Mientras las encuestas anuncian el crecimiento de su popularidad, Nayib Bukele se muestra alejado del pueblo al pretender gobernar por Twitter. A un mes de su asunción emprendió un plan polémico: enfrentarse a las pandillas con recetas de una derecha de “mano dura”.
Por Raúl Palencia y Laura Salomé Canteros
El 1 de junio Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador con poca claridad de sus políticas y plan de gobierno. Desde entonces, su forma de gobernar se ha caracterizado por utilizar las redes sociales como despacho y lugar virtual desde donde se emiten mandatos a integrantes de su gabinete y de las instituciones del Estado. Parece ser el único espacio por el que se dan a conocer sus políticas y también el canal directo para comunicarse con las demandas de la gente. Esto logra que el presidente maneje las redes de tal forma que su popularidad sea reconocida cada vez más y que se desconozca la totalidad de su programa de gobierno. Mientras destituye a funcionarios/as del gobierno anterior y hace despidos públicos de familiares de funcionarios del FMLN, en para el despido de 400 empleados/as de 5 secretarías aludiendo el parentesco que tienen con dirigentes del gobierno anterior.
Este estilo de gobierno ha sido aceptado y celebrado por gran parte de la población que tiene acceso a redes sociales, es más, encuestas difundidas por medios afines a su partido político de línea de derecha, afirman que su popularidad asciende al 80%. Sin embargo, son muchas las personas que, por otra parte, están expectantes de las medidas que va a tomar Bukele para dar respuesta a los problemas más importantes y estructurales del país como la migración masiva, la falta de empleo, desigualdad y la inseguridad.
Según la ONU, El Salvador está dentro de los países más violentos de América Latina y desde 2014 hasta la fecha el país no ha salido de los primeros cinco más violentos de la región, superando inclusive a sus hermanos del llamado triángulo norte de Centroamérica. La mayoría de las muertes se categorizan como muertes violentas y se atribuye la responsabilidad a las pandillas, constituidas en su mayoría por jóvenes entre los 14 y 25 años, con presencia en todo el territorio nacional y con articulación internacional que conecta a Centroamérica con México y los Estados Unidos. Según datos oficiales de la Policía Nacional Civil -PNC-, la inseguridad provocó que 231 personas fueran asesinados en lo que va del mandato de Bukele. Un promedio de 8 salvadoreños/ as menos por día.
A pesar de que fue una de sus promesas apenas electo, Bukele tardó un mes en dar a conocer la primera acción en respuesta a esta problemática. Fue el pasado 20 de junio con que se comenzó el llamado “Plan Control Territorial” que consiste en un despliegue de la presencia de fuerzas de seguridad combinadas entre la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas de El Salvador en 12 de los municipios con mayor presencia de las pandillas. Para ello dispusieron de 2.500 agentes de la PNC y 3.000 soldados de las FAES, quienes realizaron operativos de búsqueda y captura. A este plan de seguridad se le suma el traslado de 1.624 reos de los distintos centros penales con el fin de desarticular a las pandillas, que desde 2004 estaban distribuidas en distintas cárceles según su grupo de pertenencia.
El Plan Control Territorial es la aplicación de una vieja receta utilizada por los gobiernos anteriores. Estas medidas represivas fueron utilizadas durante el período de 20 años del gobierno de ARENA (1989-2009) cuando le llamaron “mano dura” y “súper mano dura” y buscó la modificación de leyes para poder criminalizar a las pandillas, lo cual sobre saturó de población las cárceles. Durante el gobierno del FMLN (2009-2019) las políticas de seguridad tuvieron cierta impronta integral en búsqueda de construir un diálogo con las pandillas para poder alcanzar la anhelada paz. Esto se vio saboteado por Estados Unidos y la falta de voluntad política con distintos sectores. A pesar de los considerables resultados y la reducción de la criminalidad, el mal manejo del diálogo y la presión de los medios hizo que rápidamente se perdiera legitimidad en la salida por medio de la llamada “Tregua entre pandillas”, y los homicidios volvieran al país en uno de los lugares más peligrosos de la región en el 2014. Esto tuvo como resultado el recrudecimiento de las políticas de seguridad a tal punto de re- categorizar a las pandillas y colocarlas como grupos “terroristas”.
Desafiar a las pandillas vía Facebook Live
El 1 de julio el presidente Nayib Bukele lanza por sus redes un video enviando un mensaje a las pandillas. El mensaje tiene tonos benévolos de amenaza, en donde lo primero que menciona es: “nosotros no queremos muertes… paren de matar… ¿Cúal es el futuro que les queda? ¿Muerte, la cárcel?” a lo que le sigue es nombrar que el único futuro que les queda ahí es la muerte, “vayanse a sus casas…”. El presidente luce un lujoso atuendo de reconocida marca mientras se burla de la vestimenta de un pandillero capturado en la operación y mientras repite, tres veces, las armas que le encontraron a dos pandilleros que luego asesinó la policía en “supuesto” enfrentamiento buscando justificar y dibujar un enemigo público. Estos pandilleros de los que habla Bukele por redes son jóvenes que dentro de la pobreza y la ausencia del Estado en los barrios en los que viven sólo tienen una alternativa a su futuro.
En su video de 2:38 minutos, sin protocolos y al mejor estilo Facebook Live, el presidente deja un mensaje claro que se logra colar en un lenguaje que intenta ser ameno y cercano: la política que está siendo ejecutada por las fuerzas de seguridad hacia el pueblo salvadoreño es represiva y busca pasar por encima de los derechos fundamentales de las y los jóvenes pobres y excluídos de la sociedad salvadoreña. Pero también es un vídeo que le habla a la población en general, y en específico a ese público de las redes (que sería un 10,8% mayor de 18 años) que aprueba estos perversos planes de seguridad. Lo otro menos evidente es que no se tiene una opción para combatir una estructura económica que empuja a miles de jóvenes sin opciones de educación ni empleo a las pandillas, la migración y el trabajo precarizado.
Un mensaje a las pandillas… pic.twitter.com/STdBPhFRcX
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 1, 2019
“Plan Control Territorial” fase 2: ejecutado, ¿por quiénes?
En una mesa llena de varones, la mitad de ellos uniformados, Nayib Bukele encabezó el martes 2 de julio una conferencia de prensa en Casa Presidencial donde presentó la fase 2 del “Plan Control territorial”, llamada “Oportunidad” y que fue noticia para la ciudadanía, los medios y el ejército de trolles que obstruyen el debate público en las redes sociales. Una iniciativa destinada a generar opciones para evitar el reclutamiento y provocar la deserción de jóvenes en las pandillas y que equivaldría al desembolso de 91 millones de dólares por parte del Estado salvadoreño, previa consulta a las/ os diputados de la Asamblea Legislativa.
No son casuales los perfiles de dos de los nombramientos de la presidencia Bukele en el área: Mauricio Arriaza Chicas como Director de la Policía Nacional Civil y de Osiris Luna Meza como Viceministro de Seguridad y Director de Centros Penales. Arriaza, un oficial de línea dura, fundador de la PNC y cuestionado en varias investigaciones por supuesto fraude procesal e irrespeto a los Derechos Humanos. Luna, aún diputado del partido de derecha -GANA- que llevó a Bukele a la presidencia, quien se declaró a favor de la pena de muerte y de la “eliminación” de pandilleros. Con esto se descarta la posibilidad de diálogo y tregua, una medida que en 2012 redujo a la mitad la cantidad de homicidios, y se consolida una política de mano dura desde el Estado que en dos décadas no ha mostrado ser exitosa sino todo lo contrario, ha fortalecido el control de las pandillas sobre algunos territorios.
Si bien del plan poco se sabe, según declaraciones de funcionarios, “por cuestiones de confidencialidad”, en Twitter abundaron expresiones que poco tienen que ver con gobernar con responsabilidad y/ o buscar la concordia en una sociedad que aún padece los dolores de la guerra interna. “Estamos obligando a los pandilleros a irse a las montañas”, declaró Rogelio Rivas, Ministro de Justicia y Seguridad Pública, quien también afirmó “vamos a combatir frontalmente al crimen organizado, no cabe ninguna negociación o tregua”. Por su parte Osiris Luna Meza, Viceministro de Seguridad y director de Centros Penales “ad honorem”, fue más allá con su entusiasmo represivo y declaró: “Cumpliendo la orden del Presidente Nayib Bukele de endurecer las políticas”… “Hemos puesto a todos los grupos terroristas en un mismo centro. Les vamos a demostrar que el Estado se respeta”.
Mientras, la primera reacción fue la de jueces quienes, a través de una carta formal pidieron a la Corte Suprema de Justicia que interceda ante el Presidente de la Nación ya que “hay un manejo mediático del problema”, “existe información tergiversada sobre las declaraciones de emergencia” (que no pueden decretarse de forma indefinida ya que la ley penitenciaria otorga 15 días sin prórroga) y que “se pretende estigmatizar y deslegitimar la función jurisdiccional”. El peligro es evidente, la matriz política represiva se trasladará a los territorios donde determinar quién es pandillero o quién ciudadano quedará a criterio de los integrantes de la PNC o las FAES. Una división entre buenos y malos, asesinos y víctimas, amigos y enemigos que se dirimirá con el poder de las armas. Una lógica de enfrentamiento que requiere ser superada en El Salvador. Y más si se requiere la construcción de una narrativa millenial, de una política que mire al futuro y que no repita recetas que no funcionaron.
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