Por Javier Pineda Olcay
El país del norte pretende consolidar el neoliberalismo a nivel mundial estableciendo privilegios para sus empresas multinacionales por sobre el bienestar que se generará para los pueblos pertenecientes a los países que están negociando los tratados TPP y TTIP.
Las grandes transnacionales, de la mano de Estados Unidos, apuestan a los acuerdos comerciales para ordenar el sistema internacional según sus intereses. En el mundo multipolar que se comienza a dibujar, EEUU quiere mantener su predominancia económica que ostenta desde la Primera Guerra Mundial y consolidada desde Bretton Woods, estableciendo las reglas bajo las cuales deberán funcionar los demás países. Esto intenta ser un contrapeso a las acciones de China, la cual ha intentado posicionarse como la gran potencia mundial gracias al crecimiento de su economía, la profundización de relaciones económicas con África y América Latina (no olvidar que última reunión de CELAC se realizó en Beijing), el desarrollo de los BRICS -y su apuesta de consolidación con su propio Banco de Inversión- y la reciente propuesta del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura que intenta ser una alternativa a la hegemonía actual en materia de financiamiento, liderada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Estos acuerdos comerciales que fomenta EEUU son el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), que en conjunto representarían más del 60% del PIB Mundial.
Ambos tratados tienen dos grandes características comunes: (i) sus negociaciones han sido secretas y sólo hemos tenido conocimiento de ellos por las filtraciones de Wikileaks; (ii) otorgará a los inversionistas extranjeros privilegios y derechos por encima de los nacionales y establecerá normas y mecanismos supranacionales de resolución de conflictos (investor state dispute settlement, ISDS) que dejarán a los estados firmantes en desventaja jurídica ante los empresarios foráneos, pues nadie sabe quién nombrará a dichos árbitros. La soberanía de los países quedará en manos de árbitros que probablemente estén al servicio de las grandes empresas transnacionales, como sucede hoy con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
De esta forma, Estados Unidos pretende consolidar el neoliberalismo a nivel mundial, estableciendo privilegios para sus empresas multinacionales por sobre el bienestar que se generará para los pueblos pertenecientes a los países que están negociando estos Tratados.
El TPP es un amplio acuerdo comercial entre Estados Unidos y once países de la costa del Pacífico: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, los cuales en conjunto representan más del 35% del PIB mundial. Para acelerar el proceso de negociación de este Tratado, el Presidente Obama está intentando que el Congreso le otorgue la llamada Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por sus siglas en inglés), la cual delega al presidente la autoridad para negociar un acuerdo comercial y luego presentarlo ante el Congreso para que lo apruebe o lo rechace, sin que exista la posibilidad de proponer modificaciones. Bajo este mecanismo se asegura que las condiciones negociadas secretamente no se vean alteradas.
Gracias a filtraciones de Wikileaks, con los primeros borradores desde agosto de 2013 hasta las filtraciones de marzo y julio del presente año, el público ha podido conocer algunos de los contenidos del TPP y del TTIP. Los contenidos perjudiciales se dan en materia de propiedad intelectual, las cuales encarecerán los medicamentos (por la extensión de la duración de las patentes de las grandes farmacéuticas), generarán problemas en la diversificación agrícola (donde Monsanto jugará un rol hegemónico) y generarán restricciones al desarrollo y acceso a tecnologías.
Asimismo, se establecerán restricciones fijadas en torno a la propiedad intelectual que contempla un régimen de control y vigilancia transnacional, limitando la libertad de acceso a internet y obligando a los proveedores del servicio a suprimir los contenidos cuando el autor considere que la difusión viola sus derechos de propiedad intelectual. Además, el copyright será protegido durante 70 años aproximadamente y como mencionábamos anteriormente, en caso de controversia serán árbitros internacionales quienes tendrán la última palabra.
Sumado a esto, las empresas transnacionales podrán obtener una indemnización si consideran que las leyes medioambientales o de protección de la salud de los consumidores perjudican sus ganancias futuras mediante lo que se llaman expropiaciones indirectas. Son una extensión de la aplicación de las “regulationary takings” del derecho anglosajón. Esto en palabras simples significa que la elaboración soberana de las leyes de un país quedará subordinada a los intereses de grandes corporaciones económicas extranjeras. Y por si fuera poco, el acuerdo implicaría un retroceso en la regulación financiera de los grandes bancos.
En esta misma línea se ha construido el TTIP, el cual es un Acuerdo de “Cooperación” (Partnership) entre Estados Unidos y la Unión Europea. Contempla cláusulas similares a las del TPP como la posibilidad de que las verdaderas beneficiarias de este Tratado, las empresas transnacionales, puedan demandar con reclamaciones millonarias ante tribunales de arbitraje internacionales a los Estados cuando consideren que sus “derechos” han sido vulnerados, por ejemplo, por el cambio de una legislación que reduzca sus beneficios presentes o futuros.
El mayor impacto del TTIP se dará en las políticas sociales cada vez más ausentes en los gobiernos de la Unión Europea, pues ya sea por la carencia de recursos o porque las políticas restrictivas apuntan claramente a golpear el empleo, el salario, la educación, la salud y el bienestar en general. Las empresas estatales tendrán la obligación de actuar sobre bases de “consideraciones comerciales”, en tanto los gobiernos deberán regular tanto a las empresas de propiedad estatal como a las empresas privadas con “imparcialidad”: esto implicará el derrumbe de los Estados de Bienestar Europeos debido a la “inyección a la vena” del neoliberalismo en sus legislaciones.
Inclusive, algunos defensores del TTIP son directos al plantear que este Tratado contribuirá a crear una polarización mundial, entre los “buenos” y “malos”, conforme al estándar de Estado de Derecho impuesto por los países miembros del TTIP (o más bien, al estándar impuesto por las multinacionales). Al menos, 14 de los 28 países de la Unión Europea deberán ratificar en sus parlamentos este Tratado, por lo cual ante el rechazo absoluto que se ha manifestado por la población, todavía quedan esperanzas que las movilizaciones populares logren que este Tratado sea rechazado.
En la aprobación de estos Tratados por los países que están involucrados está en juego la disputa clásica que por el momento han ido ganando las transnacionales. De aprobarse, habrá ganado la barbarie en su manifestación de capitalismo neoliberal que cubrirá con su manto a gran parte del mundo.