Los abogados del Grupo Clarín exponiendo sus argumentos en la audiencia
La audiencia pública realizada este jueves por la Corte Suprema puso cara a cara a los representantes del Estado y del Grupo Clarín antes que el Máximo Tribunal nacional tome una decisión en relación a las varias causas acumuladas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
“Incapacidad de sobrevivir”, “hostigamiento”, “desbarate de un medio”: los alegatos del Grupo Clarín. “Crecimiento empresario monopólico”, “prácticas depredadoras” que comenzaron en la última dictadura militar, “el país se hundía y ellos crecían”, la respuesta del Estado. Los cruces de argumentos fueron parte del último encuentro entre la corporación mediática y el Gobierno nacional, gracias a la audiencia que llevó a cabo la Corte Suprema este jueves de cara a la sentencia que pondrá un fin al conflicto judicial que impide que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en octubre de 2009, entre en plena vigencia.
Los integrantes del Máximo Tribunal nacional realizaron más de 50 preguntas a los representantes del grupo empresario y el Estado nacional, en donde se tocaron diversos temas y donde las acusaciones fueron desmedidas. Ambas partes dejaron a un lado los eufemismos y reprodujeron sus argumentos atacándose y haciendo una defensa irrestricta de sus posiciones en torno a la Ley de Medios.
De todas formas, es importante recordar que después de la audiencia convocada por la Corte, el Grupo Clarín se encargó de aclarar que no acatará una decisión que no beneficie a sus empresas. El abogado de la corporación, Damián Cassino, afirmó ante la pregunta de los periodistas de Tribunales que “existen instancias internacionales de apelación, inclusive”.
En el encuentro que comenzó la mañana de este jueves, el abogado y sus pares Alejandro Carrió y María Gelli alegaron que si se acepta la aplicación de los artículos que implican el desprendimiento de medios, el Grupo tenderá hacia una “incapacidad para sobrevivir”. En este mismo orden de ideas, los letrados precisaron que existe un “hostigamiento estatal” que no les permite desarrollar su actividad comercial.
Las preguntas consensuadas por los ministros de la Corte fueron más incisivas de lo normal en una audiencia de esta magnitud. El cuestionario comenzó con una pregunta para Clarín: “¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión?”, en relación, por supuesto, a la aplicación de la Ley de Medios. La respuesta de Cassino fue: “La ley produce un efecto contrario al que declara, se afecta la libertad de expresión porque se afecta la sustentabilidad del Grupo”. A partir de entonces, dos modelos económicos se enfrentaron.
En tanto, su colega Gelli advirtió que “se desbarata un medio que es una puerta al mundo”. Carrió sostuvo esta posición manifestando que “se va a perder la única voz crítica que existe en nuestro país”, reflotando argumentos que hasta entonces parecían vedados para la batalla mediática en la que Clarín alega ser un medio independiente y solo eso. Esta vez, la corporación buscaba contraatacar.
Pero, entonces, llegaron preguntas más incómodas. Los miembros de la Corte cuestionaron: “Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del Grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tengan esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión o deberían ser subsidiados para equipararlos a Clarín?”. Ante la reiteración por parte de Gelli del argumento de la “sustentabilidad”, el presidente de la Corte, Lorenzetti, remarcó: “Les pedimos que sean concretos, si alguien no tiene volumen económico, ¿no tiene libertad de expresión?”.
Después de una serie de preguntas más, llegó el turno del Poder Ejecutivo. Entonces, los representantes del Estado, Daniel Larrache, director de Gestión de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y su colega del área de Asuntos Legales, Graciana Peñafor Colombi. También brindaron su apoyo el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, señalado como asesor externo del organismo que dirige Martín Sabbatella y el economista Horacio Seillant. Entre todos respondieron las 33 preguntas que les hicieron los integrantes del Máximo Tribunal nacional.
Larrache arremetió sin vueltas: “Cuando la ley no se aplica plenamente es porque un grupo de medios no quiere entrar en las generales de la ley”. Al mismo tiempo, Peñafort Colombi, cuya intervención fue la más sólida, aseguró que Clarín “logró concentrar más licencias que las permitidas”, y agregó en estos mismos términos que “la libertad de expresión es un valor simbólico que requiere una legislación anterior a que se produzca la vulneración”.
Pero Lorenzetti volvió a profundizar con las preguntas y cuestionó si la Ley de Medios faculta al Estado a “quitar licencias ya otorgadas a cualquiera de las empresas que ya trabajaban en el sistema o las que otorgue en el futuro”, y se resumió a sí mismo: “En concreto, ¿las puede (por el Estado) sacar sin derecho alguno?”, a lo que la abogada respondió: “Si bien no es materia de este litigio, basta decir que no es una facultad discrecional, hay determinadas condiciones regladas por ley, no son discrecionales estas condiciones”.
Después de varios señalamientos y preguntas, la audiencia terminó y comenzó la guerra de declaraciones. Mientras TN fue uno de los canales del Grupo Clarín que más énfasis puso en la libertad empresarial en las horas posteriores al encuentro, los medios oficialistas destacaron las intervenciones de los representantes del Gobierno. Ahora, solo resta esperar el fallo que ponga fin al conflicto, al menos, en las instancias legales de nuestro país.