Los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires se encuentran realizando medidas de fuerza desde fines de marzo, reclamando una mejor oferta salarial y el establecimiento de la ley porcentual. Marcha te cuenta las razones del conflicto.
Resolver el régimen de desigualdad al interior del Estado implica en ocasiones detenerlo. El Paro por tiempo indeterminado que realizan los trabajadores judiciales de La Plata establece un punto de inflexión en las negociaciones desarrolladas hasta el momento en torno a la discusión por aumento de salario en un contexto de inflación. Es también el espejo donde el resto de los sectores no podrá sino ver reflejada su modalidad de reclamo, así como también el carácter estratégico que deberían asumir de cara a futuras negociaciones.
La pregunta acerca de qué hubiese ocurrido si la presente situación se multiplicaba en el resto de los gremios previo al cierre de paritarias, flota como el humo en el aire que se desprende de las cubiertas encendidas en la intersección de 13 y 49; allá, desde el 27 de marzo, una carpa alberga cenas, almuerzos, reuniones, discusiones, acuerdos y expectativas de que el conflicto para que se vuelva efectiva la ley porcentual deje de estar empantanado. Los objetivos se encuentran cruzados. El gobierno espera el cese de la medida de fuerza y los trabajadores del estado apuntan a que el ejecutivo provincial convoque a una nueva reunión para discutir la forma de distribución de la masa salarial que supere el aumento ofrecido hasta el momento. Esto implica discutir los quince mil pesos de aumento que recibirá un Juez de la Corte en tanto que las últimas categorías apercibirán apenas seiscientos. De esta manera, justifican, crecería la ampliación de la brecha entre quienes más ganan y quienes menos cobran porque de acuerdo a los resultados en que parecen definirse los nuevos aumentos, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia pasaría a cobrar ochenta y cinco mil pesos mensuales aproximadamente y un auxiliar quinto rondará los tres mil.
En las semanas posteriores a su comienzo, el reclamo debía ser recuperado por la agenda de los medios locales y en la misma prensa nacional. Tanto la movilización del pasado viernes como la asamblea pautada para hoy lunes no dejan entrever un horizonte flexible. Respecto de la última semana, los trabajadores judiciales dejaron en evidencia la escalada del conflicto al reafirmar la unidad de acción de todos los judiciales respecto de la ley porcentual. Quilmes estuvo presente y junto a los judiciales de La Plata cortaron entre las 9,30 y las 12 horas la subida y bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires. Como un índice de su propia capacidad de organización, desde las departamentales de San Martín, Mercedes, Morón, Zárate-Campana y San Isidro no lograron cortar la Avenida General Paz ante la presencia de un operativo policial, pero sí interrumpieron la Avenida Constituyentes con cobertura de medios nacionales. Asimismo, también se cortó la Ruta 2 en el kilómetro 204, donde judiciales de Dolores y Mar del Plata se manifestaron desde las once de la mañana hasta pasadas las trece, en simultáneo con los juzgados de paz de Maipú, General Guido, Ayacucho y General Lavalle.
El gobernador Daniel Scioli fue escrachado en el hotel Hillton de la capital porteña, en momentos en que el mandatario oficiaba un acto. Un grupo de trabajadores desplegó una bandera de la Ley Porcentual, lo que solo es reductible a lo anecdótico si la intención es minimizar el acontecimiento para diluir un conflicto cuyas manifestaciones amenazan con ser proyectivas. Por otro lado más de dos mil trabajadores salieron a las calles el miércoles pasado por la reimplantación de la ley Porcentual y el rechazo al cierre unilateral del gobierno de las negociaciones con los trabajadores.
En la última reunión paritaria de la cual participaron el jefe de gabinete de Scioli, Alberto Pérez, y el ministro de justicia, Carlos Casal, se produjo un ofrecimiento de aumento del veintiuno, veinticuatro y veintiséis por ciento, además del compromiso del Ejecutivo de enviar en el término de sesenta a noventa días el proyecto de Ley de Paritarias para el Poder Judicial. Pero el ofrecimiento fue rechazado con motivo de que no existe alusión a la denominada Ley Porcentual, lo cual deja ver los fundamentos que sostienen el paro de los trabajadores. Dichos fundamentos se desprenden, al igual que la amenaza de tomar el palacio de justicia de la provincia de Buenos Aires de no mediar una definición favorable respecto de la no realización de los descuentos por parte de la Corte por los días de paro, del conjunto de medidas trazadas en asamblea por los trabajadores.