Por Pedro Medved
A un año del asesinato, de Rafael Nahuel, que aún está impune, y mientras su comunidad lo recordaba, volvió a ser reprimida y criminalizada. Una sucesión de abusos de las fuerzas de seguridad avaladas por el Estado y la Justicia en defensa de los terratenientes globales que desconocen la propiedad comunitaria ancestral de los territorios.
El domingo pasado se cumplió el primer aniversario del asesinato de Rafael Nahuel, de 22 años, a manos de Francisco Javier Pintos, integrante del Grupo Albatros de la Prefectura Nacional. Pocos días han pasado del asesinato de Camilo Catrillanca en Chile con el mismo modus operandi: asesinato por la espalda a un hermano mapuche en el seno de su comunidad por parte de grupos especiales, y el intento desde el poder de instalar un supuesto enfrentamiento.
Aquel 25 de noviembre de 2017, (mismo día en que se realizaba el entierro de Santiago Maldonado, en la provincia de Buenos Aires), las fuerzas de seguridad federales ingresaron al territorio de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, -ubicada cerca del Lago Mascardi- torturaron y encarcelaron mujeres y niñxs de la comunidad, y llevaron adelante una cacería con balas de plomo, dejando como saldo dos heridos y la muerte de Rafa. Los Albatros tendieron una emboscada a los mapuches, varios kilómetros más arriba, determinado por una orden de desalojo que dictó el juez anti-mapuche Gustavo Villanueva. Irónicamente, el mismo juez Villanueva, que estaba como juez subrogante y hasta hace poco a cargo de la investigación de estos hechos de los que él mismo es responsable.
Patricia Bullrich, los medios, y la habilidad para ocultar la verdad
En los días siguientes a la represión se sucedió la ya conocida estrategia de desinformación por parte de las y los funcionarios estatales -responsables políticos del hecho- en connivencia con los medios de comunicación hegemónicos. Solo pasaron dos días para que la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, junto con el ministro de justicia Germán Garavano, justificaran el accionar de Prefectura en una conferencia de prensa donde aclararon “no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Le damos a la versión que nos da la Prefectura con carácter de verdad (…) fueron a enfrentarse con un grupo violento”. Un discurso que luego repetirían reiteradas veces en distintos medios practicando aquella triste máxima de propaganda nazi que la ministra parece haber tomado como propia: “miente, miente, que algo quedará”. El enunciado de una política de estado que quedó estampado en la realidad.
En marzo de 2018, las pericias oficiales confirmarían lo que la comunidad mapuche dijo desde el primer momento: todas las balas fueron disparadas por las fuerzas de seguridad del Estado y las recibieron las y los mapuches.
A Rafa lo mataron de un disparo por la espalda, más precisamente en su glúteo. Fueron -al menos- 114 disparos contra quienes allí resistían, y simplemente defendían su derecho a propiedad comunitaria de la tierra como pueblo preexistente.
Las versiones falaces circularon y lograron su cometido: reforzar la figura del enemigo interno, que tan fácil prende en el sentido común de una sociedad fuertemente racista. Enseguida, sin pruebas, se señala como culpable a un grupo de mapuches, pobres, que se deciden a pelear por sus derechos. Y vale recordar, que esos mismos derechos son reconocidos en la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 17, pero esto no parecen reconocerlo quienes desde sus mesas de verborragia televisiva hablarían impunemente de “usurpación”, como habitualmente lo hacen en relación a este tipo de conflictos.
Un discurso instalado que beneficia a los grandes terratenientes, amigos y aliados del gobierno, que quieren liberar sus territorios de esos que llaman “intrusos” porque limitan el uso y abuso de esas tierras.
Lautaro González y Fausto Jones Huala de testigos clave a imputados
Elízabeth Loncopan, vocera de Fausto y Lautaro, el pasado lunes fue entrevistada por Radio La Retaguardia*.
“Lautaro y Fausto son continuamente sometidos a una judicialización sistemática. Hoy imputados por resistencia a la autoridad y usurpación dentro de la misma causa donde se investiga el asesinato de Rafa. Es importante dejar en claro que ellos no sólo bajaron el cuerpo de Rafael hasta la ruta 40, tratando de auxiliarlo, sino que son sobrevivientes y principales testigos de la emboscada sufrida aquel día por parte del Grupo Albatros. Al llegar a la ruta, fueron detenidos, y a partir de ahí comienza la persecución judicial que hoy les imposibilita ser testigos en la causa.”
“Fueron excarcelados 4 días después y el 15 de mayo se les revocó la excarcelación por una orden de la Cámara de Casación que pretende acusarlos por otro delito: atentado al orden constitucional. A los pocos días sale la orden de detención. A pesar de los reiterados pedidos de excarcelación en junio la Corte Suuprema lo rechazó”.
“La fiscal a cargo de la causa introduce un nuevo elemento en la causa: tenencia de arma, aunque no haya ninguna prueba de esto. El 10 de agosto se les dicta una nueva orden de captura, y días después se les suspende la defensa. Posteriormente se pide nuevamente la pericia sobre las ropas de Rafael, Lautaro y Fausto, para constatar si habían restos de pólvora, y se volvió a probar que los mapuches no portaban armas.” Y prosiguió: “ellos no decidieron darse a la clandestinidad sino que fueron obligados por las presiones que les impusieron tanto jurídicamente como políticamente. Esperamos que las comunidades, las organizaciones sociales y de derechos humanos tomen una postura necesariamente política y salgan a defenderlos. Ellos son quienes pueden decir lo que pasó durante esa emboscada y pueden decir quienes dispararon además de Pintos (que ya está probado) pero también hay 6 Albatros que intervinieron y cuyos roles no están definidos, hoy están llamados solamente como testigos”, concluyó Loncopan. Hace dos días, y estando ya a días del comienzo del juicio a Facundo Jones Huala en Chile, Interpol libró un alerta roja como pedido de captura para Lautaro y Fausto”.
Actividades en reclamo de justicia, y más represión como respuesta
Los días 25 y 26 se llevaron a cabo distintas actividades en el país reclamando justicia para Rafael Nahuel. Una forma de darle visibilidad al caso, pero también de encuentro entre organizaciones sociales, originarias, culturales; y para darse newen (fuerza) ante un contexto político cada vez más hostil hacia los sectores oprimidos.
En Buenos Aires también el domingo se realizó una actividad en Parque Los Andes que incluyó un Palin Weichan (juego tradicional mapuche), ceremonia-encuentro político y social de las organizaciones, colectivos y personas allí presentes, mizawün (almuerzo compartido), radio abierta, muestra fotográfica y panel sobre el genocidio en los territorios. Irma Caupan del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir nos dijo que, “hoy estamos recordando el asesinato, el fusilamiento de nuestro lamien Rafael Nahuel. En el recordamos a todos los lamien que han ido desapareciendo que siguen siendo oprimidos a lo largo de todo el territorio, por este sistema que nos sigue aniquilando y que va profundizando a un lado y otro de la cordillera un genocidio sistematico. Este es un dia de lucha resistencia y sobre todo de seguir proponiendo la vida, a pesar de la impunidad que castiga a nuestros pueblos originario. Nos reunimos acá hasta las 18 hs y mañana en el monumento del genocida roca, para seguir sosteniendo la memoria, nos reunimos a las 17 hs. como una manera de no olvidar pero si de seguir haciendo propuestas ante un Estado que nos quiere desaparecer, que nos aniquila y nos sigue hostigando permanentemente”
Patagonia
Este lunes 26 en Bariloche, familiares y amigos de Rafael Nahuel junto con integrantes de distintas comunidades marcharon reclamando por acciones judiciales concretas que determinen responsabilidades y condenas, por el asesinato que ya lleva un año en plena impunidad. El Cabo Pintos, prefecto cuyo disparo terminó con la vida de Rafa aún no está procesado. El juez a cargo de la causa se negó a un pedido de reunión, lo que representa un nuevo acto de ninguneo y desprecio del Estado hacia la familia.
Una vez más, cuando las y los integrantes de la comunidad presentes comenzaron a desconcentrarse, integrantes de las fuerzas federales comenzaron a perseguir y detener manifestantes, entre ellos tres menores de edad, con una mujer que se encontraba herida y también detenida. Además también fueron amedrentados y cercados por las fuerzas federales la madre, el padre y el hermano de Rafael Nahuel. Esta acción de amenaza y represión también se repitió en el día de ayer. La presencia e insistencia de la comunidad logró el excarcelamiento de la mayoría de las y los detenidos.
En Esquel también hubo una marcha hacia el juzgado de la ciudad, en donde participaron distintas organizaciones como las comunidades Lago Rosario, Gualjaina, Costa de Lepa, Pillan Mawisa, Vuelta del Río, Lof Cushamen, APDH, No A la Mina, docentes y estudiantes, que entregaron una carta al célebre juez Otranto, conocido por entorpecer la causa de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.
Mapuche significa en lengua Mapudungún “gente de la tierra”. Sus poblaciones que viven principalmente en el sur de Chile y suroeste de Argentina constituyen una comunidad lingüística, cultural e histórica. La comunidad mapuche lucha desde hace mucho tiempo por recuperar las tierras que les fueron arrebatadas con engaños y violencia.
La potencia de los hechos y sus verdades parece que solo puede ser contrarestada por el ejercicio del poder y de la (in) justicia.