Por Ulises Bosia. En nuestra opinión los cinco principales hechos del 2012 en la política argentina.
- Tragedia de Once
El 22 de febrero chocó en la estación Once una formación del ex ferrocarril Sarmiento, lo que produjo 51 víctimas fatales y centenares de heridos. Tras el dolor y la bronca, quedó fuertemente planteado el fracaso de la política ferroviaria del gobierno nacional. Se trata de la asociación entre empresarios inescrupulosos, un Estado cómplice que no controla mientras otorga subsidios millonarios a las concesionarias y sectores del sindicalismo que forman parte del negocio explotando a los propios trabajadores.
El gobierno nacional atinó a intervenir el ramal, quitarle la concesión a Trenes de Buenos Aires (TBA) y dársela a Ferrovías y Metrovías, empresas pertenecientes a los grupos EMEPA y Roggio, que ya poseen otras concesiones ferroviarias. Luego transfirió la Secretaría de Transporte desde la órbita del Ministerio de Planificación Federal al Ministerio del Interior y dictaminó una serie de mejoras y de tareas de mantenimiento muy limitadas. Y llegando a fin de año anunció la suba de las tarifas.
Finalmente, desde el punto de vista judicial la causa avanzó hacia el procesamiento de los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, de Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte Ferroviario y hombre vinculado a la Unión Ferroviaria de Pedraza y de los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de TBA.
- Recuperación de YPF
Se trató de una de las medidas más populares del gobierno nacional este año. La expropiación del 51% de las acciones de YPF permitió que el Estado Nacional recuperara el control sobre la principal empresa petrolera del país. Tras el fracaso de haber intentado influir en la política de Repsol haciendo ingresar a la familia Eskenazi en la petrolera, el kirchnerismo llegó a la conclusión de que no existía ninguna alternativa a la expropiación para enfrentar el creciente déficit energético del país al que condujo la firma española. Si bien no se expropió el cien por ciento de las acciones ni se convirtió a la petrolera en una Sociedad del Estado, la medida representó un importante paso adelante que rectificó parcialmente el desguace de los años noventa.
Llegando a fin de año YPF anunció acuerdos para la explotación de petróleo y sobre todo de gas no convencional con la multinacional estadounidense Chevron, lo mismo que con capitales vinculados a la familia Bulgheroni, de origen nacional.
- Fractura sindical y movilización
En julio la CGT finalmente se dividió en dos, unos tras el liderazgo del camionero Moyano se pararon en la oposición al kirchnerismo mientras que los otros, tras el metalúrgico Caló, se plantearon un fuerte acercamiento a la presidenta.
Este movimiento inició una cadena de movilizaciones y un paro general que lograron que algunos de los reclamos principales del movimiento obrero se situaran en el centro de la escena política nacional. El aumento del salario mínimo y de las jubilaciones, las modificaciones en el impuesto a las ganancias y la universalización de las asignaciones familiares, entre otros reclamos, fueron los ejes de la unidad de acción entre la CGT y la CTA opositoras. Además de las concentraciones y movilizaciones el contundente paro general del 20 de noviembre fue una fecha importante por haber sido el primer paro de estas características en nueve años de gobiernos kirchneristas.
Ambas centrales decidieron articular con entidades como la CGT Azul y Blanca de Barrionuevo, la Federación Agraria Argentina o la Federación Universitaria, lo que puso de manifiesto la intención de fortalecer un polo opositor al gobierno que en no pocas oportunidades desvirtuó los legítimos reclamos planteados, logrando incluso la adhesión de la Sociedad Rural o de partidos políticos como la Unión Cívica Radical.
- Cacerolas de teflón
Los cacerolazos del 13 de septiembre y del 8 de noviembre fueron masivas manifestaciones en distintas ciudades del país, convocadas a través de las redes sociales y fogoneadas por los medios de comunicación opositores. Ambas jornadas estuvieron hegemonizadas por reclamos propios de las clases medias, en los que se mezclaron de manera caótica la denuncia de una supuesta “dictadura” kirchnerista con el reclamo contra las limitaciones a la compra de moneda extranjera, la crítica por el impacto de la inflación con el rechazo a una reforma constitucional que habilite una nueva reelección de la presidenta. En un sentido general primó el sentido común liberal que pregonan los grandes multimedios privados y los sectores históricamente más acomodados de la población.
La masividad que lograron los cacerolazos puso en evidencia la reacción activa de una parte de los sectores medios enfurecida contra la política kirchnerista, que a su vez no encuentra la forma de canalizarse a través de ninguna figura de la oposición. Por el momento no es claro que ningún sector político pueda capitalizar electoralmente este descontento.
- El hecho que no fue (7D)
El 7D, es decir el final del plazo dispuesto por la Justicia para que las empresas que controlan los medios se adecuaran a los criterios de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue planteado por el kirchnerismo como un día decisivo. Sin embargo, por las maniobras dilatorias de jueces afines al Grupo Clarín, la fecha no logró resolver la disputa entre este grupo económico y el gobierno nacional. Posteriormente el juez de primera instancia Alfonso falló a favor de la constitucionalidad de los artículos de la Ley impugnados por el Grupo Clarín, pasando el pleito a la segunda instancia donde se encuentra ahora. Inevitablemente llegará a la Corte Suprema de Justicia que será la que resuelva el conflicto en los próximos meses.
Todo indica que más temprano que tarde Clarín deberá aceptarla Ley de Medios, sin embargo la aplicación plena de esta norma plantea otros desafíos. Especialmente pensando en la promesa de la democratización de la comunicación, que no se garantiza principalmente con un nuevo reparto entre actores privados sino con la aparición de nuevas señales en el 33% del espectro que debería estar destinado a entidades sin fines de lucro. En este aspecto la política oficial no mostró aún decisión de avanzar en los tres años que lleva aprobada la norma, lo que provocó el reclamo de los medios comunitarios, alternativos y populares.