Foto: Romina Elvira
Por Federico Polleri, desde Mar del Plata. Tras un paro de 81 días, los marineros levantaron la medida de fuerza que tuvo paralizada la actividad industrial del principal puerto del país. Una lucha por aumento salarial fuertemente condicionada por la judicialización de la personería gremial de uno de los sindicatos del sector.
El Secretario General del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), Juan Domingo Novero, respondió con tres palabras la consulta de Marcha sobre el resultado del conflicto: “fue un empate”. Los empresarios, por su parte, consideraron la larga huelga “un despropósito”. El intendente Gustavo Pulti, mediador a pedido del ministro de trabajo Carlos Tomada, anunció el dilatado acuerdo en conferencia de prensa, sosteniendo que el proceso fue “doloroso para Mar del Plata”.
Lo cierto es que lo convenido entre las partes es casi un espejo de lo firmado por el Sindicato Obrero de Marítimos Unidos (SOMU), único gremio que cuenta con personería gremial y silla en las paritarias. El mismo convenio había sido rechazado por el SIMAPE, la organización con más afiliados en el sector pero con su personería suspendida.
Lo acordado implica un 22% de aumento salarial en dos cuotas de 11%, la última de las cuales la percibirán con los salarios de julio con carácter “no remunerativa” y pasará a ser “remunerativa” a partir de octubre. Además, los empresarios se comprometieron a pagar los sueldos caídos de junio y julio, tras las suspensiones enviadas a los obreros en huelga. Por último, acordaron el reajuste del aguinaldo según este nuevo esquema de pago.
Una negociación difícil
La búsqueda del acercamiento entre ambos sindicatos y las cámaras empresarias tuvo una inusitada participación de funcionarios nacionales y locales. Desde Carlos Tomada y Noemí Rial, por el Ministerio de Trabajo de la Nación, hasta el intendente comunal, Gustavo Pulti, pasando por el ministro del interior, Florencio Randazzo, y el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.
Todo el proceso de negociaciones se desarrolló en un nivel extremo de tensión. Desde el SIMAPE acusaron a Berni de “militarizar los muelles” con la presencia de la Prefectura Naval, a través del grupo Albatros. Los empresarios señalaron al sindicato como responsable del incendio de la sede de la Cámara de Armadores, luego de que se frustrara una reunión en el Ministerio de Trabajo.
Así las cosas, nadie era muy optimista sobre el resultado de una negociación que empezó con el legítimo reclamo salarial de los marineros y terminó viciada por la imposibilidad de diálogo y las internas políticas y sindicales.
El acuerdo
La resolución finalmente fue rubricada por la viceministra de trabajo, Noemí Rial, quien convalidó el acuerdo al que arribaron el SIMAPE y el sector empresario, representado por la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) y la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, pero sin mencionar al gremio en conflicto y poniendo como condición el consentimiento del SOMU.
La clave del conflicto: la personería gremial
En el Estado existen diversos gremios del mismo sector con personería gremial y reconocimiento del Ministerio. Esto permite a los trabajadores estatales optar, por ejemplo, entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN-CGT), sin limitaciones en las negociaciones laborales, salvo la emanada de la representatividad que tenga cada uno en sus lugares de trabajo (si bien la Ley de Asociaciones Sindicales limita esta posibilidad, la Corte Suprema dictaminó, en el año 2008, un falló histórico a favor de la pluralidad sindical que actualizó la necesidad de esta discusión en el ámbito político y sindical).
En la actividad privada, en cambio, se da con mayor frecuencia lo que se conoce con el nombre de “unicato”, es decir, la existencia de un solo gremio por sector. La Central de Trabajadores de la Argentina reclama hace muchos años la pluralidad sindical y actualmente tiene más de 57 organizaciones con personerías que aún no son reconocidas por el Estado. No son tantos los casos en la CGT; el SIMAPE es uno de ellos.
Este conflicto puso sobre la mesa cuánto afectan las limitaciones a la pluralidad sindical no sólo a los intereses de los trabajadores, sino a la conflictividad social en general.
Es que, en los ochenta y un días de paralización del puerto marplatense, el problema siempre fue un dictamen de la Justicia que le impide al SIMAPE negociar el salario de sus representados. A pesar de no poder negociar con las Cámaras, el Sindicato dirigido por el “gato” Novero, antiguo aliado de Scioli, suma hoy 2200 afiliados, la mayoría de los marineros en actividad. La Justicia puso en suspenso su personería gremial a instancias de una presentación hecha por su gremio rival, el SOMU, dirigido por Omar “caballo” Suárez, aliado del gobierno nacional, quien representa a la mayoría del sector fuera de Mar del Plata. Suárez llegó a amenazar con un paro nacional si los empresarios firmaban algún acuerdo con el SIMAPE.
El balance
Novero consideró que la responsabilidad fue de los empresarios. “Los armadores no se querían sentar a negociar con nosotros -declaró en diálogo con Marcha-. Si esto que hicieron ahora pasaba tres meses atrás, no hubiésemos tenido ningún problema”. Además, agregó: “Para nosotros fue un empate. Tuvimos que resignar parte de nuestras expectativas por la cantidad de días que llevábamos”.
Hubo muchas pérdidas, sobre todo para los fileteros que necesitan del pescado en las plantas para poder trabajar. Por no estar registrados, o por estarlo en las llamadas “cooperativas truchas” que facilitan la tercerización de personal a las empresas, la mayoría de los obreros de tierra trabaja en negro y no cobran el llamado “garantizado”, un básico que les da derecho a un sueldo mínimo aunque no haya materia prima para filetear.
Un solo dato muestra el impacto que tuvo el conflicto en este sector: al padrón que habilitó el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP), para saber cuántas familias fileteras necesitarían ayudas económicas, se inscribieron, en una semana, más de ocho mil personas.
La vuelta a la “normalidad”
Este conflicto desnudó que lo que estuvo en juego, durante más de 100 días, fue la disputa por la personería gremial entre los dos sindicatos del sector, incluso por sobre las reivindicaciones planteadas.
Los trabajadores consideran que los grandes ganadores fueron los empresarios, quienes lograron acordar un aumento salarial muy por debajo de la inflación. Los grandes perdedores parecen ser, una vez más, los trabajadores de toda la industria de la pesca que sólo esperan poder volver a trabajar y que se resuelva la discusión sobre sus representaciones sindicales. El Estado pareció quedar atrapado en su propia decisión de negar la pluralidad sindical realmente existente.
Sé terminó el conflicto. Ahora el Puerto volverá a la “normalidad”. Una normalidad que, según datos del propio Ministerio de Trabajo, tiene cerca del 80% de sus trabajadores en negro.
Cosas pendientes, que le dicen.