Por Carina Reyes. La provincia de Buenos Aires logró pagar los aguinaldos adeudados a los 500 mil trabajadores estatales. Semanas atrás, trabajadores de hospitales, escuelas y dependencias municipales realizaron diversas medidas de fuerza rechazando el fraccionamiento del pago del aguinaldo en cuotas.
La semana comenzó sin inconvenientes. Las escuelas abordaron el dictado de clases luego del receso invernal y la fecha de inicio de las mismas se cumplió tal como estaba previsto en el ciclo lectivo. Un panorama que se presentaba incierto cuando la provincia que gobierna Daniel Scioli evidenció que no podía afrontar el pago de los aguinaldos.
Durante el receso escolar fueron diversas las decisiones políticas que se sucedieron para resolver la situación de déficit fiscal que socava a la provincia de Buenos Aires. Las medidas económicas implementadas consistieron en emisión de bonos, la renovación del canon de los bingos, la emisión de títulos públicos y el recorte de subsidios a la educación privada, herramientas que se transformaron en las fuentes de recursos que necesitaba la provincia urgentemente.
En el medio de este contingente critico, la tensa relación que mantiene la Nación con el gobernador retrasó un préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad administrado porla ANSeS, de 600 millones de pesos, que llegó tarde pero que permitió completar el viernes el pago del aguinaldo.
Para el futuro se espera que la provincia obtenga de forma adicional lo que se ahorra frente al recorte de 380 millones de subsidios que destinaba a la enseñanza privada. Además de los 1.500 millones de pesos aportados por la renovación de concesiones por 15 años a las salas de bingo en el territorio bonaerense.
El paso de las vacaciones generó cierta calma aunque aún se mantiene la tensión, principalmente porque estas medidas no resuelven el problema de fondo que tiene que ver con el sistema federal de coparticipación de impuestos, donde no sólo Buenos Aires es perjudicada, sino que la mayoría de las provincias encuentran su límite de sostenibilidad fiscal.
Los años de crecimiento al 8 o 9 % anual, desde 2003 hasta 2008, le permitieron a las provincias recaudar más, y recibieron adicionalmente transferencias directas del sector público nacional, que no constituyen una ordenanza, sino que se sustentaron en base al abultado superávit fiscal de la administración central. El problema estructural que existe de fondo es complejo, y conduce a tener en cuenta elementos que nos retrotraen a los años 90, principalmente a las políticas de descentralización que reinaron en dicha década.
Como parte del nuevo esquema de tipo de cambio instaurado en 1991, se iniciaron bajo el plan de convertibilidad la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica que significaron, entre otras graves medidas, el traslado a las provincias del gasto en educación y salud y una promesa de reforma de la ley de coparticipación. Esto se dio a través de la firma de dos importantes pactos fiscales en 1992 y 1993, luego de que fracasaran los intentos de privatización de estos sectores en el interior. El resultado neto fue un mayor gasto provincial, y menores recursos, contradiciendo el principal objetivo del pacto que consistía en la reducción de los déficit presupuestarios provinciales.
La Ley
de Coparticipación de Impuestos Nacionales aprobada en 1988 (Ley Nº 23.548) contiene los criterios de distribución de los recursos fiscales entrela Nacióny las provincias que rigen hoy en día. La misma dice que “la distribución entrela Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio de la Nación”.
Los impuestos que generan mayor recaudación y se coparticipan son: IVA, Ganancias, Bienes Personales y Combustibles. El destino de los tributos coparticipados viene dado por la legislación vigente:
* 15% para el sistema jubilatorio estatal.
* 42,34% parala Nación.
* 54,66% para las provincias.
* 2% para ser distribuido entre Buenos Aires (1,5701%), Chubut (0,1433%), Neuquén (0,1433%) y Santa Cruz (0,1433%).
Esta ley debía modificarse en 1996 pero no se logró. Desde su sanción se fueron concibiendo un creciente número de legislaciones y decretos ad hoc que definieron criterios anexos de distribución de los recursos que concentrala Naciónhacia determinadas provincias, lo que conduce a que se denomine este sistema de distribución el “laberinto de la coparticipación”. Aunque muchas de las provincias denuncian que ni siquiera se cumple la garantía que establece el artículo 7° de la ley que exige al gobierno nacional transferir como mínimo el 34% de la recaudación total.
Esta situación le imprime un límite inflexible a la capacidad de los gobiernos subnacionales para aumentar su recaudación propia. Si bien existen medidas de corto plazo como las tomadas por la provincia de Santa Fe y Buenos Aires que realizaron una actualización del impuesto inmobiliario y dieron un aumento del impuesto a los ingresos brutos, esta situación imprime en las provincias de menor capacidad recaudatoria el camino de la reducción del gasto. Y el problema central es que el mayor peso en el gasto provincial son los salarios, con lo cual recortar el gasto implica justamente el despido de trabajadores o el pago de salarios en cuotas. Esta situación compleja deja en claro que bajo este sistema existe un progresivo deterioro de las cuentas públicas provinciales.
Objetivos de equidad territorial, de mejora en la distribución del ingreso a nivel nacional, o de un desarrollo mas equitativo entre las 24 provincias que componen nuestro país exigen que la ley de coparticipación federal se modifique teniendo en cuenta las disparidades que existen en torno a la población, el territorio, las necesidades básicas insatisfechas, así como las capacidades recaudatorias de cada región. Si aspiramos a una situación mejor aún, esta ley debería complementarse por una reforma del sistema impositivo argentino, sobre todo de los impuestos más regresivos, como es el caso del IVA.