Por Mauricio Polchi
En el tramo final del proceso, previo a las sentencias que se dictarán antes de fin de año, los abogados de los familiares requirieron 15 años de prisión para los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y 18 años para el ex dueño de TBA, Sergio Claudio Cirigliano. Los acusan por los delitos de “estafa” y “descarrilamiento culposo”.
Tribunales
Para atar la pancarta contra la reja pasan la piola por unos pequeños orificios que hicieron en los rincones de cada cartel. Primero hacen un nudo sobre el alambre, y cuando tiran fuerte del hilo, las láminas de cartón quedan fijas, quietas, colgadas con total firmeza. Por la facilidad que demuestran para completar el trabajo, es evidente que esos hombres y esas mujeres tienen experiencia en tan simple pero siempre complicada tarea. Con paciencia, logran tapar todo el enrejado. “Por los que fueron”, “Por los que estamos”, “Por los que vendrán”, claman algunos mensajes llenos de futuro. Otra vez, de esa forma, “Los Familiares y Amigos de Víctimas de la Tragedia de Once” levantan los nombres y los rostros de sus seres queridos en el gigantesco edificio judicial de la Avenida Comodoro Py.
En el acceso principal de los Tribunales de Retiro, en el arranque del lunes se exponen las habituales banderas y proclamas de quienes asisten a las audiencias del juicio por el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012, que provocó la muerte de 51 personas y cientos de heridos. “Como no los tenemos con nosotros, es una de las maneras que encontramos para darles amor”, explica Paolo Menghini, papá de Lucas, el pibe de 20 años que fue hallado muerto dos días después del incidente.
Audiencias
La mañana del 7 septiembre de 2015 no fue una jornada más, porque ese día comenzaba la etapa de alegatos, el paso previo a la sentencia. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 dio inicio al debate pasadas las 10, cuando se empezaron a escuchar las exposiciones finales que pretenden comprobar el delito, antes de emitir veredicto.
“Las querellas 1 y 2 no nos representan en lo más mínimo”, aclaró antes de la audiencia Paolo Menghini, previendo que esos abogados defensores, con una estrategia incompresible, iban a eximir de responsabilidad a funcionarios y empresarios. Eso fue lo que pasó. Sólo pidieron condenas para el operario que manejaba la formación del ferrocarril Sarmiento. Ellos consideran que el maquinista “nada hizo para evitar” la tragedia, por lo que incurrió en “dolo eventual”. Desde sus perspectivas, quienes encarnaron el entramado de corrupción que, según se desprende de los peritajes contables, provocó el desvió de fondos públicos para beneficios personales, nada tienen que ver con el deterioro del servicio que terminó en muerte y dolor hace casi cuatro años.
Jesús García, patrocinador de la primera querella, acusó de “mentiroso” al motorman Marcos Córdoba y pidió 22 años de cárcel para él. En el mismo sentido apuntó la segunda querella, que responde al controvertido abogado Gregorio Dalbón, expulsado de las audiencias por los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.
“Las pericias técnicas dieron resultados satisfactorios” por lo que, concluyeron, “dan cuenta de que Córdoba ha sido mendaz en sus dichos”, coincidieron. Menghini se diferenció del pedido de esos grupos querellantes porque, tal como había anticipado, no responsabilizan a los funcionarios y dueños de las concesionarias. “Podemos entender que tengan una línea procesal diferente a la nuestra pero cuando defienden a los procesados, hacen otra cosa que cumplir con su función profesional”, aseguró.
Martes
“Sabemos que el tío Leo, además de ser un gran profesional, está pasando por un momento emocional muy duro”, larga María Lujan Rey en las puertas de tribunales, ansiosa y confiada, por el protagonismo que tendrán sus palabras en la reanudación de los alegatos. “En estos meses quedó comprobado que los subsidios no iban para los arreglos de los trenes, y que la corrupción mata”, insistió antes de ingresar a la sala.
Cuando ella dice ‘El tío Leo’, habla del doctor Leonardo Menghini, que es cabeza de querella y hermano de Paolo. En contraste con las otras dos querellas que el día anterior sólo solicitaron la prisión para el motorman, Leonardo Menghini analizó que los 29 acusados son responsables de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
El letrado pidió 15 años de prisión para los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y 18 años para el exdueño de TBA, Sergio Claudio Cirigliano, por los delitos de “estafa” y “descarrilamiento culposo”.
Conmovido, atravesado por la angustia y emocionado hasta las lágrimas, el familiar de Lucas recordó que aquella mañana trágica fue a buscar a su sobrino y estuvo en el andén de la estación. “Los vi correr sin saber qué hacer”, alertó. Luego afirmó que Schiavi y Jaime “eran funcionales a la actividad económica de TBA” porque había “falta de control por parte de los funcionarios”.
A propósito de adónde se desviaban los fondos que recibía TBA en concepto de subsidios, el abogado señaló que la empresa “pagaba el sponsoreo de un auto de Turismo Carretera de uno de los directivos del grupo”, “pagaba vuelos privados en Bayres del Sur” y “pagaba la obra social de un hermano de los Cirigliano, la señora y los hijos”. En su alegato, antes de culminar, reveló un profundo “desprecio por la vida y el destino de 51 personas”.
Próximo lunes y martes
Al finalizar esta etapa, será el turno del fiscal de juicio Fernando Arrigo quien, según indicaron fuentes del caso, podría extenderse durante al menos cuatro audiencias para formular su pedido de penas.
Estas instancias son el paso previo a la sentencia, que será dictada antes de fin de año.