La cámara del Crimen anuló el sobreseimiento a 44 policías de la Federal y la Metropolitana por la represión en la toma del Indoamericano y apartó de la causa al juez de instrucción Eliseo Otero, quien había dejado libres a los policías.
La decisión de Otero de dejar libres a los policías fue apelada por el fiscal Sandro Abraldes y por el abogado querellante Nicolás Tauber, en la causa que imputa a 44 efectivos policiales por la represión desatada en el Indoamericano el 7 de diciembre de 2010. La Sala I de la Cámara del Crimen anuló el sobreseimiento y reivindicó la actuación del fiscal, ante las descalificaciones que había efectuado el juez de instrucción.
Los efectivos -33 metropolitanos y 11 policías de la Federal- son investigados por los homicidios de Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña, así como de las graves heridas recibidas por varias de las personas que reclamaban una vivienda digna, entre ellas, Wilson Fernández Prieto, Emanuel Ríos, Miguel Ángel Montoya, José Meruvia Guzmán, John Duré Mora y Juan Segundo Aráoz.
El abogado NicolásTauber explicó a Marcha las implicancias del fallo: “Esta resolución de la Cámara anula la absolución de los policías. Ahora el nuevo juez, que debe ser elegido por sorteo, tendrá que resolver si llama a prestar declaración indagatoria a los policías, ya que Otero nunca los llamó a declarar”.
En el Indoamericano fue asesinado también Emilio Canabiri Álvarez, dos días después de la violenta represión. En esa causa, diferenciada de la que investiga a los 44 policías, no hay ningún imputado. No hay videos y no hay acusación. La viuda de Canabiri, Elizabeth Ovidio, denunció al juez Otero, que le dijo “en vez de andar buscando entre los policías, busquen por otro lado”, insistiendo con la teoría de la existencia de “balas tumberas”.
Entre los policías investigados están el comisario general de la Federal, Roberto Agustín Palavecino; el comisario mayor Ricardo Ferrón, de la División Operaciones Especiales y el comisario mayor Hugo Lompizano, entre otros. El caso más resonante es el de Lompizano, quien fue procesado por liberar la zona de Barracas en la que asesinaron a Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero el 20 de octubre de 2010 y dos meses después fue procesado por el Indoamericano.
El fallo dela Cámara del Crimen confirmó además el sobreseimiento de la jueza en lo penal y Contravencional porteña María Cristina Nazar, quien había ordenado el desalojo de la toma en 2010.
La investigación del fiscal y las armas “tumberas”
Los camaristas Jorge Rimondi y Luis María Bunge Campos, integrantes dela Sala I de la Cámara, reprocharon al juez Otero “las descalificaciones” que formuló frente a la investigación del fiscal Sandro Abraldes. En la resolución, los jueces apartaron al juez Otero del caso por la “existencia de algún tipo de menoscabo en la imparcialidad” y que ello no inspire “la confianza necesaria a las partes en el caso”.
Por su parte, el juez Alfredo Barbarosch, tercer camarista dela Sala I, votó en disidencia y si bien compartió algunos argumentos, no coincidió con el apartamiento de Otero, al tiempo que sostuvo que debe profundizarse la hipótesis de intervención de armas tumberas.
Lo cierto es que durante la etapa de investigación, el fiscal de instrucción Sandro Abraldes había descartado la utilización de armas tumberas, argumento esgrimido por el juez Otero.
“La sospecha emergente del expediente abarca la hipótesis de que algunos de los integrantes de la Policía Metropolitana sindicados efectuaron disparos de arma larga tipo escopeta, contra las víctimas, utilizando cartuchos de escopeta del tipo antitumulto adulterados mediante la sustitución previa con una posta de plomo: éste es el único modo en que puede explicarse la cantidad de heridas con un solo perdigón, en diferentes personas, en tiempos tan disímiles y en lugares tan distantes entre sí”, indicó en aquel momento el fiscal Abraldes.
Ante esto, Otero descalificó la actuación del fiscal, afirmando que era de “un desconocimiento no sólo en aspectos jurídicos esenciales sino además en la metodología investigativa”. Ayer,la Sala I de la Cámara del Crimen descalificó esta aseveración y señaló que Abraldes realizó “una profusa y seria investigación”.
En tanto, la causa en donde están acusados por “instigar la toma” los referentes barriales Diosnel Perez y Luciano Nardulli (del Frente Darío Santillán y la Corriente Clasista Combativa) continúa su curso.