Tras la cuarta audiencia del juicio por la tragedia de Once, charlamos con María Luján Rey sobre sus sensaciones respecto del accionar de la justicia y su cruce con el ex secretario de la cartera de transporte, Ricardo Jaime.
El Tribunal Oral Federal N° 2 con sede en el porteño barrio de Retiro, tuvo su cuarta audiencia en la causa por la tragedia de Once donde declaró el maquinista, Marcos Córdoba quien solicitó a los familiares que le crean. Córdoba afirmó “que hizo todo lo posible” en detener el tren donde perdieron la vida 52 personas y 789 resultaron heridas, cuando en la mañana del 22 de febrero de 2012, la repleta formación de la línea Sarmiento que había salido desde Moreno colisionó con la cabecera del andén número 2 de la estación terminal.
Marcha consultó a María Lujan Rey, la madre de Lucas Menghini Rey, una de las caras visibles de los familiares de la tragedia y que referencia a decenas de padres, madres, hermanos, hijos y amigos que perdieron a un ser querido.
María Luján tiene “expectativa” en que avance el accionar de la justicia y que los responsables sean castigados. Pero no pudo dejar de indignarse cuando, al finalizar la penúltima audiencia, se le acercó uno de los principales acusados, el ex secretario de transporte Ricardo Jaime: “Fue una situación patética, terrible. Él se acercó con los brazos en alto, como si me fuera a abrazar, y yo lo único a lo que atiné fue a levantar el cartel de justicia. Mi abogado no se interpuso, Jaime dijo ´no la voy a tocar´, y yo dije, ´no, no me va a tocar´. Ahí Jaime dijo que lamentaba lo que había pasado, que hizo todo para que no sucediera, que él me entendía porque tiene hijos y nietos, y que lloró mucho…”.
Para la madre de Lucas Menghini, en cambio: “él hizo que mi hijo esté muerto. Es un psicópata, él está enfermo, no yo. Tengo muy en claro quiénes son los responsables y lo que quiero. Lo que quiero es que los responsables sean condenados. No tengo pena por un padre o abuelo que está sentado esperando un juicio”.
En el juicio están acusadas 29 personas, entre ellas los ex secretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el ex Subsecretario de Política Ferroviaria, Antonio Guillermo Luna, los empresarios de TBA Mario, Roque y Sergio Cirigliano y el maquinista Córdoba, entre otros.
Asimismo, en un tweet del día de ayer dejó en claro que luchará contra la intención de cortar el hilo por lo más delgado al afirmar: “Rechazamos enfáticamente la voluntad de intereses oscuros que pretenden hacer cargar a (Marcos) Córdoba con la responsabilidad única del choque”.
Ayer cuando fue el turno del inicio de la declaración del joven maquinista de 27 años -imputado por estrago agravado por el resultado de muerte y el primer acusado en hablar en el marco del juicio- señaló ante los jueces: “Yo frené ese tren, hice todo lo posible por frenar ese día, todo lo que estuvo a mi alcance lo hice”, y aseguró que había descansado perfectamente la noche anterior, que no había consumido alcohol ni drogas, y que estaba por lo tanto, totalmente apto para realizar su labor. También sostuvo que aplicó el freno pero que “no sintió la válvula”. “Lo volví a hacer, no volví a sentirla, pedí el freno de emergencia y esperé el impacto”.
Después de Córdoba fue el turno de Pedro Roque Ranieri, jefe del taller de Castelar y Daniel Guido Lodola, gerente de la línea Sarmiento. Ranieri se negó a hablar argumentando que haría “todas las aclaraciones que correspondan” recién luego de que “declaren los peritos”. Mientras que Lodola, mencionó que cuando sucedió la tragedia sólo “llevaba dos meses trabajando, por lo cual era muy poco lo que yo podía hacer. No puedo entender las imputaciones que se me hacen, porque por ese tiempo no pude haber hecho nada de lo que se me imputa”, aseguró.
El tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini y Ana D´alessio, está a cargo de esta causa cuyo juicio se inició el pasado 18 de marzo anunció un cuarto intermedio una vez finalizada la audiencia hasta el próximo lunes cuando se continúe con la indagatoria de los imputados.
El tribunal investiga los delitos de descarrilamiento culposo, agravado por muerte, y defraudación, y está previsto que durante el transcurso del debate declaren alrededor de 350 testigos.