PTS, el PO, Liberación, el FPDS, el Movimiento Libres del Sur y Memoria Portuaria. La otra, por organizaciones que integran el espacio “Unidos y Organizados”: Movimiento Evita, Corriente Peronista Descamisados, Nuevo Encuentro, Kolina, La Cámpora. Además, se sumaron las dos CTA y Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Las diferencias quedaron expresadas, pero hubo una consigna compartida: “cárcel común y perpetua para los represores”.
A través de una pantalla gigante se siguió la lectura de la sentencia. Los aplausos sonaron cada vez que se escuchó “se condena a reclusión perpetua”; y ganaron el aire los silbidos cuando las absoluciones se impusieron sobre el deseo de justicia.
Al finalizar la lectura del veredicto, y ante la indignación generalizada por las bajas penas a parte de los imputados, comenzaron cánticos contra los oficiales de la Policía Federal que, detrás de las vallas, custodiaban la entrada al tribunal. Volaron huevos, botellas, harina y pintura, mientras se desparramaba un líquido rojo en la vereda del edificio del poder judicial que quedó, de este modo, “ensangrentado”.
Los fundamentos del fallo se darán a conocer el próximo 29 de noviembre y sobre estos, probablemente, se montará la estrategia que buscará que el Tribunal de Casación revise el veredicto y profundice las condenas de los imputados. Ese sería el deseo de las víctimas, los abogados querellantes y las organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos que, más que nunca, siguen ansiando justicia.