Se aprobó en Diputados por 204 votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones, la ley que garantiza la fertilización asistida sin restricciones. El proyecto se encontraba hace dos años sin tratamiento y su sanción era demandada por numerosas organizaciones sociales y políticas.
Pasadas las seis de la tarde, las organizaciones LGBTTTI y las de personas con dificultades para concebir, festejaron en los palcos del recinto del Congreso de la Nación la sanción de la Ley de Fertilización Asistida que, a lo largo de sus doce artículos, garantiza el acceso al tratamiento, orientación y diagnóstico para todas las personas, sin importar la orientación sexual, la edad, o el estado civil en materia de reproducción médicamente asistida.
Lo novedoso de esta legislación es que incluye el tratamiento en todo el sistema de salud, pública y privada de forma gratuita. A su vez, no exige constancia de infertilidad y contempla “la guarda de gametos o tejidos reproductivos”, cuestión que facilitará la planificación de un futuro embarazo a quienes “por problemas de salud o por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas” sientan comprometida “su capacidad de procrear”.
Según la ley aprobada, deberá entenderse como reproducción asistida a “los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo”, comprendiendo “las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones”, además de cualquier posible técnica nueva desarrollada a futuro, luego de la aprobación del Ministerio de Salud de la Nación.
El ministerio deberá crear, como autoridad de aplicación de la ley, un registro único de todos los establecimientos habilitados para realizar estos procedimientos, incluidos “bancos receptores de gametos y/o embriones”. Además, el será responsable de “arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario”, publicar la lista de centros habilitados, realizar campañas informativas para “promover los cuidados de la fertilidad en mujeres y varones” e impulsar “la formación y capacitación continua de recursos humanos especializados”.
“La sanción de la ley es un enorme paso adelante”, declaró a Marcha Virginia Fernández, militante de la agrupación Les Madres, que nuclea a madres lesbianas. “Seguimos avanzando en la obtención de derechos, en este tema las desigualdades económicas eran una traba concreta y real”, declaró, notablemente alegre por el resultado de la votación en diputados.
Fernández, que también forma parte de la organización La Colectiva, planteó que el principal desafío ahora es la implementación efectiva de la ley, y recordó todas las trabas que pusieron las empresas de medicina prepagas para su sanción.
Federico Díaz Mathé, presidente de CIMARA, que nuclea a alrededor de 20 empresas grandes y medianas de la medicina prepaga, afirmó que la sanción de la ley le parece una “irresponsabilidad” y amenazó con que el costo de la universalización del acceso a este derecho “se va a prorratear entre todos los usuarios del sistema”.
Virginia Fernández consideró que la oposición de las prepagas si bien tiene un componente económico central, “también está atravesada por cuestiones más ideológicas por la influencia de sectores conservadores en el ámbito de la salud”.
La presidenta de la Comisión de Salud de la cámara de diputados expresó: “Hace años vemos cómo se da un proceso de gran inequidad. Aquellas que tienen recursos económicos tienen la posibilidad de pagar los tratamientos para tener un hijo, y otras familias, la mayoría, no lo pueden hacer”.
Desde el kirchnerismo, la medida fue festejada como un paso más de la “década ganada”. “Más derechos, más inclusión, mejor país. Como les dije, la Década Ganada”, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la red social Twitter y felicitó a las organizaciones que pugnaron por su aprobación. El ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, que ya cuenta con una ley de fertilización asistida gratuita desde 2010, expresó su “gran felicidad” por el tema. Por su parte, María Rachid, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y ex titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), comentó que la nueva ley es “Justa, inclusiva e igualitaria”.
También desde distintos sectores de la oposición parlamentaria se celebró la sanción. La radical María Luisa Storani, abanderada en el tema, celebró la “constancia” de las organizaciones civiles de “soportar los cajoneos de este proyecto”. “Gracias a la tenacidad, a la insistencia y la lucha de las organizaciones sociales hoy estamos acá”, agregó Virginia Linares (GEN), quien precisó que la norma “impacta en más de 600 mil personas” que “en promedio corresponde a un 20% de las parejas”. Desde Unidad Popular, Graciela Iturraspe, secretaria de la Comisión de Salud, recordó que “el tema de reproducción asistida lleva 23 años de atraso en esta casa” y pidió avanzar en la “desmercantilización de la salud y contraponer al negocio de la enfermedad y de los cuerpos mismos de las personas, el derecho a poder decidir y elegir de acuerdo a necesidades y deseos”.
Las abstenciones las aportó en su mayoría el Pro, y el único voto en contra vino de la mano de Julio Ledesma, de Corriente de Pensamiento Federal.
Virgina Fernández, la integrante de la agrupación Les Madres consultada por Marcha concluyó: “Desde la sanción de la ley de matrimonio igualitario, la de identidad de género, y ahora esta ley de fertilización asistida, venimos dando pasos que ayudan a romper la imagen social de una única y estática formas de maternidad y familia”. Agregó que junto con la reforma del código civil que aún falta realizar, y la deuda de la despenalización y legalización del aborto, son medidas que aportan a realizar un cambio cultural necesario en la sociedad argentina.