por Sergio Álvez y Cecilia Rodrígues (*)
El 26 de junio de 2003 el soldado voluntario Mauro Ramírez (22) se encontraba de guardia en el Regimiento de Monte Nº 30 de la ciudad de Apóstoles (Misiones), cuando recibió un disparo en el pecho que le causó la muerte. El Ejército adujo un “suicidio”. Varias pericias desmontaron esa versión: a Mauro lo fusilaron. Doce años después, la impunidad persiste. Una historia similar a la del soldado Omar Carrasco, plagada de irregularidades y entorpecimientos intencionales.
Hijo de Susana Mónica Pintos y de José Ernesto Ramírez, Mauro Ramírez nació el 19 de noviembre de 1980, en Resistencia (Chaco). Pasó toda su infancia y adolescencia en Barranqueras, un pueblito ribereño con más de 60 mil habitantes. “Mauro desde muy pequeño jugaba a los soldaditos con sus amigos de la infancia, en los cumpleaños se disfrazaba de soldado. A los doce años formó parte de la Gendarmería Infantil de la ciudad de Corrientes. Años después ingresó al Ejército, y ona vez aprobado el Núcleo de Instrucción Básica fue destinado a la B.A.L (Base de Apoyo Logístico, de Resistencia). Por voluntad propia solicitó su traslado nuevamente a Apóstoles, lo cual le fue concedido a fines de marzo de 2003. Esta unidad militar le ofrecía la oportunidad de seguir la carrera por ciclos, de tal manera que al cumplir los 28 años, pudiera tener la oportunidad de ir a rendir exámenes finales en Buenos Aires o Córdoba” cuenta Susana Pintos, madre de Mauro.
El 9 de junio de 2003, Mauro arribó junto a una comisión del Destacamento Monte 30 a la Base de Apoyo Logístico de Resistencia. La estadía duró hasta las cinco de la mañana del día 13 de junio. El día 11 de junio, habló con su madre. “Lo noté muy asustado y preocupado. En un momento se quejó de que se sentía hostigado y perseguido por un Superior y que sus compañeros se burlaban de él constantemente, que le hacían la vida imposible en la Compañía de Comunicaciones a la cual pertenecía”, relata Susana.
El 26 de junio de 2003, a las una de la tarde, por medio de la policía de la Provincia del Chaco, se le comunicaótelefónicamente a Susana Pintos, desde el Destacamento Monte 30, a través de teniente coronel Antonio María Torres, que su hijo “había fallecido estando de guardia”. Sobre esta comunicación cabe marcar una primera irregularidad. ¿Por qué se le avisó a la madre del soldado Ramírez acerca de la muerte del mismo por medio de la Base de Apoyo Logístico de Resistencia siendo que su hijo pertenecía al Ejército Argentino? Ese mismo día a las siete de la tarde y luego de que la madre implorara la colaboración de la Base de Apoyo Logístico del Ejército con sede en Resistencia, se autorizó el reconocimiento de combustible para un vehículo particular de un militar de la misma unidad, Roberto Armando, que realizó el traslado de la madre del soldado Ramírez hacia Misiones.
Casi a medianoche, ya en la sede del Destacamento de Monte 30, se le informó a Susana que el cuerpo de su hijo ya no estaba en Apóstoles, sino que estaba en la morgue judicial de Posadas, y que debía presentarse en la comisaría de Apóstoles para realizar los trámites pertinentes. Cuenta Susana: “En la comisaría de Apóstoles, recién a las nueve de la mañana, me informó el comisario Orlando Bazán que debía firmar el reconocimiento y autorización de la autopsia para así poder trasladar el cuerpo hacia Chaco. Por la angustia presté conformidad a esos requisitos, mi deseo más desesperado era ver a mi hijo (el cuerpo de mi hijo) lo más antes posible. Entonces entendía en la causa el Juez de Instrucción N° 4, Dr. José Antonio Reyes, quien no se encontraba en su oficina. Me hicieron firmar el reconocimiento del cuerpo de mi hijo sin haberlo visto, a las nueve y cuarto del día 27 de junio, en la comisaría de Apóstoles. Allí se me informó, por medio de un agente, que el comisario se encontraba reunido en el despacho del juez Reyes, quien nunca me atendió, a pesar de haber intentado por todos los medios que lo hiciera”.
El informe policial refería “supuesto suicidio”. Sin embargo no obtuvo Susana Pintos ninguna aclaración por parte de las autoridades interviniente, respecto de los indicadores que determinaron la carátula, actuación y una explicación de porqué actuó la justicia provincia, resultando, como mínimo extraño que no haya actuado en forma inmediata la jurisdicción federal.
Un asesinato repleto de cómplices
El primer informe médico forense de la Provincia de Misiones concluyó: “Muerte violenta con arma de fuego en órgano vital-ignorando la causa”. Funcionarios del Ejército y el entonces comisario de la seccional primera de Apóstoles, le entregaron a Susana Pintos el DNI de su difunto hijo y le indicaron por escrito que debía tramitar el Certificado de Defunción en la Provincia del Chaco. Estas indicaciones constan en documentales oficiales con fecha 27/06/03 firmada por el Comisario Bazán.
“La Partida de Defunción de mi hijo la obtuve luego de nueve meses de trámites y mediante intervención directa de las más altas autoridades de la provincia del Chaco, en la persona del gobernador de la Provincia, doctor Roy Nikisch , del vice gobernador Eduardo Moro y a través de la doctora María Belén Alemís Donato, integrante de la Comisión Interministerial de Derechos Humanos dependiente del Poder Ejecutivo Provincial”, recuerda Susana.
El 27 de junio, Mónica Pintos fue notificada de que por la muerte de Mauro se había iniciado en la justicia provincial una causa caratulada como “supuesto suicidio” con intervención del Juez de Instrucción Dr. José Antonio Reyes. Por tratarse de un caso ocurrido en un predio del Ejército Argentino, la competencia correspondía a la Justicia Federal, pero el Juez Reyes no remitió el caso y en sólo tres meses dispuso su archivo. Argumentó que la causa de muerte de Mauro había sido el suicidio. Para llegar a esa conclusión omitió tomar testimonios y producir pruebas para lo cual era fundamental no dejar pasar el tiempo.
Susana Pintos reclamó entonces la intervención de la Justicia Federal en el caso, para lo cual contó con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chaco.
El reclamo debió llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a la negativa del juez Reyes a remitir el expediente. La Corte finalmente resolvió a favor de la competencia federal en el año 2005, pero el juez Reyes continuó reteniendo el expediente, por lo que debió ser varias veces intimado, logrando entre tanto una demora significativa en la investigación de la causa.
Una vez en la Justicia Federal la causa quedó en manos del Juez Ramón Claudio Chávez y la investigación quedó a cargo del fiscal Juan Carlos Tesoriero, cómplice de represores del Ejército durante la dictadura, señalado por un conjunto importante de organismos de derechos humanos del Nordeste argentino como partícipe y cómplice del terrorismo de Estado desde su función en la justicia federal. Recién cuando Tesoriero falleció en febrero de 2015 Mónica leyó los informes y se enteró a través de la prensa de los testimonios en que se basan las denuncias de los organismos.
Recién en 2008 se pudo realizar la reconstrucción del hecho y la exhumación del cuerpo, que permitió a los peritos de parte realizar estudios que llevaron a conclusiones contundentes para descartar la versión del Ejército. Sin embargo para el fiscal Tesoriero los resultados de las pericias no eran concluyentes.
En julio de ese año la jueza subrogante Alicia Borches decidió cerrar el caso por “inexistencia de delito”. La decisión fue apelada y el expediente remitido a la Cámara Federal de Apelaciones.
En noviembre la Cámara Federal le comunicó a Mónica la decisión de archivar la causa “sin efecto de cosa juzgada” por lo que la misma puede ser reabierta “precedida de la presentación de nuevos elementos probatorios aportados por la aquí damnificada que razonablemente justifique tal temperamento”.
En resumen, la Justicia Federal concluye que no hay pruebas de que Mauro se haya suicidado pero tampoco considera probado que haya sido asesinado. Para reabrir la investigación el sistema judicial le pide a la madre que realice la investigación que la Justicia no llevó adelante.
Susana Pintos ha recorrido incansablemente numerosos despachos oficiales en busca de apoyo a su lucha contra la impunidad. En ese recorrido, arribó hace cuatro años al Ministerio de Defensa de la Nación, donde fue atendida directamente por Nilda Garré, quien se comprometió entonces a colaborar, pero que después no realizó ninguna acción al respecto. Si bien en Chaco, Susana Pintos recibió y cuenta con, el apoyo de legisladores y organismos de Derechos Humanos, aquí en Misiones, dónde ocurrió el crimen institucional, desde los espacios de poder, tal como era de esperarse, se le ha dado la espalda a su reclamo.
Entre el 25 y el 26 de junio, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Misiones) y el Programa de Lucha contra la Impunidad, llevarán a cabo actividades en Posadas y Apóstoles, tanto por el caso de Mauro Ramírez como otros en los cuales la impunidad persiste.
(*) cronistas de revista Superficie (www.revistasuperficie.com.ar)