Por Mauricio Polchi – @MauriElBueno
Por la tragedia ferroviaria ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que provocó la muerte de 51 personas y una por nacer, los ex Secretarios de Transporte, Schiavi y Jaime, recibieron una pena de 8 y 6 años respectivamente. Cirigliano, ex titular de TBA, fue condenado a 9 años de prisión. El maquinista Córdoba, 3 años y medio. De los 28 imputados, siete fueron absueltos. Todos están en libertad.
Primero fueron a la estación, después recorrieron los hospitales, pasaron por los móviles de televisión, luego tuvieron que ir a la morgue, más tarde a la sede velatoria, y finalmente al cementerio. Regresaron a sus hogares, el cuarto vacío, la mesa incompleta. Se metieron en el laberinto judicial, sufrieron los ataques del poder político y se cruzaron con los abogados mediáticos. Conocieron a otros familiares, conversaron, charlaron por teléfono. A partir de ahí armaron carteles, consignas, estrategias, reuniones, documentos. Visitaron algunos canales, dieron notas a radios y revistas. Se formaron en derecho, estamparon remeras, crearon calcos, marcharon y tallaron en la memoria colectiva el #22F. Hicieron silencio, aplaudieron, gritaron, nunca lastimaron. Estuvieron cada lunes y cada martes en las audiencias de Comodoro Py, donde descubrieron las miserias de los corruptos que se llevaron a sus seres queridos. Se reunieron cada 22, a las 8.32, y siempre le pusieron el cuerpo a la lucha.
Por el impacto ante la opinión pública, por el número de muertos de una tragedia no natural, por los negociados de los empresarios, por la responsabilidad del Estado y por la cantidad de imputados en el banquillo de los acusados, el mensaje de la justicia, inevitablemente, debía ser una lección global. Por eso mismo, toda la sociedad exigía una sentencia ejemplar. Después de 137 audiencias, 216 testigos y un expediente de varios cuerpos, los miembros del Tribunal Oral Federal N° 2 cerraron el juicio por la tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que provocó la muerte de 51 personas y una por nacer, además de 789 lesionados.
Este juicio pudo romper con la lógica de la impunidad y la absolución que beneficia a los exponentes de las clases dominante. Esta vez hubo condena para los responsables del entramado de corrupción que detonó una mañana de verano y de repente fulminó a los pasajeros de un tren. Si bien es cierto que de los 28 imputados, siete fueron absueltos, y no todos recibieron las penas que habían solicitado las querellas, se entiende que si todo transita su cauce normal, a la brevedad a los acusados los subirán a un carro celular para depositarlos en una cárcel común. Eso ocurrirá cuando la sentencia quede firme, algo que aún no sucedió y por eso todos todavía se encuentran en libertad. De todas formas, el castigo resulta inédito porque no solo fue para quienes manejaban la explotación ferroviaria desde la era de la privatización, sino también para dos funcionarios públicos de alto rango del saliente gobierno.
En concreto
En la tarde el martes 29 de diciembre de 2015, el TOF 2 condenó en un veredicto unánime a los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime a 8 y 6 años de prisión respectivamente, por el delito de defraudación contra la administración pública, aunque en el caso de Schiavi le agregaron el estrago culposo agravado. A los dos se les impuso la “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”. “Quiero dejar absolutamente en claro que no tuve absolutamente ninguna responsabilidad”, había dicho Jaime.
Además, para el empresario Claudio Cirigliano se dispuso 9 años de prisión, y para Roque Cirigliano 5, por defraudación pública en concurso real con estrago culposo. El maquinista Marcos Córdoba fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación para conducir transportes públicos por otros 7.
El tribunal integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D’Alessio, -jueza sustituta- también solicitó abrir una causa que investigue las eventuales responsabilidades del exministro de Planificación, Julio De Vido. El ahora diputado, entre 2003 y 2012, tuvo bajo su órbita a los ferrocarriles.
También recibieron condenas de entre 5 y 7 años de prisión empleados de alto rango de TBA. El otro dueño de esa empresa, Mario Cirigliano, fue absuelto, igual que los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romero.
Antes de que se de a conocer el veredicto, bajo un sol sofocante, una multitud se volcó sobre la Avenida Comodoro Py, para seguir la audiencia desde la puerta de los tribunales de Retiro. Hubo sentimientos encontrados y broncas cruzadas con el pronunciamiento de los jueces que leyeron en poco más de media hora los más de cincuenta puntos de la parte resolutiva. Algunos pedían penas más duras, otros querían verlos tras las rejas de inmediato. Todos compartían el sentimiento común de haber cumplido una etapa. Así lo comunicaron desde el escenario que se montó en la vereda. “La lucha todavía no terminó” -coincidieron Paolo Menghini y María Luján Rey, los padres de Lucas-. Lo hará el día en que los condenados queden tras las rejas”.
María Lujan Rey pidió a la justicia “nunca más tardar 20 años en resolver una causa. No pueden dejarse influenciar más por el poder político de los funcionarios”.
Ante el malestar de otros familiares por la baja condena de Jaime, Paolo Menghini advirtió que “Más temprano que tarde Jaime va a terminar en un penal”. Y agregó: “Más adelante será el momento para luchar y que las sentencias queden firmes”.