Por Carla Poth. Cinco integrantes de la Asamblea de Tinogasta, en Catamarca, fueron llamados a declarar en el marco de una causa que imputa a más de cincuenta vecinos. Pero la lucha continúa.
El gobierno provincial, con Lucía Corpacci a la cabeza, continúa desplegando múltiples estrategias de hostigamiento, aprovechando la escasa exposición mediática que en estos momentos tiene la problemática. Sin embargo, la asamblea continúa sosteniendo el bloqueo selectivo e informativo que impide el paso de camiones que transportan insumos y maquinarias para la corporación minera La Alumbrera. Este grupo empresario está formado por las trasnacionales Xstrata, Goldcorp Inc. y Yamana Gold, y asociado al Estado provincial y al nacional a través de una Unión Transitoria de Empresas.
Tras los palos, la injusticia…
“¡No pasarán!” Este sigue siendo el grito de los asambleístas de la provincia de Catamarca. Desde el 29 de enero, el pueblo de Tinogasta mantiene en pie el corte de la ruta 60, bloqueando el Paso Internacional de San Francisco. La violenta represión sufrida el 10 de febrero de este año por parte de las fuerzas estatales, lejos de amedrentar, avivó las llamas del reclamo que los habitantes de Tinogasta vienen sosteniendo. El objetivo es claro y concreto: la prohibición, sin excepciones, de cualquier proyecto megaminero en el país, lo que implicaría el cierre de la empresa la Alumbrera y del proyecto de Agua Rica. La estrategia: el bloqueo selectivo de camiones que trasladan insumos y maquinarias para el funcionamiento de la megaminera La Alumbrera, y un trabajo cotidiano de información y debate en la comunidad.
Hace diez días, el intendente de Tinogasta, Hugo Daniel Ávila, anticipó que el poder judicial empezaría a tomar medidas para que los asambleístas abandonen el bloqueo de la ruta. Mientras estos dichos tomaban notoriedad pública, el presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, José Ricardo Cáceres, planteaba que el objetivo sería cumplido, así fuera usando “perros, camiones hidrantes, gases y balas de goma”. Y las acciones para levantar el corte no se hicieron esperar.
El miércoles 25 de abril fueron llamados a declarar cinco vecinos, en el marco de una causa que imputa a más de cincuenta integrantes de la asamblea. Entre los argumentos esgrimidos para las imputaciones se encuentran la desobediencia judicial, el entorpecimiento del tránsito terrestre e incluso la figura del atentado. A estas medidas judiciales se suma el permanente asedio político y mediático, acusando a los asambleístas de entorpecer, con sus cortes, las economías regionales.
Darío Moreno, integrante de la asamblea y uno de los imputados, explica que estas medidas denotan que “la justicia provincial y local obedecen al poder político de la provincia”.
Las imputaciones a los asambleístas son mucho más que acusaciones sin sustento. Porque mientras la justicia llama a declarar a quienes luchan por su derecho a un ambiente sano y a decidir sobre los proyectos productivos que desean desarrollar en su región, los mismos fiscales brindan garantías legales para que los camiones que transportan insumos y materiales requeridos por la compañía sean escoltados por patrulleros de la policía provincial.
Tinogasta no está sola
No es sólo la asamblea de Tinogasta la que se encuentra en permanente estado de alerta. El viernes pasado, Rodolfo Miccone, secretario de Minería provincial, Francisco Gordillo, ministro de Gobierno, y Ángel Mercado, ministro de Producción, se hicieron presentes en Andalgalá, otra localidad de la provincia, para inaugurar una Oficina de Atención Minera.
Este hecho no hizo más que alimentar el descontento de los pobladores, quienes se mantienen atentos a los múltiples rumores de que estaría comenzando a funcionar el proyecto de Agua Rica, una explotación tres veces más grande que la de La Alumbrera, actualmente en funcionamiento.
En este marco, el pueblo se autoconvocó a la plaza central de Andalgalá y realizó escraches a los visitantes gubernamentales. La movilización consiguió el retiro de los funcionarios, mientras se producían enfrentamientos entre algunos manifestantes y trabajadores mineros.
Como demuestran los hechos, la lucha de estos pueblos sigue vigente. Los medios masivos de comunicación dejaron de tomar esta problemática, al no poder capitalizar el discurso político de las asambleas. Pero la resistencia continúa en varias localidades del Cuyo-Noa, como Tinogasta, Andalgalá, Famatina, Chilecito, Belén, Santa María y Amaicha del Valle. Estas poblaciones vienen demostrando que no bajarán los brazos ante el modelo extractivo que se les intenta imponer. Un modelo que, en manos de las transnacionales, se lleva agua y metales, dejando químicos y montañas explotadas; se lleva trabajo y deja territorios devastados.
Los pueblos del norte luchan porque sus reclamos sean escuchados. Luchan porque sus derechos sean respetados. Luchan porque saben que, aunque les quieran quitar todo, nunca les van a poder arrancar las ganas de luchar.